A pesar de que el aborto ya es legal en más de 20 de los 32 estados de México, muchas mujeres y personas gestantes siguen enfrentando barreras para acceder a un procedimiento seguro, oportuno y sin estigma, un reclamo latente en el país en la víspera del Día Internacional de la Mujer este sábado.
Mujeres que han abortado, redes de acompañantes y organizaciones civiles coinciden en que los plazos y causales legales son insuficientes para garantizar este derecho, y, por el contrario, complican el acceso seguro y a tiempo para la mayoría de las mexicanas.
Pocos días después de la despenalización en el estado de Michoacán (oeste) en octubre pasado, Citlalli tuvo que viajar a la Ciudad de México para interrumpir un embarazo no deseado, luego de atravesar una serie de obstáculos que le impidieron hacerlo en su localidad.
Tenía 22 semanas cuando pudo acceder a un aborto seguro, aunque desde el inicio estaba convencida de su decisión, que fue obstaculizada por la desinformación y el estigma, luego de que en el primer intento el medicamento falló y no podía acudir a una clínica para un procedimiento ambulatorio.
“Y el tiempo seguía pasando”, compartió a EFE la mujer que prefirió cambiar su nombre por la criminalización que persiste en el país.
Michoacán es uno de los 22 estados que han despenalizado el aborto voluntario, aunque limitado a las 12 semanas, excepto Sinaloa (13 semanas) y Aguascalientes, que lo redujo a seis.
Citlalli pudo desplazarse a Ciudad de México para abortar, gracias a que redes y colectivos locales la dirigieron al Fondo Maria, de la ONG Balance, donde le brindaron acompañamiento y apoyo económico, sin lo que, dice, no le “hubiera quedado de otra más que tener al bebé y no hubiera podido acceder a un aborto seguro”.
Como ella, miles de mexicanas abortan en la capital, pero otras tantas más se quedan en sus estados en riesgo de tener procedimientos inseguros o de continuar con el embarazo, pese a la sentencia en 2021 de la Suprema Corte que impide la criminalización del aborto en todo el país.
En pie de lucha
Ciudad de México abrió el camino en 2007 al aborto libre hasta el primer trimestre, reformando sus leyes y abriendo clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que este 2025 cumplen 18 años operando.
Pese a ser legal, el estigma y la falta de capacitación médica han dejado huella también en las capitalinas, como Gaby, quien hace cinco años abortó en una clínica pública, pero enfrentó violencia del personal médico.
Médicos y enfermeras intentaron condicionarle el tratamiento por negarse a que le colocaran un dispositivo intrauterino de anticoncepción, relató Gaby, y después se burlaron y ridiculizaron su decisión.
“Yo sentía que estaba en pie de lucha, en pro a mis derechos (…) y yo creo que muchas mujeres se sienten exactamente igual”, afirmó la joven que intentó denunciar en la clínica, pero solo encontró un buzón de quejas y nunca hubo un seguimiento, algo que sigue reclamando en cada protesta feminista.
“He salido a marchar a gritar con mis hermanas por nuestros derechos, por todo este sistema patriarcal que nos oprime tanto, que nos violenta todo el tiempo”, expuso.
Eliminar el aborto del Código Penal es una de las principales demandas del movimiento feminista en México, que resuenan con fuerza desde noviembre pasado, cuando el Congreso de la capital estuvo a punto de eliminar los plazos para el acceso libre.
“Las 12 semanas (de gestación) no son suficientes”, advirtió Gabriela Millán, del Fondo María, pues distintas barreras intervienen el acceso y afectan “de manera desproporcional a personas que están en situaciones de vulnerabilidad”.
La propuesta continúa en el terreno legislativo, “en el máximo histórico al que había llegado”, indicó Francisco Cué Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Se trata de un auténtico cambio de paradigma que permita (…) que se abandone de una vez y para siempre que el sistema penal para determinar quién, cuándo y cómo puede acceder a un servicio básico de salud”, destacó el abogado
