El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó su preocupación, por medio de su presidente Feliciano Lacen, ante nuevas disposiciones contenidas en el nuevo Reglamento de Energía Distribuida, aprobado recientemente por la Superintendencia de Electricidad (SIE), sumándose a la postura de la Coalición RD 100% Renovable, la cual advirtió que la normativa introduce un cargo del 25% a la energía solar que los usuarios de bajo consumo inyectan a la red eléctrica.
El pastor Lacen Custodio, sostiene que la disposición afectaría de manera directa a todos los nuevos clientes que deseen instalar paneles solares en los techos de sus viviendas y comercios. En ese sentido, señala que el artículo 19 del reglamento establece que los clientes con tarifas monómicas deberán pagar un cargo por uso de red equivalente al 25% del valor de la energía inyectada, lo que ha sido calificado por diversos sectores como “un impuesto al sol” disfrazado.
La entidad social y religiosa considera que este esquema viola el espíritu de la Ley 57-07, la cual establece la medición neta como un intercambio equitativo entre la energía consumida y la energía inyectada a la red.
Asimismo, el CODUE criticó que el reglamento obligue al registro e inspección de sistemas de autoconsumo que no inyectan energía, calificando esta disposición como una intromisión injustificada que vulnera el derecho a la propiedad privada y a la privacidad de los ciudadanos.
El CODUE, reiteró su llamado a las autoridades del sector eléctrico a revisar los aspectos regresivos del reglamento, promover un diálogo amplio con los sectores sociales y productivos, y garantizar que la transición energética del país sea justa, sostenible y coherente con el marco legal vigente, en beneficio de las familias dominicanas y del cuidado de los recursos naturales.
Barcazas de Azua
Por otro lado, el pastor Feliciano Lacen advierte sobre el impacto negativo ambiental que ha generado desde el año 2022 a la fecha, la instalación de barcazas generadoras de electricidad en Los Negros de Azua, las cuales han afectado a los Manglares de Puerto Viejo, a los peces y a toda la vida silvestre de la zona, así como a los residentes quienes han denunciado contaminación, ruidos, enfermedades respiratorias, daños a la pesca y daños a la economía familiar.
“Se requiere hacer estudios de impacto creíbles a la salud y al medioambiente, por lo que debería hacerse una revisión integral del sistema eléctrico, lo cual no conlleva hacer una nueva ley, sino cumplir las que ya existen sin atrincherar ni poner más cargas sobre el pueblo”, añadió Lacen Custodio.
