Raquel Peña encabeza actos conmemorativos por aniversario del Tribunal Superior Electoral
En un acto encabezado por la vicepresidenta y presidenta en funciones, Raquel Peña, el juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo informó que esa Alta Corte, ha emitido 57 mil 117 sentencias de diversos procesos en materia de rectificación de Actas del Estado Civil.
SANTO DOMINGO. – En un acto encabezado por la vicepresidenta y presidenta en funciones, Raquel Peña, el juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo informó que esa Alta Corte, ha emitido 57 mil 117 sentencias de diversos procesos en materia de rectificación de Actas del Estado Civil.
Camacho aseguró estas corresponden a personas con casos penales, ordenanzas, resoluciones, amparos, entre otros en los diez años que lleva de creado ese tribunal.
Dijo que de ese total 53 mil 253, corresponden a sentencias sobre procesos en materia de rectificación de actas del Estado Civil de las personas y 3 mil 864 decisiones contenciosas sobre procesos litigiosos, que incluyen procesos litigiosos, que abarcan sentencias ordinarias, casos penales, ordenanzas, resoluciones, amparos, demandas, recursos de apelación, impugnaciones y recursos de revisión.
Dijo que para constatar datos y luego instrumentar el informe imprescindible como parte del fundamento para acoger o denegar la petición de rectificación de las actas fueron realizadas 8 mil 124 inspecciones de campo, materializadas vía el Departamento de Inspectoría, para indagar documentos ubicados en oficialías, iglesias, parroquias, hospitales, clínicas, e interrogatorios a personas.
En su discurso de rendición de cuentas con motivo del décimo aniversario de la creación de esa alta corte, el magistrado sostuvo que esas cifras demuestran que la Constitución que le dio origen y la Ley número 29-11, Orgánica, que le otorga las atribuciones al Tribunal Superior Electoral no se equivocaron.
“Hoy rendimos cuentas de los resultados tangibles que certifican que este órgano constitucional ha estado cumpliendo con el propósito de su creación”.
Sostuvo que, en diez años, el Tribunal Superior Electoral, realizó mil 494 sesiones plenarias convocadas y realizadas 2 mil 171 audiencias públicas.
Transformación institucional
Dijo que avanzan en la transformación institucional y que para ello fue aprobado el Plan Estratégico y Desarrollo Institucional 2022-2026, mostrando así su visión de trabajo a largo plazo, alineando sus esfuerzos de gestión a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Indicó que el plan estratégico se elaboró para un período de cinco años de acuerdo con las normativas institucionales vigentes. “Este es el instrumento de direccionamiento de la gestión en el cual se priorizan las brechas existentes y se fortalece el desarrollo institucional.
Dijo que el plan está fundamentado en tres ejes estratégicos: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional; Desarrollo Humano y Cultura Institucional y Calidad de los Servicios y Proyección Institucional; desplegándose en 19 objetivos estratégicos que se aplicarán a través de la línea de acción que se ejecutará en el Plan Operativo Anual (POA).
Transparencia
Precisó que el Tribunal Superior Electoral, en su condición de órgano constitucional, cuenta con independencia normativa y que no obstante, la intención expresa de esa Alta Corte, es la de fomentar y promover la transparencia, por lo que, con la asesoría y el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República (CGR), se han embarcado en realizar los trabajos requeridos para la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), para hacer más eficiente y transparente el control interno del tribunal.
Dijo que, en ese orden, el Contralor instruyó a la Dirección de Desarrollo Normativo para iniciar las actividades de inducción, capacitación y asesoría técnica, a los servidores del TSE para implementar los controles internos, hecho formalizado a partir del encuentro entre los titulares de ambas instituciones.
“La actual gestión de esta Alta Corte ha iniciado un proceso de cambios profundos a la normativa que conforma el marco legal de la institución”.
