CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco abolió este martes el “secreto pontificio” empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes.

Los líderes eclesiásticos deben proteger la información en casos de abusos para garantizar su “seguridad, integridad y confidencialidad”, señaló el pontífice en un nuevo documento. Sin embargo, el “secreto pontificio” ya no se aplica a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico de la Iglesia católica en casos de abusos.

Además, Francisco amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.

Las nuevas normas se aprobaron el martes, en el 83er cumpleaños de francisco, que intenta responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.

Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.

El papa Benedicto XVI decretó en 2001 que estos casos debían gestionarse bajo “secreto pontificio”, el grado más alto de confidencialidad en la Iglesia. El Vaticano llevaba tiempo insistiendo en que era necesario para proteger la privacidad de la víctima, la reputación del acusado y la integridad del proceso canónico.

Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía para reportar a sus agresores.

Aunque el Vaticano lleva un tiempo insistiendo en que ese no es el caso, tampoco ha ordenado nunca a obispos y superiores religiosos que reportaran a la policía los delitos sexuales, y en el pasado ha instado a los obispos a no hacerlo.

Las nuevas instrucciones, firmadas por el secretario de Estado del Vaticano pero autorizadas por el papa, tampoco ordenan reportar los crímenes a la policía, señalando que los superiores religiosos están obligados a hacerlo donde las leyes civiles lo requieran.

Sin embargo, van más allá de lo que ha ido nunca el Vaticano al señalar “La confidencialidad de oficio no debe impedir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en todos los lugares por las leyes civiles, incluida cualquier obligación de denuncia, y la ejecución de órdenes ejecutables de las autoridades judiciales civiles”.

El Vaticano se ha visto bajo una creciente presión para reformar sus procedimientos internos y cooperar más con las autoridades. En os últimos años, su resistencia en ese sentido ha derivado en redadas policiales sin precedentes en sedes diocesanas de lugares tan distantes como Bélgica, Texas y Chile.

Pero incluso enfrentados a citaciones judiciales y cateos, los obispos se sentían impelidos en ocasiones a mantener en secreto las investigaciones internas a menos que recibieran autorización del Vaticano para entregar documentos. La nueva norma señala que esa autorización explícita ya no es necesaria.

Los escándalos individuales, investigaciones en distintos países, denuncias de la ONU y demandas civiles cada vez más costosas han causado un gran daño a la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo, y los propios errores y fracasos de Francisco han dado impulso a sus críticos.

El papa convocó en febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para una cumbre de cuatro días sobre cómo impedir los abusos, donde varios oradores pidieron una reforma del secreto pontificio. El propio Francisco dijo que pretendía ampliar el rango de edad de lo que la Iglesia consideraba pornografía infantil.

PARÍS (AP) — Maestros, médicos, abogados y trabajadores de la torre Eiffel eran algunos de los trabajadores franceses que hacían huelga este martes, para oponerse a una subida de la edad de jubilación y conservar un sistema de pensiones que temían que el presidente, afín al sector empresarial, quisiera desmantelar.

Vecinos y turistas afrontaban un 13er día de complicaciones en los desplazamientos al continuar la huelga de maquinistas de tren contra la reforma emprendida por el presidente, Emmanuel Macron, de un sistema de pensiones que ahora les permitía retirarse incluso antes de los 60. Algunos padres encontraron las escuelas cerradas, y se cancelaron exámenes importantes porque los profesores se sumaron a los paros.

Los hospitales impusieron servicios mínimos el martes ante la huelga de enfermeras, médicos y farmacéuticos para pedir protección a un sistema de hospitales públicos otrora prestigioso y ahora maltrecho tras años de recortes.

Había una nueva protesta convocada para el martes por la tarde en la capital, y la policía acordonó el Palacio del Elíseo, residencia oficial de Macron, con horas de antelación en previsión de posible violencia de activistas de los Chalecos Amarillos u otros manifestantes radicales indignados por la injusticia económica.

La presión crecía sobre Macron después de que el principal ideólogo de su reforma de las pensiones renunciara el lunes por supuestos conflictos de interés.

Por el momento, su gobierno mantenía los planes de elevar la edad de jubilación a los 64 años, aunque la semana pasada hizo concesiones aplazando la aplicación de la norma y abrió la puerta a más negociaciones.

“La reforma se queda (…) no la retiraremos”, dijo la portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye a la televisora BFM.

Varios países europeos han subido la edad de jubilación o reducido las pensiones en los últimos años para ajustarse al aumento de la esperanza de vida y la desaceleración económica. Macron alegaba que Francia debería que hacer lo mismo.

Los sindicatos temían que la gente tuviera que trabajar más tiempo para recibir pensiones más pequeñas, y los sondeos indicaban que al menos la mitad de los franceses apoyaba la huelga.

Sin embargo, la frustración empezaba a crecer. El martes apenas funcionaban con normalidad dos de las 16 líneas de metro en París y un cuarto de los trenes de alta velocidad que cruzan el país. También las rutas internacionales se vieron afectadas.

Los sindicatos de trabajadores de la red ferroviaria estatal SNCF querían mantener la huelga durante los feriados navideños, y el gobierno buscaba soluciones.

SANTIAGO DE CHILE  — Uno de los responsables del orden público en Chile, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, renunció el lunes “por razones estrictamente personales”, informó un breve comunicado de la presidencia.

El documento precisó que Francisco Gali Basili lo reemplazará a partir del 1 de enero. Hasta ahora este último era subsecretario de la Presidencia, cuyo ministerio realiza el enlace entre el ejecutivo y el congreso.

El antiguo jefe de Ubilla, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue reemplazado en el cargo el 28 de octubre en un cambio de gabinete que incluyó a otros siete secretarios de Estado.

Hace una semana, el Senado aprobó por mayoría una acusación constitucional contra Chadwick, considerado responsable político de las graves violaciones a los derechos humanos desatada en Chile por el estallido social de hace dos meses. Deberá mantenerse alejado de cargos públicos por cinco años.

Más temprano, el presidente Sebastián Piñera dijo que el gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social para mejorar el control de la situación con acciones coordinadas y conducidas desde el exterior.

Entrevistado por periodistas de la asociación de radioemisoras chilenas, Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución acusada por entes internacionales y locales de violar gravemente los derechos humanos en la represión de las multitudinarias protestas.

Los chilenos exigen mejoras sociales y el cambio de la constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Aseguró que detrás de la quema simultánea el 18 de octubre de siete estaciones del metro, 30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile… definitivamente hay organización”.

Agregó que “los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques violentos a lugares tan importantes…sin duda que reflejan que detrás de ellos hay una organización”, aseveró.

Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la fiscalía. “Le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, algunos usted los ha mencionado -el secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos- que indica que esto es algo que no podemos descartar”.

Sobre el sistema de inteligencia en el país, que no previó el estallido social, señaló que “no está a la altura de una sociedad democrática como la chilena” y que “era muy débil”.

Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre, cuando se destruyeron 80% de las 136 estaciones del metro, hubo daños por 900 millones de dólares a grandes supermercados en todo el país, farmacias y unos 15.000 pequeños y medianos comercios. La economía se derrumbó en octubre y también se espera una caída en noviembre.

El mandatario dijo que no ha pensado en renunciar porque fue “elegido por la mayoría de los chilenos y tengo la obligación de cumplir este mandato… A veces el camino más fácil puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas”, añadió.

Piñera respaldó el accionar de la policía y de su director nacional, general Mario Rozas. “Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda (la) fuerza del mundo los excesos que han cometido algunos miembros de la institución”.

Recordó que el protocolo policial “está bien… el problema está en que ese protocolo no siempre se cumplió” y admitió que algunos agentes “cometieron uso abusivo de la fuerza” y van a ser juzgados.

Un grupo privado que ayuda a los manifestantes lesionados en las protestas, Movimiento Salud en Resistencia, denunció el lunes que en el agua usada para reprimir manifestaciones hay un elemento artificial propio del gas pimienta y soda cáustica. El general Jean Camus Dávila, director de Logística de la policía, negó la denuncia y aseguró que, si fuera cierto, “tendríamos cientos y cientos de lesionados”.

Piñera informó que el gobierno solicitó su propio análisis y que “no vamos a permitir que se usen en los gases lacrimógenos o en los carros lanza aguas productos que no estén permitidos en los protocolos”.

La policía chilena ha sido severamente cuestionada por equipos que visitaron por algunas semanas Chile y que concluyeron que abusó de la fuerza, atropelló derechos básicos y cometió abusos sexuales, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.