MIAMI — El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro está intensificando sus esfuerzos para cortejar al gobierno de Joe Biden, mientras que el nuevo mandatario de Estados Unidos sopesa si debe arriesgarse a una reacción adversa en Florida y atenuar las sanciones que buscan aislar al líder socialista.
En las últimas dos semanas, Maduro aceptó viejas exigencias de Estados Unidos de que se permita al Programa Mundial de Alimentos establecerse en el país en un momento en el que un gran número de personas padecen hambre. Los aliados del mandatario venezolano también prometieron colaborar con la oposición respaldada por Estados Unidos para vacunar a los venezolanos contra el coronavirus, y se han reunido con diplomáticos de Noruega que intentan reactivar las negociaciones para poner fin a los persistentes conflictos políticos del país.
En tanto, altos funcionarios estadounidenses realizan una revisión de la política hacia Venezuela. Una reunión interdependencias que estaba programada para el lunes e incluía a la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, pero que se pospuso de último minuto, se centrará en si Estados Unidos debe tomar medidas para apoyar un intento incierto de diálogo entre Maduro y sus oponentes, dijeron dos personas al tanto del tema que pidieron mantener el anonimato para poder discutir asuntos diplomáticos confidenciales.
“Todos estos movimientos recientes apuntan a que Maduro está tratando de llamar la atención de Washington”, dijo Geoffrey Ramsey, un observador de Venezuela en la organización Washington Office on Latin America. “La pregunta es si la Casa Blanca está dispuesta a comprometerse con una estrategia de negociaciones abiertas o si seguirá jugando a lo seguro y mantendrá esa política en un segundo plano”.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y un promotor del diálogo, no comentaron cuando se les preguntó sobre los recientes movimientos de Maduro.
Ramsey dijo que podría haber más gestos de buena voluntad en el horizonte.
El martes es la fecha límite para que un comité de la Asamblea Nacional venezolana presente una lista de candidatos para el Consejo Nacional Electoral. Detrás de escena, moderados aliados con el excandidato presidencial Henrique Capriles se han estado reuniendo con representantes de Maduro para impulsar la inclusión de dos rectores de la oposición en el consejo de cinco integrantes. Si la petición se cumple, podría allanar el camino para que los oponentes de Maduro participen en elecciones de alcaldías y gobiernos estatales este año.
También en las discusiones se encuentra el futuro de varios ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. En los últimos meses, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson ha presionado a Maduro y a colaboradores de alto rango para la liberación de seis exejecutivos de CITGO, empresa con sede en Houston, así como dos ex boinas verdes que participaron en una incursión fallida el año pasado orquestada desde la vecina Colombia, y de un ex infante de Marina que está detenido por distintas acusaciones.
Hasta ahora, la actitud de Maduro no ha logrado impresionar a los funcionarios en Washington.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha descrito a Maduro como un “dictador brutal” y prometió seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, tal como lo hace otro medio centenar de países.
Aparte de prometer una mayor colaboración con los aliados de Estados Unidos y de apoyar la entrega de más ayuda humanitaria a Venezuela, el gobierno de Biden ha hecho poco para relajar la campaña de “presión máxima” de Trump para derrocar a Maduro.
La política de entablar conversaciones con Maduro es engañosa. Los intentos previos para dialogar no lograron producir avances y terminaron fortaleciendo al mandatario venezolano, cuyo afianzamiento en el poder depende del apoyo de las fuerzas militares y de sus aliados Irán, China y Rusia, los cuales han aumentado su influencia desde que Guaidó, con el apoyo de Estados Unidos, trató de desatar protestas al autonombrarse presidente en 2019 luego de que Maduro fuera reelegido en comicios boicoteados por la oposición debido a que a varios de sus líderes se les impidió participar en la contienda.
Sin embargo, eso no ha impedido que otros traten de reunir a ambas partes. Esta semana, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, viajará a Venezuela en lo que muchos observadores consideran un intento de la Santa Sede de tantear el terreno para otra ronda de negociaciones como las que medió con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en 2016.
Aunque el propósito declarado de este viaje es asistir a la beatificación del próximo 30 de abril de José Gregorio Hernández, conocido como “el médico de los pobres” por su atención a los enfermos en el siglo XIX, Parolin es el exembajador del Vaticano en Venezuela, y su visita sumamente inusual deja entrever que hay más en su agenda.
Pero tanto simpatizantes como opositores a una participación más activa de Estados Unidos coinciden en que el mayor de los obstáculos es Florida. Trump ganó cómodamente el estado en parte gracias a las políticas de línea dura que prefieren los votantes inmigrantes que huyeron de Cuba, Venezuela y de otros gobiernos autoritarios. Dado que los demócratas tienen una ventaja de apenas seis escaños en la Cámara de Representantes federal, apostar a que Maduro cumpla con su parte podría perjudicar sus posibilidades en las elecciones parlamentarias.
“Al día de hoy, simplemente no hay razón para creer que el régimen de Maduro actúa de buena fe”, dijo Elliott Abrams, quien fungió como enviado especial del gobierno de Trump para Venezuela e Irán. Abrams citó como ejemplo el incumplimiento por parte de Maduro a un acuerdo negociado el año pasado con la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para combatir la pandemia de coronavirus.
“Cada interacción de Biden con el régimen de Maduro socava a la oposición democrática”, dijo Abrams, quien actualmente es alto miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. “Si Estados Unidos ha de involucrarse en algún momento, únicamente deberá hacerlo en el contexto de negociaciones serias entre el régimen y la oposición, para ayudar a que dichas negociaciones tengan éxito”.
Es poco probable que la reunión del lunes genere un cambio inmediato en las políticas y se lleva a cabo después de al menos un encuentro de alto nivel entre altos funcionarios de diversas agencias del gobierno federal — los departamentos del Tesoro, de Justicia, de Comercio y de Estado, así como la Casa Blanca — para hablar sobre Venezuela.
Sin embargo, podría trazar un camino hacia futuras acciones de Estados Unidos siempre que se genere cierto ímpetu rumbo a las negociaciones, indicaron dos personas. Estas acciones podrían incluir una prohibición implementada durante el gobierno de Trump a las permutas de diésel, una medida que incluso algunos de los opositores de Maduro aseguran ha empeorado las condiciones de hambruna al dificultar el traslado de alimentos al mercado en camiones con motor a diésel.
Estados Unidos también debe decidir antes de junio si permite o no que Chevron reanude las perforaciones limitadas y los cargamentos de crudo, un recurso potencialmente vital para Maduro, quien está desesperado por cada dólar después de que durante su gobierno la producción petrolera ha caído a su nivel más bajo desde, al menos, la década de 1930, a pesar de las enormes reservas de crudo en el país. Como parte de una exención a las sanciones otorgada el año pasado, se les ordenó al gigante petrolero estadounidense y a sus socios en Estados Unidos cesar todas sus operaciones salvo aquellas estrictamente necesarias para dar mantenimiento a sus activos en el país.
El Departamento de Estado se negó a comentar sobre la reunión del lunes o el estatus de la revisión de la política estadounidense. Sin embargo, un portavoz de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que Estados Unidos ve con buenos ojos las labores por atenuar el sufrimiento del pueblo venezolano y poner fin a la crisis humanitaria en el país mediante una efectiva cooperación internacional.
Sin embargo, no todas las señales procedentes de Caracas son alentadoras.
La semana pasada, cuando el Departamento de Estado aplaudió el anuncio del Programa Mundial de Alimentos de que empezaría a brindar asistencia de emergencia a 1,5 millones de niños venezolanos, el canciller Arreaza recurrió a Twitter para acusar a Estados Unidos de “secuestrar” los recursos venezolanos en bancos internacionales a través de “sanciones criminales”.
Eso desencadenó un enconado intercambio que terminó con la promesa de Arreaza de presentar como evidencia de extorsión ante la Corte Penal Internacional el tuit de una alta funcionaria del Departamento de Estado en el que condiciona el levantamiento de sanciones a la liberación de presos políticos y a la organización de elecciones libres y justas.
“Si las respuestas de Washington siguen siendo exclusivamente públicas — a través de Twitter o de la televisión — sin un contrapeso en un canal diplomático privado, el progreso o cualquier tipo de descongelamiento o transición será doloroso y lleno de desconfianza”, dijo Phil Gunson, un analista con sede en Caracas para International Crisis Group, una organización con sede en Bruselas.
A pesar de que Gunson señaló que la disposición limitada de Maduro a involucrarse en acuerdos parciales debería ser correspondida en la medida de lo posible para alentar a una mayor apertura, lo difícil será sobreponerse a la inercia del gobierno de Trump.
“No hay una solución rápida a la situación en Venezuela”, dijo Gunson. “Una solución va a requerir de sutileza y de un compromiso a largo plazo”.
