El caso por el colapso del techo del centro de diversión Jet Set entra este lunes en una etapa determinante, con la primera comparecencia judicial de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes deberán enfrentar la valoración inicial de las pruebas que el Ministerio Público ha reunido en su contra.
La audiencia se efectúa ante el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tendrá a su cargo analizar si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para que el proceso avance a un juicio de fondo por presunto homicidio involuntario.
Los imputados fueron llevados ante la justicia tras la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, cuando el desplome del techo del establecimiento dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. El hecho se produjo durante una actividad festiva amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien figura entre las víctimas mortales.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el Ministerio Público contabiliza 346 acciones legales interpuestas por familiares de fallecidos, lesionados y actores civiles, quienes no solo reclaman compensaciones económicas, sino también sanciones penales contra los responsables. La acusación formal fue depositada el 17 de noviembre de 2025.
Las reclamaciones económicas oscilan entre RD$50 millones y RD$300 millones, aunque algunas familias habrían alcanzado acuerdos de compensación con los propietarios del establecimiento, según declaró Miguel Valerio, abogado de Antonio Espaillat.
La Fiscalía sostiene que la responsabilidad penal de los imputados se agrava por presuntas violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Procesal Penal, alegando que la estructura del local fue sometida a una sobrecarga indebida, al instalar equipos de aire acondicionado de gran tamaño y depósitos de agua sin estudios técnicos que garantizaran la seguridad del inmueble.
Además, el órgano acusador afirma que existían advertencias internas sobre el deterioro del techo, las cuales habrían sido ignoradas, priorizando la reducción de costos pese a los riesgos que esto representaba.
En el proceso también figuran como demandados Ana Grecia López, esposa de Antonio Espaillat; Evelyn Espaillat de Aybar y la empresa Inversiones E y L, SRL, propietaria de la discoteca. En ese contexto, Cinthia Mercedes Nadal Porro presentó querella en representación de su hija fallecida, Catherine Marie Najri Nadal, reclamando una indemnización de RD$300 millones por daños y perjuicios.
Con esta audiencia, el sistema judicial inicia la revisión formal de uno de los casos más impactantes de los últimos años, marcado por la magnitud de la tragedia y el alto número de víctimas.
