La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Este, lograron condenas de 67 años para 11 de 12 miembros de una poderosa red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, algunos de los cuales arribaron a un acuerdo penal abreviado con la institución.
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este,
acogió en todas sus partes los pedimentos del Ministerio Público en cuanto a la
admisión del acuerdo penal, para la condena de 7 de los imputados y que se dictase
auto de apertura a juicio para los restantes 5 miembros de la red, quienes también
fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, a
penas de entre 7 y 5 años por su participación activa en los hechos criminales.
Se recuerda que en fecha 22 de julio de 2017 se decomisaron 41 sacos de nylon,
conteniendo en su interior la cantidad total de 1,010.46 kilogramos de cocaína
clorhidratada, que trasladaban en un vehículo marca Peugeot, modelo Boxer, color
blanco, por lo que fueron acusados de manera formal 12 integrantes de la referida
estructura.
Los tribunales apoderados acogieron la condena de 10 años de prisión y 200 salarios
mínimos para Radhamés Sánchez Sánchez y John Kelly Castillo, a cumplirse en la
Penitenciaría Nacional de La Victoria. En cuanto a los imputados Elvis Radhamés
Sánchez Morales, Ereminda Francisca Álvarez Rodríguez, Ludy Mariel Gálvez,
Solangel de León Cruz y Héctor Bienvenido de León Núñez, los condenó a una multa
de 50 salarios mínimos y 5 años de prisión, con pena suspendida, entre las que sé
destacan el abstenerse de porte de armas, la realización de trabajos de utilidad
pública, entre otros.
En cuanto Miguel Ángel Morla Castro, fue condenado a 7 años
de prisión, y los acusados Wander Castillo, Porfirio Espiritusanto de Castillo y
Héctor de León Richardson a 5 años de prisión
Las multas ascienden a catorce millones quinientos mil pesos dominicanos,
RD$14,500,000.00.
Por su parte, Richard Nivar fue descargado, por lo que el Ministerio Público espera
la decisión íntegra del Primer Tribunal Colegiado, a los fines de ponderar recurrir.