WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump intenta poner fin a un acuerdo que limita el tiempo que los menores migrantes pueden permanecer detenidos, su iniciativa más reciente para reducir la inmigración en la frontera sur del país.
La medida casi seguramente desencadenará una nueva disputa en los tribunales, en una impugnación al intento para mantener detenidas a familias migrantes hasta que se decidan sus casos de asilo.
Un acuerdo vigente supervisado por los tribunales federales requiere que el gobierno mantenga a los menores de edad en un entorno lo menos restrictivo posible y que los libere en cuanto pueda, generalmente después de 20 días de detención.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijeron que están adoptando sus propias regulaciones que se apegan al llamado Acuerdo Flores, el cual ha estado vigente desde 1997. Señalaron que ya no hay necesidad de que los tribunales se involucren, ya que sólo se pretendía que fuera temporal. Pero las nuevas reglas permitirían que el gobierno mantenga bajo custodia a las familias por mucho más de 20 días.
Restringir la inmigración es un asunto de alta prioridad en la agenda política de Trump, encaminada a limitar el movimiento de los solicitantes de asilo en el país y disuadir a más migrantes de cruzar la frontera.
Seguramente volverá a generar indignación internacional, a raíz de los informes de condiciones deficientes en los centros de detención. Está en duda si los tribunales permitirán que el gobierno de Trump siga adelante con la política.
Por su parte, el mandatario la defendió y manifestó que “soy el que mantuvo a las familias unidas”.
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la perspectiva de una detención más larga de los niños migrantes en Estados Unidos. En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México señaló que monitoreará las condiciones en los centros de detención y continuará ofreciendo servicios consulares a cualquier familia mexicana que pueda ser detenida bajo las nuevas normas. También mencionó que estaría al tanto de cualquier impugnación legal y que “se evaluarán las alternativas legales correspondientes”.
En Estados Unidos, los defensores de los inmigrantes y los demócratas deploraron las nuevas regulaciones y dijeron que la detención prolongada sería traumática para los niños migrantes.
“El gobierno busca codificar el maltrato infantil, así de simple y sencillo”, aseveró la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en un comunicado.
Peter Schey, un abogado que representa a niños inmigrantes en el caso Flores y preside el Center for Human Rights and Constitutional Law, dijo que si las nuevas regulaciones no coinciden con el acuerdo en ese caso, “estarían en violación material inmediata, o incluso en desacato a la corte”.
“Creo que todas estas cosas son ahora parte de la campaña hacia las elecciones de 2020”, agregó Schey.
El secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, dijo el miércoles que las regulaciones crean estándares más elevados para operar las instalaciones de detención de familias. Los centros serán auditados frecuentemente, y las auditorías se harán públicas.
Se prevé que las regulaciones sean publicadas oficialmente el viernes y entren en vigor en 60 días, si es que no hay impugnaciones legales.
Holly Cooper, codirectora de la clínica de derecho de inmigración de la Universidad de California en Davis y abogada en el caso Flores, dijo que los abogados no han visto las reglas finales y que tendrán una semana para informar a un juez federal, que empezará a sopesar si son consecuentes con el acuerdo.
La regla propuesta por el gobierno, comentó, no permitiría que los abogados supervisen las condiciones en las instalaciones fronterizas y habría cambiado drásticamente el tiempo que los niños podrían estar detenidos y los estándares que se deberían cumplir para su cuidado.
“Vamos a tener un mundo que se parezca mucho al internamiento de familias y niños, donde básicamente hayamos regularizado la prisión como un sitio predeterminado para las familias que busquen asilo político en este país”, comentó a los reporteros.
La regla surge luego de unas acciones realizadas la semana pasada para ampliar la definición de “carga pública” para incluir a los inmigrantes que hagan uso de prestaciones sociales, lo que posiblemente les negaría la residencia a más inmigrantes. También hubo un esfuerzo reciente para poner fin de manera efectiva al asilo en la frontera sur.
Ha habido un aumento drástico en el número de familias que cruzan la frontera de Estados Unidos con México: unas 475.000 en lo que va del año fiscal, casi el triple del año entero anterior. La mayoría quedan en libertad en territorio estadounidense mientras se procesan sus solicitudes de asilo, una práctica que Trump califica desdeñosamente de “atrapar y soltar”.
El Acuerdo Flores entró en vigor en 1997, pero se aplicó principalmente a los menores que llegaron solos a Estados Unidos. En 2015, la jueza federal de distrito Dolly Ghee falló que los requisitos eran aplicables a los niños que cruzaron la frontera con sus familias, después de que el gobierno del entonces presidente Barack Obama construyó centros de detención para familias y empezó a detenerlas juntas hasta que se completaran sus casos.
El DHS no dijo cuánto tiempo espera que se mantenga detenidas a las familias, pero McAleenan señaló que en el gobierno anterior fue de aproximadamente 50 días.
“La intención es que haya un procesamiento imparcial y expedito”, manifestó.
Los casos de asilo que involucran a familias detenidas son procesados mucho más rápido que los casos de las familias que fueron puestas en libertad, tardando meses en lugar de años en resolverse, en parte debido a que no hay ninguno de los retrasos que ocurren cuando los inmigrantes no se presentan a las audiencias.
El gobierno opera tres centros de detención para familias que pueden albergar a unas 3.000 personas. Uno se utiliza para adultos solos, y los otros dos están al límite de su capacidad.
McAleenan dijo que no prevé que necesite más camas debido a que, junto con otros esfuerzos para reducir el flujo de migrantes, espera que menos gente llegue al país.
Los defensores de los inmigrantes, por el contrario, dijeron que creen que el cambio pondría a mucho más migrantes en procedimientos judiciales detenidos, haciendo más lento el proceso y manteniendo a los niños encerrados por más tiempo.
“Esto es innecesariamente cruel y francamente malvado”, comentó Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización activista Families Belong Together, a los reporteros. “La idea de que se puede confiar en este gobierno y sus agencias para que se autorregulen y cumplan las reglas es completamente ridícula”.
El enorme flujo de familias centroamericanas que llegan a la frontera de Estados Unidos con México ha puesto a prueba el sistema y frustrado el discurso duro de Trump sobre inmigración, aunque se espera que el flujo se reduzca gracias a los acuerdos de México para aplicar medidas enérgicas con el fin de frenar a los migrantes y un nuevo acuerdo con Guatemala que forzará a los migrantes a solicitar asilo allí en lugar de dirigirse al norte.
Los funcionarios del gobierno de Trump también han obligado a más de 30.000 personas a esperar en México los resultados de sus solicitudes de asilo. De momento no está claro cómo este cambio afectaría esa política.
El Acuerdo Flores fija estándares para el cuidado de los niños que cruzan la frontera sin compañía de un adulto, así como para las familias migrantes. Los abogados en el caso hablaron hace poco sobre lo que dijeron eran condiciones deplorables y sucias para los niños detenidos en instalaciones fronterizas que no estaban hechas para albergar a una gran cantidad de gente por mucho tiempo.
Un informe publicado hace unos días por un supervisor independiente que monitorea las reclamaciones de incumplimiento del gobierno a las reglas establecidas en el acuerdo detalló un hacinamiento extremo y condiciones deplorables que los jóvenes inmigrantes tienen que padecer mientras están detenidos.
Por ejemplo, una estación de la Patrulla Fronteriza en el suburbio de Clint, en El Paso, Texas, tiene una capacidad para 105 niños. Para el 1 de junio, albergaba a 676. Los abogados que visitaron la instalación ese mismo mes describieron condiciones miserables. Los niños cuidaban a los bebés, comentaron los abogados, y agregaron que los alimentos eran inadecuados, así como el agua y los servicios sanitarios.
Un panel federal de apelaciones determinó la semana pasada que los niños deberían recibir alimentos en buen estado, agua limpia, jabón y pasta de dientes en conformidad con el acuerdo, luego de un intento para limitar lo que se les debe proporcionar.
Taxin informó desde Santa Ana, California. Los periodistas de la AP Astrid Galvan en Phoenix y Jill Colvin en Washington contribuyeron a este despacho.
