La falta de mercados territoriales fortalecidos y de políticas de titulación de tierras adecuadas pone en riesgo la sostenibilidad de la agricultura familiar y el derecho a la alimentación en la República Dominicana.

Los hallazgos de las investigaciones tituladas “Cartografía de mercados territoriales en República Dominicana” y “Situación legal de parcelas catastrales en nueve comunidades de Azua, Barahona y Bahoruco”. Ambos estudios aportan evidencia sobre la exclusión estructural que enfrentan las comunidades rurales en materia de acceso a mercados y tenencia segura de la tierra.

Entre otros aspectos, destacan que más de 6,000 familias productoras en Azua, Barahona, Bahoruco y Elías Piña participaron, directa o indirectamente, en las investigaciones, que incluyeron encuestas, entrevistas, grupos focales y trabajo de campo especializado. Los informes apuntan a la urgente necesidad de construir un sistema alimentario justo, resiliente y anclado en los territorios.

En ese sentido, los resultados del estudio de mercado destacan que “la agricultura familiar vive una profunda crisis, atrapada en altos costos de producción y bajos precios pagados a las y los productores, mientras la escasa dotación de valor a las cosechas y las altas pérdidas pos-cosecha, implican que las familia campesinas tiene que vender lo más antes posible, limitando su posibilidad de negociar precios con los intermediarios, a lo que se suma que, el éxodo de las juventudes rurales, significa que en el campo quedan las personas mayores de edad, menos orientados a la innovación. Todo esto, requiere un esfuerzo conjunto, coordinado y especial para volver a vincular a los jóvenes a la economía rural, con un cambio de paradigma”, precisó su investigador, Piero Confalonieri.

Obstáculos en la comercialización

Uno de los estudios destaca la fragilidad de los mercados locales, señalando la falta de infraestructura, apoyo institucional y articulación con políticas públicas. Las ferias campesinas, espacio vital para la venta directa de alimentos frescos, depende en gran medida del voluntarismo de las organizaciones comunitarias, sin decisiones políticas de carácter estratégico (coordinación intersectorial, inversiones adecuadas, implementación de leyes existentes), ni del Poder Ejecutivo, ni a nivel de gobiernos locales.

Entre las 25 propuestas de acción destacan, entre ellas:

• Activar plenamente la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y sus órganos de coordinación.
• Reactivar el INESPRE con un enfoque de control de precios justos y compras a la agricultura familiar.
• Cumplir con los decretos 168-19 y 610-22, que mandatan al INABIE a adquirir alimentos del Programa de Alimentación Escolar a productores locales.

Tierras ocupadas sin titulación

El segundo estudio, centrado en la legalidad de los terrenos agrícolas en nueve comunidades, alerta sobre una situación de alta inseguridad jurídica y destaca que más del 84% de las 128 mil tareas analizadas se encuentran dentro de áreas protegidas, lo que legalmente impide su titulación, pese a que han sido ocupadas por familias campesinas durante décadas, recomienda iniciar procesos de saneamiento de tierras fuera de áreas protegidas, explorar la redefinición de límites de zonas como la reserva Barrero, y establecer esquemas de co-manejo con el Ministerio de Medio Ambiente.

También precisa que en algunas zonas, como la Reserva Forestal Barrero, existen incluso asentamientos establecidos por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) después de que se declaran como áreas protegidas, lo que refleja contradicciones en la gestión del territorio.

Soberanía alimentaria desde abajo

Las organizaciones campesinas no solo reclaman, también proponen: más agroecología, venta directa productor-consumidor, y un sistema alimentario que reconozca el valor del trabajo rural.

Los informes y recomendaciones se presentan como insumos clave para el diseño de políticas públicas, y como una llamada de atención a las instituciones del Estado, organismos internacionales y sociedad civil. “No se trata solo de producir comida. Se trata de para quién, cómo ya qué costo se produce”, concluyó uno de los facilitadores del encuentro.

Metas del Foro

Los estudios fueron presentados en el marco del 2do Foro Agricultura Familiar y Mercados Territoriales, estuvo encabezado por Miriam Guzmán, viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Celeste Solano, coordinadora regional para el Caribe de Justicia Alimentaria; e Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España en República Dominicana.

El evento fue organizado por Justicia Alimentaria, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó (FECAINMAT), el Centro de Promoción Campesina Lemba e Iniciativa Solidaria (ISOL), con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

La jornada contó con las disertaciones de Guadalupe Valdés, del Foro Ciudadano; María Poggi y Piero Confalonieri, de Terra Nuova; Juan Ferra de la CONAMUCA y Hero Pérez, de la Articulación Nacional Campesina, además de Carlos Brito de la ISOL y FECAINMAT, y Pilar Mayordomo de Justicia Alimentaria.

En el evento las organizaciones mostraron las experiencias locales y presentaron propuestas desde las comunidades rurales para el fortalecimiento y la articulación entre organizaciones campesinas, instituciones públicas y cooperación internacional, mediante el reclamo de políticas públicas que reconozcan el valor estratégico de la agricultura familiar en la garantía del derecho a la alimentación, el desarrollo territorial y la justicia social.//