CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró el lunes que hay nuevas pruebas sobre el sistema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país y se comprometió a sentar a los involucrados en el banquillo por crimen organizado en un plazo de dos meses.
“Absolutamente”, contestó a una pregunta de la prensa sobre si había nuevos indicios. “En un plazo que no debe pasar de 60 días se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, afirmó.
En 2016, Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura. La gran mayoría de los gobiernos involucrados han iniciado procesos contra varios implicados entre los que hay altos funcionarios y empresarios. En Ecuador, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glas está preso por nexos con la constructora, mientras que en Perú hay tres expresidentes en la mira de la justicia por lo mismo.
Sin embargo, México y Venezuela son los dos países de la región que no ha acusado formalmente a nadie, aunque el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue señalado por antiguos directivos de Odebrecht como receptor de sobornos. Él negó las acusaciones.
El exfiscal peruano José Ugaz, exdirector de Transparencia Internacional, afirmaba hace meses que la carencia de procesos en México tenía que ver con la falta de independencia de la entonces Procuraduría General de la República.
“Vamos a incluir [en el procesamiento del caso] a todos los que legalmente podamos incluir”, agregó el fiscal.
La falta de resultados en este caso es sólo un ejemplo de lo que, según Gertz Manero, se encontró esta administración al llegar a la fiscalía: anarquía, corrupción, rezago “injustificado” de más de 300.000 investigaciones, 21.000 órdenes de aprehensión incumplidas y una impunidad de 95%.
“El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del total de asuntos tramitados”, indicó en este sentido.
Entre las anomalías encontradas, el fiscal subrayó “asignaciones desproporcionadas e ilógicas” de, por ejemplo, 1000 casos a un solo investigador mientras otros detectives no tenían ninguno, la existencia de funcionarios que no se sabía qué hacían, el uso “irracional” e “impropio” de los efectivos de la fiscalía o compras injustificadas o infladas, como haber destinado más de 50 millones de dólares a la adquisición y mantenimiento de drones o haber comprado una aeronave cuatro millones de dólares más cara de lo que los técnicos decían que valía.
Sin embargo, no aclaró si altos funcionarios podrían ser procesados. “Estamos en proceso de investigación”, se limitó a afirmar tras asegurar que su departamento ya ha judicializado 400 denuncias por actos de corrupción de las 12.700 presentadas desde el cambio de gobierno, el pasado 1 de diciembre.
Gertz Manero dijo también que están reestructurando todo el departamento para agilizar los casos pendientes y que despidieron a un millar de funcionarios de alto nivel.
Al hacer un repaso sobre los casos más relevantes que investiga su departamento, se refirió a la explosión e incendio de una toma clandestina de combustible al norte de Ciudad de México en enero donde murieron más de 130 personas y dijo que se había pedido el apoyo de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI para aclarar si pudo haber posibles atrasos de Pemex a la hora de reaccionar al siniestro.
Sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, se mostró convencido de que habrá que reponer procedimientos pero eludió pronunciarse sobre si exfuncionarios serían procesados por encubrimiento o obstrucciones a la justicia. Asimismo, puso como referencia de estudio bien hecho el último informe de la Comisión Nacional de Derechos que, paradójicamente vuelve a dejar abierta la hipótesis oficial de que los 43 jóvenes fueron calcinados en un basurero, algo que expertos internacionales rechazaron.
