RD$722 millones en juego: Plan Social licita compra masiva de alimentos
Los documentos revelan que la distribución estaría centralizada en la Av. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, lo que despierta cuestionamientos.
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia inició un proceso de licitación por un monto superior a RD$722 millones, destinado a la compra de productos de primera necesidad que serán donados a familias de escasos recursos.
De acuerdo con la información publicada en el portal de Compras y Contrataciones Públicas, el procedimiento asciende a RD$722,183,400, mientras que en la documentación adjunta figura una autorización firmada por David Moronta, encargado del Departamento Administrativo del Plan Social, por un monto mayor: RD$926,123,400. Esta cifra se corresponde con la adquisición de arroz, aceite y otros insumos básicos.
Según el pliego, los kits alimenticios incluirán: arroz, aceite, salami, cereal y macarrones con queso. En total, se contempla la compra de:
- 60,000 paquetes de arroz de 5 libras.
- 90,000 botellas de aceite de 16 onzas.
- 10,000 latas de salami de 10 onzas.
- 67,500 unidades de cereal en empaque.
- 50,000 cajas de macarrones con queso.
Con estos insumos se conformarían 277,500 kits, que serían entregados a igual número de familias. Sin embargo, los documentos revelan que la distribución estaría centralizada en la Av. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, lo que despierta cuestionamientos.
¿Por qué concentrar todos los insumos en una sola demarcación, cuando la necesidad de asistencia se extiende a cada provincia y municipio del país? ¿Qué criterios se aplicaron para definir este punto de entrega?
Además, cabe resaltar que este proceso no guarda relación con los preparativos de las tradicionales canastas navideñas, lo que plantea otra incógnita: ¿cuál será el costo adicional que representarán esos operativos en diciembre?
En resumen, mientras la licitación representa una inversión significativa con potencial impacto en cientos de miles de familias, la falta de claridad en la distribución territorial y la diferencia en los montos autorizados abren la puerta a nuevas interrogantes sobre la transparencia y el alcance real del programa.
