“Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de SeNaSa va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Camacho indicó que, tal como sucedió con los procesados en la primera etapa del proceso, los involucrados en la estructura de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrentada con la Operación Cobra estarán en las versiones que sean necesarias en lo adelante, “conforme el Ministerio Público cubra el ciclo de la investigación, que es lo que hemos hecho históricamente en cada caso”.
El Ministerio Público está procesando a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos el pasado diciembre por el juez de la Atención Permanente Rigobertno Sena Ferreras.
Además, son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario. El juez Sena Ferreras impuso a los tres, asimismo, presentar garantías económicas e impedimento de salida del país.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se refirió al tema al salir de la audiencia celebrada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, quienes aplazaron el proceso para el próximo 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
“No hay razones, en términos jurídicos, como para que la decisión que fue emitida por el Tribunal de Atención Permanente sea variada. La gravedad que tienen estos hechos es descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al hablar a periodistas a su salida de la audiencia celebrada por la Corte de Apelación utilizando como espacio físico una de las salas en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en el Centro de los Héroes.
Camacho puntualizó que el Ministerio Público estaba preparado para conocer la audiencia de este lunes, la cual fue aplazada por el pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se presentó sin abogado para su defensa.
Al ser cuestionado sobre la ampliación de la investigación, Camacho precisó que el Ministerio Público continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de Operación Cobra.
“Nosotros nunca nos detenemos, seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra y estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo dijimos cuando se conoció este proceso de que habrá una versión 2.0 y la habrá en el menor tiempo posible”, dijo.
Algunos periodistas le preguntaron sobre afirmaciones en torno al caso expresada por un abogado en ejercicio que apeló la coerción de todos los imputados, Camacho consideró que se trataba de una provocación. “Yo creo que en este país nadie tiene duda de que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia”, dijo.
“Nadie, no lo hemos hecho nunca en 21 años de carrera en el Ministerio Público, de hecho, yo no creo ni siquiera que alguien se haya atrevido a decir eso, salvo que hoy sea el Día de los Inocentes (28 de diciembre)”.
“A mí eso me parece un chiste”, puntualizó el procurador adjunto que estuvo en audiencia representando al Ministerio Público junto a los fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Ernesto Guzmán y Héctor García.
Entre otros delitos, al grupo encabezado por el procesado Hazim Albainy el Ministerio Público le imputa por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Los imputados afectaron al SeNaSa y a sus más de 7 millones de afiliados con al menos 15 mil millones de pesos.
