La religiosa, junto a policías y militares está acusada por el Ministerio Público de distraer más de 4,500 millones de pesos de fondos públicos desde el año 2012 al 2020 a través de compras de raciones de alimentos, combustibles y nombramientos bajo una red encabezada por el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
