Múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida, sector empresarial y la ciudadanía, denunciaron que el Congreso Nacional, diputados y senadores, no quieren aprobar el Código Penal hasta que no se penalice con cárcel la libertad de expresión contra la imposición de iniciativas legislativas y proyectos que contemplan la inclusión de la figura de la orientación sexual.
