BUENOS AIRES (AP) — La policía allanaba este jueves dos de las viviendas de la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández, acusada de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas.

Los procedimientos comenzaron por la mañana en el departamento que Fernández (2007-2015) posee en un antiguo edificio situado en el elegante barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda era requisada por al menos una docena de policías federales cumpliendo una orden del juez federal Claudio Bonadío.

Seguidores de la senadora y curiosos estaban apostados en el lugar junto con numerosos periodistas cuando llegaron varias camionetas con efectivos de la división de explosivos y la policía científica -con mamelucos blancos y guantes de látex azules- cargados con dispositivos técnicos para inspeccionar la vivienda. Varios perros entrenados fueron sumados al operativo.

Poco antes de las 15 local (1800 GMT) un requipo de la policía federal también con equipos especiales y perros entrenados para buscar drogas, explosivos y dinero ingresó a la vivienda de Fernández en la ciudad de Río Gallegos, capital de la patagónica provincia de Santa Cruz.

Por su condición de senadora el juez Bonadío pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar las dos casas de Fernández en Santa Cruz y su departamento en Buenos Aires el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

El Senado autorizó el miércoles al juez inspeccionar las propiedades. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria – de 65 años-, quien el día antes había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que el procedimiento debe guardar “decoro” y “tutelar las garantías constitucionales”, especialmente el derecho a la intimidad.

Poco después de que comenzara el operativo en Buenos Aires, Carlos Beraldi, abogado de la senadora, dijo a periodistas que pedirá la “nulidad del procedimiento” por ir en contra de los principios constitucionales. “Se quiere hacer una farsa”, afirmó el letrado, quien dijo haber sido conminado a abandonar el departamento allanado.

En tanto, Gregorio Dalbón, también abogado de la senadora, afirmó a The Associated Press que “estos shows mediáticos son para ocultar la realidad del gobierno del presidente (Mauricio) Macri… que no puede sostener un país que se está cayendo a pedazos”.

Aunque los críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultarían inútiles, algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados los bolsos con dinero.

Fernández negó ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder a Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.

Durante la sesión del Senado que dio vía libre a los allanamientos la exmandataria puso en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que han confesado haber pagado sobornos.

En la causa sobre la que sería la mayor trama de corrupción en décadas en Argentina hay al menos 16 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.

Según versiones de la prensa con acceso a la investigación, dos exfuncionarios declararon que Fernández estaba al tanto del pago de sobornos. En tanto, varios empresarios reconocieron pagos millonarios a funcionarios o aportes para las campañas electorales del matrimonio Kirchner.

Fernández puede ser investigada, procesada y juzgada pero no detenida en virtud de sus fueros parlamentarios. En caso de que el juez solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que empresarios habrían pagado los sobornos. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la casa de gobierno nacional y la residencia presidencial.

HONOLULU (AP) — El inminente huracán empezó a hacerse real para los habitantes de Hawai luego de que se abrieron los refugios de emergencia, comenzó a llover y las alertas sonaron en sus celulares.

Está previsto que Lane continúe girando hacia el noroeste, en dirección al archipiélago, este jueves, y podría convertirse en la tormenta más potente que azota la región desde el huracán Iniki en 1992.

“En este momento, todo el mundo está esperando”, dijo Christyl Nagao, de Kauai. “Nuestras familias están aquí. Tenemos negocios y otras cosas. Solo hay que cuidar el fuerte y agarrarse fuerte”.

Las autoridades abrieron albergues en la Isla de Hawai y en Maui, Molokai y Lanai el miércoles y pidieron a quienes necesiten alojarse en Molokai que vayan allí pronto por miedo a que la principal autopista en la costa sur de la isla quede intransitable.

En la isla de Oahu, que está en alerta por huracán desde el miércoles en la noche, estaba previsto que los refugios abriesen el jueves. Las autoridades trabajaban también para ayudar a la considerable población de personas sin techo, la mayoría de los cuales viven cerca de playas o arroyos que podrían desbordarse.

Ante la escasez de espacio en los refugios estatales, el administrador de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai, Tom Travis, pidió a quienes viven en zonas donde no hay riesgo de inundación que permanezcan en sus casas.

El huracán Lane es un meteoro de categoría 4, lo que supone que tiene vientos de entre 209 y 251 kilómetros por hora (entre 130 y 156 millas por hora).

En la Isla de Hawai se empezaron a sentir los primeros efectos de Lane, dijo el gobernador, David Ige, en una conferencia de prensa el miércoles.

Las lluvias asociadas al meteoro provocaron aguaceros en algunas partes de la isla, señaló Matt Foster, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona este de la isla cayeron más de 7,6 centímetros de lluvia (casi 3 pulgadas) en tres horas, añadió.

BROOKLYN, Iowa, EE.UU. (AP) — Un mexicano encausado por el asesinato de una estudiante universitaria de Iowa trabajó durante años con un nombre falso en una granja lechera ubicada a unos cuantos kilómetros de donde supuestamente la joven fue secuestrada el mes pasado mientras corría, reveló el miércoles la compañía que lo empleaba.

Cristhian Bahena Rivera era un buen empleado que se presentaba a tiempo para cuidar de las vacas y tenía una buena relación con sus compañeros, dijo Dane Lang, gerente de Yarrabee Farms, en Brooklyn, Iowa.

El joven de 24 años siguió presentándose a trabajar después de que Mollie Tibbetts desapareció el 18 de julio y “nadie notó una diferencia” en su comportamiento, destacó Lang. Sus colegas quedaron asombrados el martes al enterarse no solo de que era sospechoso en la muerte de Tibbetts, sino de que tenía un nombre distinto a como se le conocía en la granja, dijo el gerente.

“Nuestro empleado no es quien dijo ser”, comentó Lang en una conferencia de prensa dentro de la granja. “Eso nos sorprendió”.

(Lee también: Mexicano en EEUU confiesa que secuestró y mató a estudiante)

Cuando Bahena fue contratado en 2014, presentó una identificación con fotografía emitida en otro estado y su tarjeta del Seguro Social correspondiente, comentó Lang. La información fue cotejada y validada a través del sistema de verificación de empleo de la Administración del Seguro Social, recalcó.

El abogado defensor de Bahena, Allan Richards, reconoció el miércoles que su cliente recibía su pago con otro nombre y que no tenía certeza sobre su estatus migratorio. Dijo que estaba preparado a argumentar que su representado estaba legalmente en el país, subrayando que llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y que ha trabajado y pagado sus impuestos durante años.

“Se presentaba todos los días y hacía su trabajo. Se le felicitaba. Se hicieron de la vista gorda sobre la autenticidad de la documentación”, comentó Richards.

Bahena tuvo el miércoles su comparecencia inicial en la corte por un cargo de homicidio premeditado por el asesinato de Tibbetts, una joven de 20 años de edad que estudiaba en la Universidad de Iowa.

Los investigadores dicen que creen que Bahena estaba ilegalmente en el país cuando secuestró a Tibbetts mientras ella trotaba, la asesinó y se deshizo del cuerpo en un maizal. El miércoles, un juez accedió a incrementar su fianza de 1 a 5 millones de dólares después de que el fiscal Scott Brown indicó que existía el riesgo de que Bahena se diera a la fuga y estaba acusado de un “crimen atroz”.

Bahena Rivera se mantuvo impávido durante gran parte de la audiencia, vistiendo un uniforme a rayas de la prisión, esposas, y hablando brevemente por medio de un intérprete.

Su abogado, Richards, arremetió contra el presidente Donald Trump por declarar públicamente culpable a su representado durante un evento la noche del martes, en el que se refirió al sistema migratorio del país como una desgracia. Dijo que su cliente era trabajador y contaba con educación equivalente al octavo grado, no tiene antecedentes penales y merecía la presunción de inocencia y un juicio justo.

“El lamentable Trump opinó sobre este asunto ante la prensa nacional, lo que envenena a todos los potenciales jurados”, dijo Richard en documentos de la corte.

Trump mencionó el arresto durante un mitin en Virginia Occidental: “Escucharon hoy sobre el extranjero ilegal que vino, muy tristemente, de México y vieron lo que pasó con esa increíble y bella joven. Nunca debió ocurrir. Ilegalmente en nuestro país”.

Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas han presentado una orden de detención migratoria contra Bahena, lo que significa que la agencia tiene causa probable para creer que es sujeto a deportación.

Yarrabee Farms es una pequeña granja familiar que opera desde 1860, y durante seis generaciones ha pertenecido a la familia Lang, reconocida en la comunidad, la industria láctea y la política republicana. Dane Lang dijo que la granja ha recibido decenas de llamadas telefónicas y mensajes perturbadores desde el arresto de su empelado, incluyendo amenazas de matar a su perro y prenderle fuego a sus instalaciones.

“Es una situación aterradora”, comentó.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump acusó este miércoles a su exabogado Michael Cohen de mentir bajo presión de las autoridades judiciales, y la Casa Blanca lidiaba contra los alegatos de que el presidente orquestó una campaña de encubrimiento para comprar el silencio de dos mujeres que afirman que tuvieron amoríos con él.

Ante las crecientes amenazas legales y políticas, Trump se dirigió a Twitter para acusar a Cohen de inventar “historias para conseguir un ‘trato’” con los fiscales federales. Cohen se declaró culpable el martes de ocho cargos, entre ellos violaciones de las leyes de financiamiento de campañas que, dijo, realizó en coordinación con el mandatario. A puertas cerradas, Trump expresó preocupación y frustración de que el hombre íntimamente familiarizado con sus acuerdos políticos, personales y comerciales durante más de una década, se haya puesto en su contra.

Sin embargo, la Casa Blanca no mostró una estrategia clara para lidiar con las repercusiones. En una rueda de prensa, la vocera Sarah Huckabee Sanders insistió en al menos siete ocasiones en que Trump no había hecho nada malo y que no era objeto de acusaciones criminales. Canalizó las preguntas sustantivas al abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien estaba en un campo de golf en Escocia. Aliados externos a la Casa Blanca dijeron que habían recibido pocas indicaciones de cómo responder a los hechos en sus apariciones en noticieros. Y no quedó claro si el Ala Oeste organizaba algún tipo de respuesta coordinada.

El mismo Trump negó públicamente haber cometido delito alguno durante una entrevista en su programa favorito “Fox & Friends”, que se transmitirá el jueves. En la entrevista argumentó, erróneamente, que los pagos a cambio de silencio “ni siquiera eran una violación de campaña” porque él después reembolsó a Cohen el dinero personalmente y no con fondos de campaña. La ley federal restringe cuánto dinero pueden donar los individuos a una campaña, prohíbe a corporativos hacer contribuciones directas y exige la transparencia de las transacciones.

Cohen dijo el martes que utilizó empresas fantasma para hacer pagos a la exmodelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels con el fin de comprar su silencio y así evitar perjudicar las elecciones de 2016.

Trump ha insistido en que se enteró de los pagos hasta después que se hicieron, a pesar de la difusión de conversaciones grabadas de 2016 en donde se escucha a Trump y Cohen mencionar un acuerdo para pagarle a McDougal por su versión de que tuvo un amorío en 2006 con Trump.

La Casa Blanca ha negado que el presidente haya mentido, y Sanders dijo que esa afirmación es “ridícula”. Sin embargo, no ofreció explicación sobre las distintas declaraciones de Trump.

Mientras Trump ventilaba sus frustraciones, sus asesores en la Casa Blanca buscaban proyectar calma. Acostumbrados a la siempre presente sombra de las investigaciones federales, los empleados del Ala Oeste absorbieron el martes los anuncios casi simultáneos del acuerdo de culpabilidad de Cohen y la declaración de culpabilidad contra el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, por delitos financieros.

No sorprendió que Cohen estuviera en problemas _ fiscales federales registraron sus oficinas hace meses _ pero Trump y sus aliados fueron tomados por sorpresa cuando también se declaró culpable de delitos financieros durante su campaña, lo que, por primera vez, puso las pesquisas criminales directamente en el presidente.

Ambos casos son resultado, por lo menos en parte, del trabajo del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga los intentos de Rusia de influenciar a los votantes en las elecciones de 2016.