A veces me pregunto si este país está realmente consciente del tesoro que tiene en el cooperativismo. Porque lo cierto es que, en los márgenes del debate económico, existe un modelo que ha crecido de forma constante, casi silenciosa, pero que hoy mueve más de quinientos mil millones de pesos y abarca cerca del 20 % de la población dominicana.
Sí, el dato suena enorme, y lo es. Pero lo más importante no es solo lo que mueve, sino cómo lo mueve. Porque el cooperativismo no es solo economía, es comunidad, es cultura de colaboración, es dignidad compartida.
Y aunque nuestra Constitución —en su artículo 222— reconoce su importancia como parte del sistema económico nacional, lo cierto es que seguimos atrapados en el tiempo. Aún nos rige una ley de 1964, la famosa Ley 127-64, que, aunque fue pionera, ya no responde a la realidad de un sistema financiero solidario que ha madurado. La República Dominicana de hoy no se parece en nada a la de ese entonces. Las cooperativas, por su parte, ya dejaron de ser iniciativas barriales. Son instituciones.
Ahora bien, el Congreso tiene en sus manos una propuesta de reforma. Y aunque el gesto es positivo, el fondo preocupa. Lo que se está planteando es la creación de una Dirección General de Cooperativas. Suena bien, suena moderno, pero… ¿es eso suficiente?
Una Dirección General —y esto hay que decirlo con claridad— tiene funciones limitadas. Aplica políticas públicas, coordina programas, da cierto acompañamiento. Pero el cooperativismo dominicano no necesita un acompañante: necesita un árbitro técnico con fuerza legal, un ente que pueda supervisar, auditar, y si hace falta, sancionar. Eso no lo hace una Dirección General. Eso lo hace una Superintendencia.
Y no es una idea sacada del sombrero. Ya en 2016, el mismo CONACOOP y el IDECOOP se habían montado en esa visión. ¿Qué pasó después? La idea fue diluyéndose, perdiendo músculo, hasta convertirse en lo que ahora parece ser un cambio de nombre con el mismo fondo de siempre.
Entonces, ¿qué estamos esperando? El sector cooperativo ha demostrado más madurez que muchas instituciones financieras tradicionales. Solo le falta una estructura que esté a su altura. No es pedir privilegios, es pedir equidad institucional.
Imaginemos por un momento que un banco nacional estuviera regulado por una oficina sin independencia, sin capacidad sancionadora y sin personal técnico especializado. Sería impensable. Pues eso es, justamente, lo que estamos haciendo con las cooperativas.
La creación de una Superintendencia sería mucho más que un trámite legal. Sería una señal. Un mensaje claro de que el país reconoce al cooperativismo no como un modelo alternativo, sino como un actor legítimo y robusto de nuestra economía popular.
Sé que hay resistencias. Siempre las hay cuando se tocan estructuras viejas. Pero también hay momentos en que los países tienen que tomar decisiones de fondo. Y este es uno de ellos.
El cooperativismo no puede seguir avanzando con estructuras que no lo entienden, que no lo acompañan y que no tienen herramientas para hacerlo crecer con transparencia.
A los legisladores, al Ejecutivo, a quienes tienen poder de decisión: piensen en lo que realmente necesita este modelo. Piensen en las miles de familias que hoy viven mejor gracias a una cooperativa. No se trata solo de firmar una nueva ley, se trata de construir futuro con coherencia.
Porque si algo está claro, es esto: el cooperativismo dominicano está listo para el futuro. Solo necesita que el Estado también lo esté.
