PARÍS (AP) — La policía francesa desmanteló este jueves campamentos improvisados de migrantes en áreas bajo autopistas suburbanas en el noreste de París, una oportunidad que el gobierno del presidente Emmanuel Macron aprovechó para demostrar que está tomando medidas severas contra la inmigración.

La policía organizó un gran operativo para desmantelar cientos de carpas cubiertas y amenazó con llevar a centros de detención a quienes regresen al lugar.

El prefecto de la policía Didier Lallement dijo a la prensa el jueves que 1.606 personas fueron desalojadas y que “el sitio ahora está libre de todos los ocupantes”.

Unos 600 policías estuvieron involucrados en el operativo y Lallement dijo que se mantendrá presencia policial en el área para evitar que regresen los migrantes.

En un comunicado, la policía advirtió que las “personas que intenten reasentarse serán inmediatamente registradas y se verificará su estatus administrativo, lo que ocasionará que sean colocados en un centro de detención administrativo si están ilegalmente en territorio nacional”.

El muy anunciado operativo, el más grande en más de un año, llega un día después de que el gobierno francés juró “recuperar el control” de la inmigración.

Las nuevas medidas para lidiar con la inmigración fueron anunciadas el miércoles, incluso una cuota para migrantes económicos, al fijar un máximo de inmigrantes según las necesidades laborales en varias profesiones.

Por otro lado, un enfrentamiento entre migrantes en un campamento de carpas en el noroeste de Bosnia dejó a cuatro personas levemente heridas, informó el jueves la policía del país.

El enfrentamiento fue entre migrantes de Pakistán y Afganistán, agregó la policía. Cuatro migrantes de Pakistán fueron detenidos, reportó la prensa local.

Cientos de migrantes se quedan en el campamento Vucjak cerca de Bihac mientras buscan formas de trasladarse hacia el occidente de Europa.

Organizaciones internacionales en Bosnia han exhortado a las autoridades a clausurar el campamento, ubicado en un antiguo vertedero y cerca de un campo de minas que quedó de la guerra de 1992-1995.

LONDRES (AP) — La policía británica identificó formalmente a las 39 personas halladas muertas en un tráiler de carga en el sureste de Inglaterra y notificó a sus familiares, informó este jueves esa agencia en lo que parece ser un caso de tráfico humano que terminó en tragedia.

Las autoridades informaron que han estado trabajando con la policía de Vietnam y forenses para identificar los cadáveres que fueron hallados el 23 de octubre en la caja de un camión en un parque industrial en Grays.

“Este es un paso importante en la investigación y nos permite trabajar con nuestros colegas de la policía vietnamita para apoyar a las familias de las víctimas”, dijo Tim Smith, el oficial de la policía local responsable del caso.

“Lo correcto es que le demos a los familiares la oportunidad de confirmar la muerte de sus seres queridos antes de dar a conocer más información”, agregó.

La semana pasada, las autoridades informaron que todas las víctimas eran vietnamitas. Detectives tomaron muestras de ADN de personas en Vietnam que sospechaban que algún familiar desaparecido iba en ese camión.

La policía británica ya acusó al conductor del tráiler, Maurice Robinson, un norirlandés de 25 años, por 39 cargos de homicidio y conspiración para traficar personas. Las autoridades dicen que Robinson llevó el camión al puerto inglés de Purfleet donde recogió el contenedor, el cual habría llegado por ferry desde el puerto de Zeebrugge, en Bélgica.

Otras tres personas quedaron en libertad bajo fianza mientras sigue la investigación del caso.

En Irlanda, fue arrestado un hombre de 22 años y la policía de Essex dijo que ya comenzó el proceso de extradición para llevarlo al Reino Unido a enfrentar cargos por homicidio. Varias personas más han sido detenidas en Vietnam.

BOLIVIA- Una turba incendió la Alcaldía de la ciudad de Vinto, cuya alcaldesa, la oficialista Patricia Arce, fue arrastrada por calle, donde la rociaron pintura y la cortaron el pelo, hasta que fue rescatada por la Policía. Durante toda la jornada se registraron graves disturbios con un número indeterminado de heridos.

Una muchedumbre asaltó el edificio municipal de Vinto, una ciudad de algo más de 60.000 habitantes, que fue incendiado antes de que sacaran a la fuerza a la alcaldesa, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce corría descalza por la calle entre empujones, hasta caer al suelo entre una multitud que gritaba “asesina”, según mostraron las imágenes de medios bolivianos como los diarios cochabambinos los Tiempos y Opinión.

Las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto registraron esta noche incidentes entre defensores y contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, en una nueva jornada de disturbios en el país en la que se registró una tercera víctima mortal tras las elecciones del 20 de octubre, en la región central de Cochabamba.

El fallecido, un joven de 20 años, murió en un hospital de la ciudad homónima tras sufrir graves heridas en los enfrentamientos, y se suma a los otros dos hombres que murieron la semana pasada en choques entre afines y contrarios a Morales en la ciudad oriental de Montero.

La Paz fue de nuevo el escenario de la confrontación en una zona cercana a la sede del Gobierno de Bolivia, donde el martes por la noche también hubo protestas con una decena de heridos. Esta vez los disturbios se produjeron entre grupos de universitarios, que acusan al presidente de fraude a su favor en las elecciones, y mineros que defienden la victoria de Morales para un cuarto mandato.

Tanto en La Paz como en El Alto los incidentes se prolongaron hasta la medianoche, con choques con la Policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los violentos, a lo que contribuyó además una fuerte lluvia.

El ministro boliviano de Defensa, Javier Zavaleta, en declaraciones a los medios, atribuyó “la escalada de violencia en el país” a una llamada del líder cívico Luis Fernando Camacho, que horas antes había llegado a La Paz con intención de entregar una carta a Evo Morales para que firmase su renuncia.

México (AP) — Bajo fuertes medidas de seguridad, la remota comunidad agrícola de La Mora se preparó para celebrar este jueves los primeros funerales por algunos de los nueve estadounidenses, tres mujeres y seis niños, asesinados por pistoleros de un cartel del narcotráfico.

Docenas de camionetas, muchas de ellas con matrícula de Estados Unidos de lugares tan lejanos como Dakota del Norte, recorrieron carreteras de tierra y piedras por el desierto, en áridas praderas y montañas cubiertas de pinos el miércoles mientras la noche caía sobre esta aldea de alrededor de 300 habitantes. Muchos de sus residentes tienen doble nacionalidad de Estados Unidos y México y se consideran mormones aunque no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Se espera que al menos 1.000 visitantes duerman en la localidad antes de los entierros del jueves, ya sea en el piso de las alrededor de 30 viviendas existentes o en las tiendas de campaña que ellos mismos traen. Al menos una vaca fue sacrificada para ayudar a alimentar a las masas, además de a las docenas de soldados mexicanos que custodian la entrada a La Mora.

Steven Langford, que fue alcalde de la aldea de 2015 a 2018, espera que los asesinatos tengan un “importante” impacto en la comunidad. En su día no pensaba en moverse por la zona en el medio de la noche, pero en los 10 o 15 últimos años la situación “empeoró y empeoró y empeoró”. Teme que alrededor de la mitad de los residentes puedan marcharse fuera.

“Esto fue una masacre, 100% una masacre”, dijo Langford, que perdió a una hermana, Christina Langford, en la emboscada. “No sé cómo entra en la conciencia de nadie hacer algo tan horrible”.

Cuando los pistoleros abrieron fuego contra el grupo el lunes, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Sonora no estaban allí para protegerlos. Tardaron alrededor de ocho horas en llegar.

Para muchos, la tragedia parece demostrar una vez más que el gobierno ha perdido el control de vastas zonas de México ante los narcotraficantes.

“El país está sufriendo mucho por la violencia”, dijo William Stubbs, un productor de nueces y alfalfa que es miembro de un comité de seguridad de la Colonia LeBarón, una localidad con una población mayoritariamente estadounidense. “La ves por todas partes. Y no está mejorando. Está empeorando”.

La ausencia de las fuerzas de seguridad en zonas rurales como los estados norteños de Chihuahua y Sonora llevó en su día a que los residentes con doble nacionalidad de sitios como la Colonia LeBarón formaran sus propios cuerpos de defensa civil.

MADRID (AP) — El piloto que encendió por error una alerta de secuestro de avión estando en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam estaba en ese momento enseñando procedimientos técnicos a un copiloto, informó hoy la empresa propietaria de la aerolínea española Air Europa.

Globalia detalló que el piloto introdujo el código por error cuando el avión estaba a punto de despegar hacia Madrid ayer.

La alerta detonó una enorme operación de seguridad en el aeropuerto Schiphol. Nadie resultó herido.

La compañía dijo en un comunicado ayer que la tripulación informó a los pasajeros que era una falsa alarma.

La aerolínea tuiteó en ese momento: “No ha pasado nada, todos los pasajeros están sanos y salvos esperando volar pronto. Nos disculpamos profundamente”.

Globalia dijo hoy que daba el tema por terminado y que no se tomarían medidas disciplinarias.

BOGOTÁ (AP) — El ministro de Defensa de Colombia renunció este miércoles después de recibir duras críticas por no revelar la muerte de varios menores durante un operativo militar contra disidentes de la que fuera la guerrilla más grande del país.

Guillermo Botero presentó una carta de renuncia al presidente, Iván Duque, en la que resaltó sus logros en el combate a la delincuencia y aseguró que la “coyuntura política” actual lo obliga a dejar el cargo.

“He aceptado la renuncia”, anunció Duque en Twitter. “Quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo”.

El exministro había enfrentado crecientes críticas por su manejo de varios incidentes que ponen de manifiesto la lucha existente en Colombia por derrotar a los grupos armados ilegales sin repetir los errores del pasado ni vulnerar los derechos humanos.

El senador Roy Barreras acusó este martes a Botero de negligencia por no informar a la población de que al menos siete menores murieron durante un operativo militar dirigido a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Botero describió las acusaciones como “información especulativa” y el ejército negó saber que había menores presentes en el lugar.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles que ocho menores murieron en el operativo realizado a finales de agosto en San Vicente del Caguán, una región que en su día estuvo bajo control de los rebeldes que firmaron un histórico acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado más largo de Latinoamérica.

“Estoy convencido el ministro no solamente le oculto información a los colombianos sino al propio presidente”, dijo Barreras el miércoles. “Hace una fuerte llamada de atención al gobierno, diciéndole que hay que reconducir la agenda nacional”.

La indignación en torno a las muertes se da después de una serie de incidentes que causaron preocupación sobre el comportamiento del ejército y su respuesta a la creciente ola de violencia contra comunidades indígenas y líderes sociales.

En un episodio reciente, un habitante de la violenta región de Cauca murió en lo que el ejército describió como un operativo contra guerrilleros disidentes, pero que los residentes de la zona describieron como un homicidio.

Dos masacres distintas en Cauca a finales de agosto, incluyendo una en la que murieron cinco líderes indígenas, indignaron a los colombianos y subrayaron las continuas amenazas en materia de seguridad en regiones en que los remanentes de grupos armados se disputan territorios y las lucrativas rutas para el trasiego de drogas.

BAGDAD (AP) — El principal puerto de Irak reabrió este jueves tras cinco días bloqueado por manifestantes antigubernamentales, mientras que en Bagdad, cuatro manifestantes murieron por disparos de la policía cuando intentaban retirar barreras de seguridad en una calle del centro de la capital, dijeron funcionarios de seguridad y médicos.

Al menos 24 personas más resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes, agregaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato en cumplimiento de las regulaciones.

En Bagdad, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes que marchaban por la calle Rashid, donde se ubica el Banco Central del país, mientras trataban de retirar las barreras de seguridad instaladas cerca de dos puentes que llevan a la orilla occidental del Río Tigris. Los disconformes han estado intentando llegar a la Zona Verde, en ese lado del río, donde hay oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras.

Decenas de miles de personas salieron a la calle en las últimas semanas tanto en la capital como en el sur, de mayoría chií, para exigir un cambio político. Los manifestantes se quejan de corrupción generalizada, falta de empleos y servicios básicos deficientes, incluyendo cortes de luz habituales a pesar de que el país tiene vastas reservas petrolíferas. Más de 250 personas fallecieron desde el 1 de octubre.

Los manifestantes cortaron calles para aumentar la presión sobre el gobierno, una táctica similar a la que se emplea en las movilizaciones que se registran en Líbano.

La reapertura del puerto de Umm Qasr, que cuenta con una importante terminal petrolera y es el punto de entrada de alimentos y productos básicos, se produjo un día después de que el ejército pidió a los inconformes que levantasen los bloqueos en carreteras y puertos. Según las autoridades, estos boicots tuvieron un costo de 6.000 millones de dólares para el país y dijeron que detendrían a los responsables.

Los líderes iraquíes prometieron reformas y elecciones anticipadas, pero el proceso que presentaron podría demorarse meses y las protestas no han hecho más que aumentar en los últimos días.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Hubo una época en la que la violencia de la guerra de México contra el narcotráfico, entre 2006 y 2012, conmocionó a los estadounidenses, pero apenas les afectó. En esta ocasión, como en todo lo demás en el renovado conflicto del país con los carteles, es peor.

El asesinato de tres mujeres estadounidenses y seis de sus hijos, algunos de ellos bebés, el lunes en el estado norteño de Sonora dejó en evidencia la vieja creencia de que los carteles del narcotráfico evitarían matar a extranjeros, mujeres o niños. Pero no fue ni la primera ni la única vez.

Los niños pasan a ser víctimas con una frecuencia escalofriante mientras las reglas no escritas de la guerra contra el narco parecen desvanecerse. En agosto, pistoleros entraron a una casa de Ciudad Juárez, territorio del cartel de Juárez, y dispararon 123 balas que acabaron con la vida de niñas de 14, 13 y 4 años además de con la de un adulto que parecía ser el verdadero blanco del ataque.

Unos días antes de la masacre de Sonora, la policía detuvo a un sospechoso en la capital del estado, Hermosillo, que retenía a un empresario de Nueva York para pedir un rescate en un caso con una víctima extranjera. El hombre fue secuestrado en Tucson, Arizona, y al parecer cruzó la frontera en el maletero de un coche.

El impactante asesinato de los nueve estadounidenses a manos de pistoleros hicieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciese ayuda a México para borrar los cárteles “de la faz de la Tierra”. Su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la oferta, pero otros, tanto dentro como fuera del país, se preguntan si no habrá llegado el momento de que cambie su política de “abrazos, no balazos”, que evita la confrontación y trata de resolver los problemas sociales subyacentes en su lugar.

Incumplir las viejas convenciones de no matar a niños y familias o atacar a extranjeros no parece ser una prioridad, ni siquiera una preocupación, para los criminales dada la débil aplicación de la ley en México.

“Desde la perspectiva de los delincuentes, es lo mismo matar a uno que matar a nueve”, dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. “No perciben que hay un riesgo adicional de cometer este tipo de actos de brutalidad extrema”.

“Mismo caso con los niños, no perciben que hay una raya en la arena. Y no lo han percibido porque el Gobierno no lo ha pintado”, agregó.

Los estadounidenses muertos vivían en comunidades mexicanas fundadas hace décadas por una escisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los reportes de las madres intentando proteger a sus hijos de la lluvia de balas y de niños heridos caminando durante horas tras la balacera para buscar ayuda para los sobrevivientes más pequeños intensificaron los llamados desde el extranjero para una nueva guerra contra el narco.