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Yeni Berenice: “Cada premisa está sustentada en pruebas”

La Procuradora General de la Republica, respondió este miércoles a los señalamientos y calificativos emitidos por las defensas de los imputados en el caso que investiga una presunta estructura criminal operativa dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), asegurando que el expediente está construido sobre una base documental y probatoria “contundente e incuestionable”.

La representante del órgano acusador explicó que quienes conocen el expediente “no pueden llegar a conclusiones alejadas de los hechos”, pues se trata de una investigación sustentada en millones de documentos, analizados durante meses por un equipo especializado de más de 100 personas.

“Ustedes, que son periodistas, saben lo que implica redactar un artículo. Imagínense revisar millones de documentos sin parar para llegar a conclusiones verificables”, expresó.
Agregó que, a diferencia de análisis mediáticos o reportajes, cada afirmación del Ministerio Público debe estar respaldada por pruebas, y que así ha sido en todo el proceso.

La fiscal señaló que la defensa “tiene que justificar sus honorarios” y es natural que intente desacreditar la acusación, pero insistió en que “los hechos están ahí y las pruebas están en el expediente”.

“No podrán decir que esos hechos no ocurrieron o que las pruebas no existen”, afirmó.

Asimismo, criticó el calificativo usado por algunos abogados defensores para desestimar el caso, señalando que no resulta apropiado minimizar hechos tan graves, especialmente tratándose de una estructura que, según el Ministerio Público, jugó con la salud de más de siete millones de personas, muchas de ellas en condiciones vulnerables.

“El Ministerio Público tiene claro su rol y lo ha cumplido, buscando siempre resultados de excelencia”, concluyó, reiterando que el proceso avanza con firmeza y dentro de los estándares legales y técnicos exigidos para casos de criminalidad organizada.

Yeni Berenice niega negociaciones por supuestos 15 mil millones y aclara que no existen decomisos pactados en el caso

La procuradora general de la república, desmintió este miércoles que existan negociaciones económicas relacionadas con el caso operación cobra, específicamente sobre la supuesta recuperación o entrega de 15 mil millones de pesos, como ha circulado en distintos espacios públicos.

La representante del órgano acusador explicó que el Ministerio Público no maneja pagos ni acuerdos económicos como si se tratara de multas, sino que actúa exclusivamente mediante decomisos judiciales, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

“Nosotros no somos Impuestos Internos. Nosotros decomisamos bienes a nivel judicial”, aclaró. Subrayó además que, debido al tiempo que lleva el proceso, hasta la fecha no existe ningún decomiso pactado con imputados ni terceros.

La procuradora reiteró que cualquier versión que sugiera negociaciones millonarias “carece totalmente de veracidad”.
Asimismo, afirmó que la misión del Ministerio Público es recuperar cada centavo que haya sido sustraído al Estado, y que lo hará conforme a los mecanismos legales, sin acuerdos informales ni compromisos económicos por fuera del proceso judicial.

El órgano investigador finalizó reiterando su compromiso con la transparencia, la legalidad y el interés público, garantizando que cualquier recuperación de activos será presentada ante los tribunales y ejecutada bajo control judicial.

Yeni Berenice aclara que no existe ningún acuerdo con imputados y recuerda que la ley impide usar información de negociaciones fallidas

El Ministerio Público aclaró este miércoles que, hasta el momento, no existe ningún acuerdo definitivo con ninguno de los imputados —incluyendo legisladores involucrados— dentro del proceso judicial en curso, al tiempo que recordó que la ley protege la información surgida durante negociaciones que no llegan a concretarse.

La procuradora general explicó que el propio Código Procesal Penal establece que, cuando un acuerdo no se materializa, ninguna información obtenida durante ese intento puede utilizarse en contra de las partes. Este principio, señalaron, garantiza el debido proceso y la confianza en los mecanismos de negociación penal.

“Los acuerdos son una facultad que le da la ley al Ministerio Público, y los he utilizado durante toda mi carrera”, expresó la representante del órgano acusador. Sin embargo, advirtió que estos solo pueden aplicarse cuando exista proporcionalidad entre la participación del imputado y la gravedad de los hechos atribuidos.

En este caso, puntualizó, los hechos investigados son “muy, muy, muy graves”, por lo que cualquier eventual acuerdo tendría que ajustarse estrictamente a la magnitud del daño y a la responsabilidad individual de cada involucrado.

“No hay ningún acuerdo firmado, cerrado ni pactado con ningún diputado en este proceso judicializado”, reiteró.

El Ministerio Público enfatizó que permanece firme en la conducción del caso y que cualquier decisión futura deberá respetar los criterios de proporcionalidad, legalidad y transparencia establecidos por el sistema de justicia penal.

Defensa cuestiona cierre de hacienda sin imputación y pide medidas de coerción contra 11 involucrados

La parte querellante en el caso de la muerte de una menor en una hacienda privada denunció este lunes que el Ministerio Público habría cerrado el lugar sin incluir a sus responsables dentro del proceso judicial, a pesar de atribuirle operación ilegal y relación directa con el fallecimiento de la niña.

Según explicaron, aunque la hacienda fue clausurada y señalada públicamente como escenario de irregularidades, sus propietarios y administradores no habían sido incorporados formalmente en la acusación. “¿Bajo qué argumento tú dices que esta hacienda operaba de manera ilegal y que ha causado la muerte de una niña, y tú no lo colocas?”, cuestionaron.

La querella actual incluye ahora a los representantes del establecimiento, quienes tendrán que responder ante el tribunal. La defensa informó que solicitó al juzgado medidas de coerción para todos los implicados.

La jueza que conoce el caso deberá escoger entre dos opciones: aplazar la audiencia para que todas las personas notificadas puedan comparecer, o continuar el conocimiento este mismo día solo con los arrestados, a fin de garantizar el plazo razonable, y fijar una nueva fecha para quienes aún no han sido presentados.

De los once señalados, a varios se les solicitará prisión preventiva, mientras que para otros se pedirán medidas diferenciadas según su nivel de responsabilidad. “No queremos excesos; queremos simplemente que se haga justicia”, expresaron, insistiendo en un trato igualitario como en cualquier proceso penal.

Los representantes legales sostienen que este caso ha sido “una lucha contra la marea”, asegurando que incluso han tenido obstáculos dentro del propio Ministerio Público. No obstante, afirmaron que ya están próximos a iniciar formalmente la audiencia y confían en avanzar hacia la resolución del proceso.

Procuraduría anuncia profunda reforma institucional: nuevas unidades, transformación digital y fortalecimiento de servicios a víctimas

La Procuraduría General de la República informó sobre una serie de transformaciones estructurales que el Ministerio Público ha impulsado en los últimos meses, con el objetivo de modernizar sus operaciones, elevar la eficiencia en la persecución penal y ampliar los servicios ciudadanos.

Berenice explico que el proceso de modernización ha incluido la elaboración del nuevo plan estratégico institucional y la creación de múltiples unidades especializadas que responderán a los retos actuales en materia de criminalidad y justicia.

Entre las nuevas estructuras resaltan:

-Unidad de Extinción de Dominio

-Unidad de Captura de Prófugos, Reos Rebeldes y Condenados

-Unidad de Gestión de Procesos

-Proyecto G5, compuesto por 18 iniciativas de transformación digital del Ministerio Público

-Unidad de Análisis Criminal e Inteligencia Artificial

-Dirección de Análisis e Inteligencia de Datos, enfocada en análisis cuantitativo, cualitativo y predictivo

Las autoridades destacaron que la integración de nuevas tecnologías es una prioridad para fortalecer el análisis criminal, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones basada en datos.

Avances en atención a víctimas y acceso a justicia

El Ministerio Público también anunció avances clave en la protección de víctimas. Por primera vez, se está formando un grupo de 100 abogados que brindará representación legal gratuita a través de 35 nuevas oficinas que abrirán en los próximos días en todo el territorio nacional.

Asimismo, se continúa expandiendo el modelo de fiscalías comunitarias, basado en criterios de población, accesibilidad a la justicia y el mapa de criminalidad, para acercar los servicios a zonas de alta vulnerabilidad.

Acciones contra la violencia de género y criminalidad organizada

Otra de las iniciativas mencionadas fue Vitalia, enfocada en reforzar la persecución de casos de violencia de género e intrafamiliar mediante convenios interinstitucionales estratégicos.

Las autoridades reiteraron que los ejes prioritarios del Ministerio Público continúan siendo la criminalidad organizada y la corrupción, al considerarse factores transversales que afectan la seguridad ciudadana.

Modernización del sistema penitenciario

Entre los avances más significativos, se informó que por primera vez toda la población penitenciaria del país cuenta con datos biométricos registrados, lo que permitirá una gestión más transparente y eficiente del sistema.

También se anunció el fortalecimiento del INASI con más de 100 nuevos peritos y el inicio del proyecto para construir en la avenida Ecológica el que será “el INASI más moderno de toda la región”, levantado sobre un terreno donado de 27 mil metros cuadrados.

Carrera del Ministerio Público y mejoras laborales

La Procuraduría resaltó el mayor proceso de ascensos en la historia de la institución, así como aumentos salariales al personal administrativo.

De igual modo, se trabaja para que antes de marzo de 2026 se concrete un fondo de pensiones exclusivo para los fiscales, una deuda histórica para la única carrera del sector justicia que carece de este beneficio, pese a que el retiro obligatorio está fijado a los 75 años.

Compromiso con la eficiencia y el servicio público

Finalmente, las autoridades reafirmaron que el Ministerio Público avanza en una reestructuración interna profunda, con miras a ofrecer servicios más eficientes, modernos y enfocados en las necesidades de la ciudadanía.

“Estamos transformando la institución para responder mejor a los desafíos del país y garantizar justicia de manera efectiva”, concluyo

De funcionario a magnate: los RD$2,881 millones y las adquisiciones de alto costo atribuidas a Hazim

El Ministerio Público presentó un amplio expediente que detalla un presunto esquema de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos dirigido —según la acusación— por el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim Albainy, durante su gestión entre agosto de 2020 y agosto de 2025.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el funcionario habría utilizado su posición para ocultar fortunas, manipular contratos, emplear empresas instrumentales y recibir millonarios beneficios ilícitos que ascienden a más de RD$2,881 millones.

Omisiones patrimoniales y uso de empresas offshore

El expediente revela que Hazim declaró ingresos mensuales de RD$424,500 como salario, más RD$212,250 en compensación especial y RD$42,450 por concepto de vehículo. Sin embargo, su declaración jurada de septiembre de 2020 habría omitido su participación en la empresa offshore Rioja Management, S.A., constituida en Panamá, donde fungió como Director-Presidente-Tesorero hasta septiembre de 2024.

Esta compañía está integrada por familiares directos del imputado y figura como accionista predominante en Inversiones Sanjhon, S.R.L., entidad central dentro del holding empresarial de Hazim.

El Ministerio Público también señala que, aunque el exdirector sí declaró la empresa offshore Koffman Overseas, LTD, solo incluyó uno de tres inmuebles registrados a nombre de dicha entidad. Las propiedades, ubicadas en la lujosa zona de Casa de Campo, La Romana, forman parte de la villa turística El Ingenio No. 21.

Incremento patrimonial injustificado

En septiembre de 2024, mientras aún ocupaba su cargo en el SENASA, Hazim habría adquirido dos apartamentos en la exclusiva Torre Mar Azul, ubicada en la avenida Anacaona, por un monto de RD$53,730,000, financiados a través del Banco de Reservas. El paquete incluía dos unidades habitacionales, depósitos y parqueos.

El Ministerio Público sostiene que estas adquisiciones no se corresponden con los ingresos lícitos del funcionario.

Asimismo, se documenta la compra de una Lincoln Navigator 2020, cuyo pago fue realizado por terceros para ocultar su verdadera procedencia, pese a que el vehículo fue incluido en la declaración patrimonial del imputado “pretendiendo darle apariencia de legalidad”.

Manejo de empresas y desmantelamiento de evidencias

La investigación también abarca un conjunto de empresas vinculadas al exdirector, muchas de las cuales estaban domiciliadas en un apartamento de Naco que habría sido desmontado poco después del estallido del caso.

Las autoridades describen “maniobras para evitar dejar rastro”, incluyendo uso de empresas pantalla, facturación ficticia, retiros masivos en efectivo, movimientos de divisas y redes de sociedades destinadas a ocultar el origen del dinero.

El Ministerio Público afirma que RD$2,881,337,217.15 fueron recibidos directamente por Hazim producto de sobornos, facturaciones ilícitas y contrataciones irregulares.

Intermediarios, sobornos y redes de legitimación

El expediente señala que el exdirector se valía de intermediarios como José Pablo Ortiz y posteriormente Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico del SENASA, para recolectar sobornos y desviar fondos públicos mediante empresas como:

  • PDSS Servicios a tu Salud

  • OGSS Prestadora de Servicios de Salud

  • Khersun

  • Deleste

  • Farmacard

  • Nutrimed

  • Comercializadora Gabao N

  • Harif

  • Netofa

  • Hatom

  • Getsalud

  • Sibila

  • Socoa Salud

  • Mercargo

  • SPM Salud

  • Azusalud

  • Fundación NM

  • JCMV Despacho Legal

Estas compañías, según PEPCA, servían como canales para legitimar fondos ilícitos provenientes de contrataciones ficticias en el SENASA. Los porcentajes cobrados a las empresas proveedoras oscilaban entre 25 % y 30 % del monto facturado.

El rol de Germán Robles y movimientos financieros sospechosos

Germán Rafael Robles Quiñones, quien se desempeñó primero como consultor jurídico suplente y luego titular del SENASA, es señalado como intermediario clave a partir de 2022.

Aunque devengaba un salario total de RD$270,100 mensuales entre salario y compensaciones, PEPCA identificó múltiples transacciones bancarias que no corresponden a su nivel de ingresos.

Depósitos millonarios fueron realizados a sus cuentas por Alberto Felíz, empleado del SENASA, quien también mantenía movimientos irregulares con contratistas como Ada Ledesma y su empresa Lufarca. En total, Felíz depositó a Robles más de RD$5.2 millones y USD$41,100.

Penthouse de lujo adquirido mediante un testaferro

Otro elemento clave de la acusación es la compra de un penthouse valorado en RD$44,696,580.51, ubicado en la Torre Arpel 08, en la avenida Enriquillo.

Aunque formalmente aparece a nombre de Proyecto LC, S.R.L., propiedad de Rafael Polanco, las autoridades indican que:

  • Robles recibió el inmueble directamente de la constructora.

  • Él y su familia lo visitaban desde su construcción y son los únicos ocupantes.

  • Se habría simulado un contrato de alquiler para justificar la posesión.

  • El inmueble fue pagado en dólares mediante transferencias que totalizan USD$790,098.86, sin evidencia de retorno de inversión para la empresa titular.

La PEPCA afirma que el exdirector del SENASA, junto a colaboradores internos y externos, operó un complejo entramado de corrupción administrativa y lavado de activos que permitió:

  • Apropiación ilícita de fondos públicos.

  • Recepción de sobornos multimillonarios.

  • Ocultamiento patrimonial mediante empresas pantalla y estructuras offshore.

  • Simulación de contratos y facturación ficticia.

  • Adquisición de bienes suntuosos con dinero ilícito.

El caso continúa en investigación dentro de la Operación Cobra, considerado uno de los mayores esquemas de corrupción detectados en el sistema de salud dominicano.

Solucionado el fallo de software en aviones A320, según Airbus

Airbus anunció este miércoles que todos los aviones A320 afectados por un error de software que los hacía vulnerables a la radiación solar ya fueron corregidos y se encuentran operando con normalidad. Así lo confirmó el director general de la compañía, Guillaume Faury, durante una entrevista en la emisora France Inter.

A finales de noviembre, la empresa había ordenado la revisión urgente de unas 6,000 aeronaves de la familia A320, luego de detectar la falla en su sistema. Según explicó Faury, la actualización ya fue implementada en toda la flota.

Todo está en orden, se cambió el software, los aviones cumplen con la configuración deseada”, afirmó el directivo, quien además aseguró que no queda ningún avión en el mundo con el problema sin corregir.

“Al cabo de tres días habíamos [trabajado en] 4,400 aviones y al cabo de cuatro días, lo habíamos hecho todo”, agregó. “Todos los aviones que vuelan hoy” tienen el software arreglado, insistió.

Problema de calidad

Además, Faury subrayó que “el problema de calidad” que se detectó en paneles de fuselaje, casi al mismo tiempo que la falla de software, no presenta ningún riesgo para la “seguridad”.

  • “Son problemas muy diferentes”, aseguró. “En algunos casos excepcionales, sustituiremos los paneles, en otros casos, los aviones seguirán volando o se seguirán fabricando”, dijo.

Si ese asunto dio tanto de qué hablar se debe, según él, a que “estamos en diciembre“. “Esto nos llevó a cambiar la previsión del número de aviones que entregaremos este año”, explicó.

Airbus anunció que este año entregará 790 aviones, y no 820 como había previsto en un principio. “Del total, cerca de tres cuartas partes son A320“, precisó Faury.

Monte de Piedad se destaca como referente de integridad en la 5ta. Campaña Nacional “Dominicana sin Corrupción”

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad fue reconocida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) durante la Premiación de la 5ta. Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública #DominicanaSinCorrupción, realizada en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

La distinción destaca el compromiso institucional con la transparencia, los valores éticos y el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento en sus procesos administrativos.

En ese sentido, el administrador general de Monte de Piedad, Welinton Grullón, resaltó que este reconocimiento representa un avance significativo en el proceso de transformación institucional.

“Recibimos esta distinción con profunda responsabilidad. Es el resultado del compromiso de todo el equipo, de una visión clara y de la convicción de que la integridad es el eje fundamental de cualquier gestión pública. Hemos trabajado para recuperar la confianza de la ciudadanía y para convertir a Monte de Piedad en una entidad modelo, moderna y transparente”, expresó.

Asimismo, Grullón agregó que la implementación de buenas prácticas, la capacitación continua del personal y la modernización de los sistemas de gestión han permitido elevar los estándares de responsabilidad administrativa.

Aseguró que la organización continuará firmemente alineada a las directrices de la DIGEIG, reafirmando su compromiso con una administración pública íntegra y eficiente.

Como parte de este esfuerzo conjunto por fortalecer la ética pública, la actividad fue encabezada por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, quien destacó el compromiso de las entidades reconocidas.

“Las entidades reconocidas representan el esfuerzo que como país estamos realizando para dignificar el servicio público. La integridad no es un discurso, es una conducta diaria que debe reflejarse en cada decisión que tomamos desde el Estado”, señaló.

El reconocimiento a Monte de Piedad posiciona y valida la labor sostenida en los últimos años, entre las entidades públicas que avanzan con pasos firmes hacia una cultura basada en la integridad, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos del Estado, reafirmando su misión de servicio digno y transparente a la sociedad dominicana.

Edith Febles alerta sobre los peligros de la corrupción al recibir reconocimiento de Participación Ciudadana

La reconocida periodista e investigadora Edith Febles aseguró este martes que la corrupción no distingue lugar ni razón, al recibir el galardón Integridad y Lucha Contra la Corrupción otorgado por el movimiento Participación Ciudadana (PC).

Durante su discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y ante la presencia del presidente Luis Abinader y numerosos invitados, Febles expresó que “la corrupción sólo busca el dinero, el engaño y la codicia; es una verdadera maldición que afecta a todos”.

En relación con casos recientes, la periodista hizo énfasis en los abusos que afectan a los más vulnerables, al señalar que “hay que tener el alma muy vacía para robarle proteínas a personas mayores”, un comentario que alude al caso que involucra a 10 personas acusadas de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Esta madrugada leí con asombro los detalles de ese caso. Es doloroso y frustrante comprobar una vez más que la corrupción no tiene límites. Por eso el país y la ciudadanía deben fijar esas barreras”, agregó Febles. Además, hizo un llamado a fortalecer la supervisión, las alertas ciudadanas y el papel de los medios en la lucha contra este flagelo.

La periodista también rindió homenaje a quienes trabajan con honestidad y dedicación, tanto en barrios como en comunidades, invitando a la audiencia a reconocer su esfuerzo: “Pido que aplaudamos a quienes construyen nuestro país con integridad, día tras día”.

Por su parte, Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, resaltó el significado del premio, subrayando que representa “la fuerza de la verdad, el valor de la independencia y un compromiso firme con la integridad”. Asimismo, enfatizó que la institución seguirá avanzando en la lucha contra la corrupción, sin ceder ante intentos de silenciarla.

“Que nadie detenga nuestro camino hacia la transparencia. Cada intento de frenar nuestra labor solo confirma la importancia de nuestra misión”, concluyó Blanco García.

Centros privados cobraban por vacunas gratuitas: estafa alcanza más de RD$1,482 millones entre 2021 y 2025

Una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló un esquema de fraude masivo que desvió más de RD$1,482 millones del Seguro Nacional de Salud (SENASA) a través del programa de vacunación nacional entre 2021 y 2025. El entramado criminal, según establece el expediente, manipuló procesos de contratación, infló estadísticas, y facturó vacunas nunca aplicadas, afectando directamente los fondos destinados a la salud preventiva de la población dominicana.

De un sistema público eficiente a una red privada irregular

Hasta 2019, SENASA contaba únicamente con dos prestadores privados para la aplicación de vacunas, priorizando al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), cuyas dosis son entregadas gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública y solo generan un pago por concepto de aplicación.

Sin embargo, en 2020, bajo la gestión del entonces director ejecutivo de SENASA, Santiago Hazim, se creó de manera irregular el Comité de Contrataciones Médicas, sin sustento legal, alterando los protocolos establecidos. Con esta estructura se amplió la red de prestadores privados de vacunación de 2 a 20 centros para el año 2025, abriendo la puerta al esquema fraudulento.

Vacunas gratuitas cobradas al Estado

El Ministerio de Salud Pública distribuye gratuitamente las vacunas PAI a 40 direcciones provinciales y 1,400 puestos de vacunación del país, incluyendo algunos privados. Entre 2022 y 2024, estas campañas alcanzaron una cobertura de entre 98% y 100%, entregando más de 12.3 millones de dosis gratuitas.

A pesar de esto, SENASA pagó más de RD$407 millones por vacunas PAI aplicadas por prestadores privados, aun cuando estas debieron ser suministradas sin costo. Se comprobó que varios centros obtenían directamente las vacunas desde el propio Ministerio de Salud Pública.

Crecimiento irregular y facturación inflada

El Informe General de Servicios de Vacunas detalla un crecimiento abrupto en los servicios facturados:

  • Población usuaria: pasó de 16,768 en 2021 a 63,619 en 2023.

  • Autorizaciones médicas: aumentaron de 50 millones en 2021 a 279 millones en 2023.

  • Pagos por vacunas: incrementaron de RD$50 millones en 2021 a RD$465 millones en 2023.

Este comportamiento fue considerado incompatible con la realidad epidemiológica y operativa del sistema.

Auditorías revelan vacunaciones falsas y cobros indebidos

Las auditorías realizadas por SENASA y SISALRIL identificaron múltiples irregularidades entre los centros privados, entre ellas:

  • Vacunas no pertinentes según edad, como la aplicación de DPT en mayores de 7 años, con sobrecosto de RD$2,500 por cada autorización.

  • Facturación desagregada de vacunas pentavalentes, generando un sobreprecio de RD$1,700 por autorización.

  • Cobros por vacunas no aplicadas, demostrado mediante tarjetas de vacunación y testimonios.

  • Reclamaciones sin firmas de afiliados ni detalles sobre el tipo de vacuna administrada.

  • Administración de vacunas sin cobertura, como Gardasil en afiliados del plan básico.

  • Servicios no realizados vinculados a tarjetas compartidas entre usuarios.

La supervisión detectó además que el 13% de los pagos no coincidía con las autorizaciones emitidas.

Centros beneficiados y concentración de pagos

Del total auditado en 2023–2024, SENASA pagó RD$440 millones por supuestas coberturas de vacunación a más de 71 mil afiliados. El 88.69% de estos pagos fue dirigido a Centros Ambulatorios Especializados.

Entre los prestadores que concentraron el mayor volumen de dinero destacan:

  • Escudea Centro de Vacunación Infantil: RD$310,795,277 (79.6%)

  • Inmunizaciones San Cristóbal (INMUSAN): RD$32,632,606 (8.36%)

  • Kids Lab Center: RD$14,534,706 (3.74%)

Solo estos tres absorbieron el 91% del total pagado a este tipo de prestadores.

Falta de controles y daño a la salud pública

Las autoridades concluyeron que la ausencia de controles institucionales en SENASA permitió el pago de sumas millonarias por vacunas no aplicadas, cobros indebidos y servicios contrarios a los criterios técnicos establecidos. La estafa no solo afectó el patrimonio público, sino que también vulneró un programa vital para la protección sanitaria de la población más vulnerable.