Se trata del interno Edwin Lara Peña de 39 años de edad, quien falleció la madrugada del pasado lunes, mientras recibía atenciones médicas en el hospital Nuestra Señora de Regla.

El interno llegó al centro asistencial presentando fiebre, dolor de cabeza y cuerpo.

De acuerdo al informe médico, a Lara Peña se le realizaron dos pruebas rápidas para detectar el coronavirus y ambas salieron negativas.

 Edwin Lara, quien estaba condenado a 20 años de prisión falleció tras realizar una crisis hipopulmonar, ya que era un paciente asmático.

La información la confirmó el médico legista Walter Lopez, quien además es el encargado del Centro Médico del recinto penitenciario Máximo Gómez en Baní.

López indicó que como procedimiento de lugar, tomó una muestra PCR al interno luego de haber fallecido, la cual resultó positiva.

El Director Provincial de Salud Pública, Amaury Rodriguez, se niega a ofrecer declaraciones sobre la situación actual del penal.

En tanto, Walter Lopez indicó que ya se activó el protocolo para identificar las personas que tuvieron contacto con el interno infectado.

El Partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó formal querella ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE), por las fallidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

Manuel Crespo y Antonio Florian, representantes de la FP, explicaron que la misma está basada en los 21 hallazgos de la auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), los cuales son 21 delitos electorales y de alta tecnología que acarrean la actuación y persecución penal

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del Código Procesal Penal, declarar admisible la presente querella interpuesta contra funcionarios de la JCE, señores: Miguel Ángel García, exdirector del Departamento de Informática; Eduard Burroughs Hernández, encargado de Gestión de Calidad de Sistemas Informáticos, William Díaz y Ana Margarita Pontón, del área de Programación de la entidad electoral, quienes hasta el momento han sido identificados como responsables de los hechos señalados”, dice el acto judicial.

En la querella solicitan que se inicien las investigaciones que identifiquen los autores, coautores y sus cómplices, tanto a lo interno del organismo comicial, como funcionarios de otras instituciones gubernamentales o particulares que hayan tenido participación en la ideación, planificación, ejecución, consumación y ocultamiento de hechos ilícitos, los cuales generaron graves daños y perjuicios a la institucionalidad democrática, al Estado Dominicano y la sociedad en su conjunto.

Los hechos relatados, las conductas identificadas y pruebas conocidas hasta el momento dan cuenta de que al interior y hacia afuera de la JCE se conformó una asociación ilícita para cometer graves infracciones, tipificadas como crímenes y delitos electorales en nuestra legislación. Así mismo, de dichas conductas se derivan otros hechos que efectivamente pueden configurarse como infracciones especiales previstas en el Código Penal Dominicano.

La querella establece que el partido Fuerza del Pueblo, y el pueblo dominicano fueron agraviados con estos hechos y con la suspensión de las elecciones, y por aplicación de lo dispuesto por los artículos 279 y siguientes del mismo Código, procede a dar inicio a la fase de la investigación preliminar, recopilando toda la información necesaria para la identificación de todos los responsables de los hechos descritos.

Agrega que estos hechos, configuran los crímenes electorales establecidos en los artículos 282, 283, 284 y 285 de la Ley Núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral; delitos de alta tecnología de los artículos 10 y 27 de la Ley No. 53-07, y otras infracciones especiales atribuidas a funcionarios públicos, que constituyen los tipos penales de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación de malhechores, de conformidad con los artículos 166, 167, 170 y siguientes, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

La fuerza del Pueblo está representada en esta querella por los destacados abogados Hotoniel Bonilla García, John García Ortiz y Robinson Domínguez.

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó para el viernes 19 de este mes el conocimiento de medida de coerción a Yamil Abreu Navarro, pedido en extradición por Estados Unidos, en la primera audiencia virtual celebrada por esa alta corte en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19.

El tribunal tomó la decisión a fin de que el Ministerio Público notifique al requerido en extradición la solicitud de medida de coerción que pretende solicitar en su contra.

La defensa de Abreu Navarro, a quien Estados Unidos le atribuye vínculos con el narcotráfico, alegó que el Ministerio Público no había notificado debidamente a su cliente la solicitud de extradición enviada por el estado requirente y la medida de coerción que solicitaría, ni había facilitado una reunión de trabajo entre el acusado y sus defensores.

Al dar inicio a la audiencia virtual, el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Sala Penal, detalló aspectos de interés sobre esta modalidad establecida en la Resolución 007/2020, de fecha 2 de junio del corriente.

El magistrado Jerez Mena explicó que la audiencia se rige por las normas del debido proceso consagradas en la Constitución y el Código Procesal Penal. Precisó que la virtualidad es una novedad que se impuso con rapidez a raíz de los problemas sanitarios desatados por la pandemia del COVID 19 y consideró que las crisis “traen progreso e impulsan la creatividad”.

En la audiencia de medida de coerción del extraditable Yamil Abreu Navarro se observó toda la solemnidad que estable la normativa procesal penal, entre ellas la grabación a los fines de garantizar el principio de publicidad.

El proceso fue aplazado para el viernes 19 de junio del corriente a las 10:00 de la mañana, luego de que la corte que integran además los jueces Fran E. Soto, María Garabito Ramírez, Vanessa Acosta y Francisco Ortega Polanco decidiera a unanimidad acoger el pedimento de la defensa del imputado, integrada por los abogados Freddy Castillo y Jensy Abreu.

En ese sentido, el tribunal suspendió la audiencia a fin de que el Ministerio Público notifique al requerido Abreu Navarro?la solicitud de medida de coerción que pretende solicitar en su contra; además, ordenó a la Secretaría General de la SCJ notificar por vía electrónica a la defensa del extraditable de la documentación depositada por el Ministerio Público en la que sustenta la petición de extradición, a fin de garantizar una defensa efectiva.

También dejó en manos del Ministerio Público establecer lo antes posible un espacio cómodo para que el extraditable se reúna con sus abogados.

El Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Andrés Chalas y Francisco Cruz Solano, mientras que la doctora Analdis Alcántara actúo en nombre del estado requirente.

La Policía Nacional informó sobre un operativo contra la elaboración, venta y distribución de bebidas adulteradas en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se incautaron 19 tanques, de los cuales 14 contienen un líquido hasta el momento desconocido y otro con maíz.

Durante el operativo también se ocupó un cilindro de gas de 50 libras y dos hornillas industriales.

La intervención se realizó mediante la colaboración de las Direcciones Centrales de Inteligencia (DINTEL) y Prevención, de nuestra Policía Nacional; Ministerio Público y Salud Pública, en una fábrica ubicada en la calle Segunda del barrio María Trinidad Sánchez, municipio de Navarrete.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría doctor, Marcos Díaz Guillén, habló acerca de la noticia conocida por el público en general sobre la aparición de un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki asociado a COVID-19 en el país, reportado desde la Clínica Unión Médica de Santiago por la infectóloga doctora, Genara Santana.

Expresò que en fechas anteriores ya se había tenido conocimiento en el gremio médico de otros dos casos, diagnosticados en el HOMS de Santiago.

El síndrome o enfermedad de Kawasaki es conocida desde los años sesenta del siglo pasado, remontándose su primer diagnóstico en República Dominicana a los años ochenta. Se trata de una condición poco frecuente que afecta a los niños por debajo de los cinco años y que puede producir la muerte si no es tratada correctamente, explicò.

Durante esta pandemia se han reportado en Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña algunos casos de niños positivos a COVID-19 con manifestaciones vasculares e inflamatorias, denominadas genéricamente “Síndrome Multisistémico Inflamatorio”, el cual es compatible con la enfermedad de Kawasaki, aunque no debe ocultarse que también podría constituir una nueva dolencia con síntomas parecidos, afectando a niños de edad superior a los cinco años.

Dijo que la situación de pandemia por COVID-19 y la posible interacción de ésta con la enfermedad de Kawasaki, o con alguna dolencia similar en niños, aconseja que los pediatras y padres estén atentos a la aparición de síntomas como fiebre alta, conjuntivitis sin secreción lagrimal, lengua y boca rojas, inflamación de manos y pies, descamación de las uñas, sarpullido en la piel y aumento del tamaño de los ganglios, dolores abdominales, náusea y vómitos, teniendo en cuenta que no todos los síntomas aparecen a la vez y que los mismos pueden observarse en niños de edades que llegan hasta los 10 años.

El doctor Díaz Guillén también recalcò que es necesario esperar a la finalización de los correspondientes estudios médicos que se están llevando a cabo para poder asegurar si nos encontramos realmente ante la aparición de casos típicos de enfermedad de Kawasaki o ante una nueva condición vinculada a COVID-19.

La cámara de Diputados aprobó hoy la extensión por 17 días más del estado de emergencia la cual fue solicitada por el presidente Medina y aprobada por el senado.

El voto conto con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).