La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, logró la imposición de la medida de coerción consistente en 12 meses de prisión preventiva en contra de cuatro miembros de una red de criminalidad organizada, desmantelada en la Operación Arrecife.
