RÍO DE JANEIRO — Una corte brasileña ratificó el miércoles una condena por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, aunque por el momento su libertad no está en riesgo.

Comprometió el miércoles la situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva al ratificar una condena en su contra por corrupción y lavado de dinero.

En una decisión unánime, los tres jueces del tribunal regional de la cuarta región, en Porto Alegre, confirmaron la sentencia por delitos relacionados con beneficios ilegales obtenidos con la reparación de una finca en Atibaia, Sao Paulo, presuntamente pagadas por las empresas constructoras Odebrecht y OAS.

Según la justicia, las empresas habrían mejorado el inmueble frecuentado por Lula con obras por cerca de 250.000 dólares a cambio de contratos con la petrolera Petrobras.

En febrero Lula había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por una jueza de primera instancia. Pese a que la defensa de Lula había pedido la anulación de la condena amparada en un reciente fallo del Supremo Tribunal, los magistrados confirmaron los delitos y además decidieron elevar la pena a 17 años y un mes de prisión.

El abogado del expresidente, Cristiano Zanin, consideró que hubo una falta de “imparcialidad” durante el proceso en primera instancia, conducido en parte por Sergio Moro, el exjuez que devino ministro de Justicia cuando fue electo presidente Jair Bolsonaro, un ferviente opositor al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

“Ese hecho es suficiente para mostrar toda la actuación política que norteó la conducción de este proceso”, dijo Zanin.

Sin embargo, ninguno de los jueces dio lugar al pedido de nulidad.

“Infelizmente, la responsabilidad del expresidente es bastante elevada (en el caso de corrupción), porque ocupaba el grado máximo de dirigente de la nación brasileña”, consideró el juez João Gebran Neto, uno de los tres magistrados del tribunal. “No hay ninguna nulidad”.

El fallo del miércoles, proferido en segunda instancia, no afectará la situación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores, quien recuperó la libertad el 8 de noviembre. Sin embargo, es un paso más hacia la eventual confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a la cárcel.

El político de 74 años, líder del izquierdista PT que gobernó Brasil entre 2003 y 2016, ha negado haber cometido algún tipo de delito, y dice ser víctima de persecución política.

“Voy a vencer en cada proceso contra mí desenmascarando sus mentiras. Mi inocencia está probada. Ellos no tienen pruebas, tienen una tesis: Lula no puede permanecer libre”, tuiteó el expresidente mientras el primero de los jueces emitía su voto.

Lula no concurrió al juzgado y acompañó la sesión desde Sao Paulo.

El expresidente fue liberado recientemente tras de haber cumplido un año y siete meses de prisión en Curitiba por otro proceso por corrupción, beneficiado por un fallo de la Corte que determinó que un reo sólo puede ser condenado una vez que se agoten todas las instancias de apelación.

Albania (AP) — Cuadrillas de rescate hurgaban desesperadamente entre las ruinas este miércoles tratando de averiguar si había sobrevivientes tras el sismo que dejó por lo menos 26 muertos y 650 heridos en Albania.

Entre la multitud ansiosa estaba Ajet Peci, un policía que logró salir de las ruinas de un edificio en el puerto de Durres luego que el sismo mató a sus dos hijas, y cuya esposa sigue desaparecida.

“¿Cómo voy a vivir?” se lamentaba Peci, con vendas en un ojo y en las manos, mientras sus vecinos trataban de consolarlo. “No sé cómo logré salir, preferiría haberme quedado con ellas”. Más de 650 personas resultaron heridas por el sismo de magnitud 6,4.

Según vecinos sólo unas cuatro o cinco familias vivían en el edificio de cinco pisos pues algunos propietarios ya habían emigrado.

En Durres, ubicada sobre el Mar Adriático y la segunda ciudad más grande de Albania, los habitantes se vieron obligados a dormir en sus automóviles, en carpas o en un estadio de fútbol debido a la proliferación de los remezones. Otros permanecían a la intemperie, juntándose alrededor de fogatas para calentarse.

Las cuadrillas de rescate hurgaban entre las ruinas de una villa de cuatro pisos donde vivía una extensa familia, buscando posibles sobrevivientes. Los vecinos dijeron que hay seis personas que podrían estar entre los escombros.

Las dependencias públicas izaron la bandera nacional a media asta luego que el gobierno declaró luto nacional.

El primer ministro Edi Rama agradeció a la vecina Grecia y a otros países por la ayuda prestada.

“Es bueno saber que no estamos solos y estoy muy agradecido a todos nuestros amigos”, expresó Rama la noche del martes cuando visitaba Durres con el ministro de exteriores griego Nikos Dendias.

Llegaron a Albania rescatistas de más de una docena de países incluyendo Francia, Italia, Grecia, Rumania, Turquía, Serbia y Estados Unidos.

En el cercano poblado de Thumane, Kristina Margjini pasó la noche afuera.

“El terremoto nos dejó sin lugar donde quedarnos. Lo perdimos todo: el apartamento, las ventanas, todo, ya no podemos vivir aquí”, expresó la mujer.

El sismo en Albania fue seguido por otro menor en Bosnia y uno de magnitud 6,1 frente a las costas de la isla griega Creta. Allí no se reportaron víctimas ni daños.

Al menos media docena de empresas que fabricaban o distribuían analgésicos opioides con receta afrontaban una investigación penal federal por su papel en una crisis nacional de adicciones y sobredosis en Estados Unidos.

The Wall Street Journal informó primero sobre la investigación este martes, citando fuentes anónimas conocedoras de la pesquisa.

Muchos activistas han pedido que las farmacéuticas afronten no solo demandas civiles, sino también cargos penales. Una investigación es un paso en esa dirección, aunque no estaba claro si se presentarían cargos ni, en ese caso, cuándo se presentarían.

Las fabricantes Amneal Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Mallinckrodt y Teva Pharmaceutical Industries recibieron citaciones de la fiscalía federal en Brooklyn para comparecer ante jurados investigadores, al igual que las distribuidoras AmerisourceBergen y McKesson.

La mayoría de esas empresas han informado este año a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de las citaciones federales.

Johnson & Johnson y su filial Janssen indicaron el martes en un comunicado que entienden que la solicitud de información forma parte de una “investigación más amplia en todo el sector sobre los programas de monitoreo y de reporte de fabricantes y distribuidoras amparadas en la Ley de sustancias controladas”.

Jonson & Johnson y Teva señalaron en sus comunicados que sus protocolos de monitoreo de fármacos eran acordes a la ley.

“De hecho, los datos de monitoreo muestran que los opioides de la empresa rara vez se ven desviados o consumidos de forma abusiva”, dijo Johnson & Johnson.

Todas las firmas salvo la fabricante de medicamentos genéricos Amneal, con sede en Nueva Jersey, aparecen también como acusadas en más de 2.000 demandas civiles presentadas por gobiernos estatales y locales, que afirman que sus prácticas de promoción y distribución de fármacos contribuyeron a una crisis de opioides relacionada con más de 400.000 muertes en Estados Unidos desde el año 2000. La cifra de muertes incluye las relacionadas con opioides con receta y las debidas a sustancias ilegales como heroína y el fentanilo fabricado de forma ilegal.

Una de las alegaciones clave en esas demandas es que las empresas incumplieron la Ley de sustancias controladas por no reportar y detener los envíos de pedidos sospechosos.

En dos casos este año se presentaron cargos penales por ese motivo en procesos que afectaban a distribuidoras más pequeñas. En Nueva York, Rochester Drug Cooperative pagó 20 millones de dólares y accedió a un acuerdo con la acusación. Y en Ohio, Miami-Luken y dos de sus ejecutivos afrontan cargos similares, que la compañía, ahora disuelta, rechaza.

La empresa más asociada a la crisis de opioides, el fabricante de OxyContin Purdue Pharma, también ha indicado que podría afrontar cargos penales. En una declaración de bancarrota en la que detalla sus propuestas de acuerdos para resolver varias demandas, la firma dijo que un requisito sería la resolución de toda responsabilidad federal.

BOGOTÁ (AP) — Los colombianos descontentos con la respuesta del presidente, Iván Duque, a casi una semana de movilizaciones volverán a salir a la calle este miércoles para protestar por una serie de cuestiones que van desde la reforma fiscal a la cuota para la pesca de tiburones en la mayor ola de agitación en el país en décadas.

Las movilizaciones que sacuden a diario la nación muestran una variedad inusualmente amplia de quejas, aunque con un lema similar: La oposición a un gobierno que muchos creen que solo vela por los ciudadanos más privilegiados.

“Nos sentimos totalmente desprotegidos de todo”, dijo Lucy Rosales, una pensionista que caminaba por el centro de la capital, Bogotá, el martes. “No sentimos que tenemos un vocero que nos represente. Son muchas las cosas que dejaron acumular”.

La nueva marcha se celebra un día después de que el intento de Duque de frenar el malestar reuniéndose con un grupo que coordina las protestas saliese mal. Miembros del Comité Nacional del Paro se negaron a formar parte del diálogo convocado por el presidente con todos los sectores sociales, creando nuevas dudas acerca del tiempo que podrían prolongarse las costosas movilizaciones.

“El gobierno no ha sabido aprender de las experiencias chilena y ecuatoriana”, señaló Jorge Restrepo, un profesor de Economía, refiriéndose a las recientes manifestaciones masivas en ambos países. “Ha cometido muchos errores”.

El comité coordinador presentó el martes una lista de 13 demandas que piden a Duque que retire o reformule las reformas fiscal, laboral y de pensiones. Además, los líderes de los sindicatos de trabajadores y estudiantes quieren que se revisen los acuerdos de libre comercio, que se elimine una unidad de la policía antimotines acusada de la muerte de un estudiante de 18 años y la implementación total del histórico acuerdo de paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los organizadores demandan también que el presidente conservador cree un proceso de negociación independiente y específico para abordar sus demandas. Esta es una idea a la que, al menos al principio, el gobierno no está dispuesto, alegando que incluir a todos los colombianos sería un enfoque más democrático.

“El presidente les ha explicado que lo ideal es tener espacios incluyentes, no excluyentes”, dijo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

Varios manifestantes se mostraron de acuerdo con la decisión del Comité Nacional del Paro de no participar en la “conversación nacional” iniciada por Duque, quien parece emular a su homólogo francés Emmanuel Macron con su “gran debate nacional”, el proceso que inició para implicar a los ciudadanos en la redacción de reformas tras meses de protestas.

SAN DIEGO — El San Diego Zoo Safari Park tiene una nueva cría: un rinoceronte blanco concebido mediante inseminación artificial.

Amani, de 11 años de edad, parió el jueves a una hembra de rinoceronte blanco del sur, informó el parque.

La cría camina y se amamanta sin mayores problemas y está fortaleciendo el vínculo con su madre.

Se trata del ejemplar número 100 de rinoceronte blanco que nace en el parque y el segundo concebido mediante inseminación artificial.

Otra rinoceronta parió a la primera de estas crías, Edward, en julio pasado.

El zoológico señala que los alumbramientos utilizando esperma congelado son parte de las labores por desarrollar el conocimiento necesario para salvar a la subespecie conocida como rinoceronte blanco del norte, de la cual solo sobreviven dos ejemplares en estado silvestre y ambos son hembras.

Muchas otras especies de rinoceronte también se encuentran al borde de la extinción.