El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, aclaró que su entidad no regula los precios de los productos, respondiendo a las quejas recurrentes de los consumidores sobre la venta de la libra de arroz a precios diferentes en un mismo sector.
“No existe control de precios en República Dominicana, pero el consumidor tiene la libertad de comprar donde le resulte más conveniente”, explicó Alcántara.
Señaló que los precios son determinados por la oferta y demanda, y que la función de Pro Consumidor es orientar a los ciudadanos.
Puso como ejemplo que si un establecimiento vende un producto a 50 pesos y otro a 55, el consumidor puede elegir dónde comprar.
“Cuando notamos un vacío que podría aumentar la demanda, el Estado toma las medidas necesarias”, agregó durante una entrevista en el Programa El Día.
Sobre el arroz, Alcántara recordó que hay un acuerdo firmado por el Ministerio de Agricultura y las principales molineras del país, estableciendo precios de referencia para el arroz selecto tipo A desde su salida de la factoría hasta su comercialización.
“Las molineras han confirmado ante las autoridades que no han violado el acuerdo”, dijo.
Resaltó que este pacto se aplica al arroz selecto tipo A, que representa el 70 % del consumo nacional, aunque también existen otros tipos de arroz, como el empacado.
Aseguró que no se permitirá especulación con el precio del arroz y anunció que Pro Consumidor ha desplegado brigadas de inspectores en varias provincias, donde operan las principales factorías de arroz, para verificar los precios a los que se distribuye el quintal.
Estafas inmobiliarias
En otro tema, Alcántara informó que el 70 % de los casos recibidos por Pro Consumidor en los últimos años están relacionados con el sector inmobiliario.
Las principales quejas incluyen defectos de construcción, aumentos de precios no acordados en los contratos y retrasos en la entrega de los inmuebles, siendo estos últimos los más comunes.
El funcionario instó a quienes deseen invertir en bienes raíces a asesorarse con expertos o acudir a Pro Consumidor antes de realizar cualquier transacción.
Caso Guepardo
En relación con el caso de fraude inmobiliario desmantelado en la operación “Guepardo”, Alcántara reveló que, antes de que el caso fuera público, la entidad ya había recibido cerca de 50 denuncias.
En algunos casos, se lograron conciliaciones entre compradores y vendedores.
“Cuando vimos que el caso excedía nuestra capacidad de acción, lo remitimos a las autoridades competentes”, explicó, destacando que la mayoría de las quejas estaban relacionadas con incumplimientos de plazos de entrega y aumentos injustificados de precios.
Alcántara advirtió que las estafas inmobiliarias están en aumento debido a la proliferación de empresas constructoras sin respaldo financiero.
“Son empresas informales que se registran y promueven proyectos a precios que luego no pueden cumplir”, explicó.
Destacó que las quejas contra empresas afiliadas a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) son mínimas. Sin embargo, los implicados en el fraude del caso Guepardo operaban bajo la franquicia de la agencia inmobiliaria internacional Remax, que renombraron como Remax ONE.
Sobre la responsabilidad de la agencia, Alcántara opinó que “son ellos quienes deben establecer sus filtros para evitar estos casos”.
Alcántara destacó que Pro Consumidor ha resuelto el 80 % de los casos relacionados con la entrega de viviendas. Si el contrato no establece que el consumidor debe asumir costos adicionales por ajustes de precios, este no está obligado a pagarlos.
“Por ejemplo, si el block costó 10 pesos al momento de la compra, ese precio no debe aumentar posteriormente”, explicó.
Finalmente, instó a los consumidores a presentar formalmente sus quejas para que la entidad pueda intervenir.
