Margarita Ramírez vive angustiada, su hijo de 16 años recluido en un reformatorio juvenil será transferido a una cárcel de adultos tras una reforma legal en El Salvador, que los organismos de derechos humanos critican.
En la comunidad de La Nueva Cruzadilla, 100 km al sureste de la capital, familiares de once menores están atemorizados desde que el Congreso, controlado con holgada mayoría por el oficialismo, aprobara en febrero una reforma impulsada por el presidente, Nayib Bukele.
“¿Cómo van a estar los menores con los mayores?”, dice a la AFP Ramírez, de 39 años, cuyo hijo Dustin está en un reformatorio en Ahuachapán (oeste).
“Todos son unos niños y no pueden estar con adultos, con criminales”, afirma Moisés Campos, de 44 años, cuyo hijo Brandon, de 15 años, fue detenido con Dustin y otros nueve muchachos de esta comunidad del distrito de Jiquilisco.
Los once menores fueron condenados a cinco años de encierro y cinco más de libertad vigilada por pertenecer a “agrupaciones ilícitas”, o lo que es lo mismo, formar parte de una pandilla.
Las autoridades afirman que los menores tendrán sus pabellones, separados de los mayores. Una promesa que no tranquiliza a los padres. También preocupa que en las prisiones para adultos no hay programas de reinserción para estos delincuentes.
“No creemos en la rehabilitación de terroristas [pandilleros], independientemente de la edad”, dice el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
En los reformatorios juveniles salvadoreños los internos pueden seguir sus estudios y son custodiados por personal de un ente especializado, no por guardias penitenciarios.
“Le están quitando sus sueños”
Desde que los once fueron detenidos el 11 de abril de 2024, sus padres no los han podido ver porque las visitas en las cárceles y reformatorios están suspendidas desde 2022 en virtud del régimen de excepción que da sustento legal a la “guerra” de Bukele contra las pandillas.
La fiscalía imputó a los menores por haber pintado grafitis alusivos a pandillas en muros de una escuela de esta comunidad donde vive un millar de personas. Un tribunal los condenó a 10 años de prisión, con opción de libertad condicional al cumplir la mitad de la pena.
Los familiares recurrieron la condena ya que “la Fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes”, dice Óscar García, un sargento retirado del ejército de 52 años, cuyo hijo Kelvin cumplió 18 años mientras estaba preso.
“Siento que a mi hijo le están quitando sus sueños de hacer todo lo que él quería hacer”, indica Ramírez con una foto de Dustin en sus manos.
Lo sucedido “ha sido una pesadilla”, agrega esta ama de casa que quedó viuda recientemente.
¿Cuántos son?
La “guerra” contra las pandillas redujo drásticamente los homicidios en el país, que pasaron de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, según cifras oficiales.
Pero los métodos de Bukele son criticados por grupos de derechos humanos, que aseguran que hay muchos inocentes presos sin derecho a defensa.
Más de 86.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en el marco de la guerra, aunque al menos unos 8.000 fueron liberados tras ser declarados inocentes.
Human Rights Watch sostuvo a mediados de 2024 que los menores presos en El Salvador bajo el régimen de excepción eran más de 3.000.
Sin embargo, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, asegura a la AFP que son menos de 600 y que las autoridades “están analizando los detalles” para trasladarlos a prisiones de adultos.
Hace unos días, El Salvador recibió a 261 migrantes salvadoreños y venezolanos deportados de Estados Unidos, acusados de pertenecer a pandillas, quienes fueron encerrados en una prisión de máxima seguridad mediante un acuerdo entre Bukele y el presidente Donald Trump.
– “Aprenderán conductas violentas” –
La ONU considera que la reforma a la ley penal juvenil es “un retroceso importante”, pues “contraviene” la Convención sobre los Derechos del Niño. Grupos de derechos humanos también la critican.
“Lo que están haciendo es condenando a que (los menores) adquieran conductas y hábitos violentos, porque en una cárcel donde no hay programas de deshabituación, lo que van a ir a aprender son conductas violentas”, dice la abogada Zaira Navas, de la ONG Cristosal.
Los padres de los once jóvenes insisten en su inocencia y aseguran que no fueron detenidos pintando un grafiti, sino sacados de sus casas por policías y soldados.
“Espero que las autoridades liberen a mi hijo porque, él es inocente”, afirma Elizabeth Torres, de 32 años, madre de Luis Adolfo, de 16 años.
