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El Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, depositado silenciosamente en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, ha sido catalogado como “de alta traición”, por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez.

El proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una Contribución Especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes, conforme a los presupuestos establecidos en esa legislación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de Régimen Electoral definió una ruta crítica de trabajo, para de esa manera tener una mayor claridad en torno a lo que debe o no debe incluir dicha pieza legislativa.

Los diputados Omar Fernández, del partido Fuerza del Pueblo (FP), y Orlando Jorge Villegas, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometieron un proyecto de ley que busca, entre otras medidas, prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos o vapes y otros dispositivos sin combustión, con y sin tabaco, a menores de edad en la República Dominicana.

El diputado por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas, manifestó que en el país se hace necesario crear un sistema de estadísticas de personas desaparecidas en tiempo real, ya que no se tienen números actualizados en este tipo de casos, razones por las cuales se incluye esta propuesta dentro del proyecto de ley Alerta Amber.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser entrevistado en el programa semanal “Líderes”, conducido por el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, reveló que preparan un proyecto de ley que será sometido para regular el Tribunal Superior Administrativo con la finalidad de garantizar las relaciones de la ciudadanía con la administración pública.