SEATTLE (AP) — La amenazante llamada anónima llegó a la hora de la cena: 5.000 dólares si no quieres que matemos a tu hijo.
Por eso, Blanca Orantes López, su hijo de 8 años y su esposo, partieron de Puerto La Libertad, en El Salvador, y se fueron a Estados Unidos.
Dos meses después, ella está en una cárcel federal cerca de Seattle; su hijo, Abel Alexander, en un hogar para niños en el estado de Nueva York, en el otro lado del país. No sabe cuándo volverá a verlo.
“Hasta hoy no sé nada de él”, dijo entre lágrimas a The Associated Press.
Su historia es uno entre los 2.300 ejemplos de niños separados de sus padres como parte del intento del gobierno de Donald Trump de detener la inmigración ilegal. La práctica ha causado indignación a nivel nacional por las historias de niños arrancados de los brazos de sus madres y de padres que han sido deportados sin sus hijos.
El gobierno impuso una nueva política de “tolerancia cero” en abril con la intención de detener una ola de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. Las autoridades de Seguridad Nacional remiten todos los casos de ingreso ilegal a la justicia criminal.
Las autoridades dicen que están obligadas a separar a los niños antes de poder juzgar a los padres, pero muchos, como Orantes, permanecen separados de sus hijos mucho después de recibir su condena.
Trump ha elogiado las separaciones y acusado falsamente a los demócratas de la política.
“No nos disculparemos por nuestro trabajo o por el trabajo que realiza la policía, por el trabajo que el pueblo estadounidense espera de nosotros”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ante una asociación policial nacional en Nueva Orleans. “Las acciones ilegales tienen y deben tener consecuencias. Basta de impunidad”.
La llamada telefónica que la llevó a iniciar la travesía de un mes hasta la frontera no fue una amenaza hueca, dijo Orantes vía telefónica. Hace tres años, el tío de Abel fue secuestrado y liberado después que la familia pagó el rescate, dijo su abogado Matt Adams, director legal del Proyecto del Noroeste por los Derechos de los Inmigrantes, con sede en Seattle.
“Cuando uno no da dinero, empiezan a matar a las personas”, dijo Orantes, de 26 años.
En esta ocasión, la suma exigida era más de lo que podía reunir y el plazo era de una semana, agregó.
Ella y su hijo se separaron del padre en Guatemala. Él está oculto, y Orantes dijo que no sabe dónde está. Al llegar a la frontera, no les fue posible pedir asilo, dijo Adams.
“A mucha gente que llega a la frontera a solicitar asilo les dicen, ‘no tenemos capacidad’”, dijo Adams. “Y no pueden pasar días haciendo fila porque las autoridades mexicanas las capturan y deportan. Entonces sólo pueden cruzar el río o la quebrada”.
Es lo que hicieron. Madre e hijo entraron sin autorización a Texas, se entregaron inmediatamente a las autoridades y pidieron asilo, dijo Adams.
Los separaron para que Orantes pudiera ser procesada penalmente.
La mujer dijo que ha sido trasladada a varios centros de detención, incluido uno en Laredo, Texas, y colocada junto a otras madres desesperadas. En un momento dado, los funcionarios le llevaron a Abel, contó. “Me dijeron, ‘despídase de él porque lo vamos a trasladar’”, narró. “Sólo me dijeron que me despidiera… Él sólo se puso a llorar y me dijo: ‘No me dejes, mamá’”.
Yo le dije: “Vas a estar bien”. Sólo eso le dije.
Orantes fue detenida el 22 de mayo con otras 20 personas cerca de Roma, Texas, dijo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Fue condenada por el delito de entrar sin autorización a Estados Unidos y su sentencia fue el tiempo que había pasado en prisión preventiva. Pensó que esto la reuniría con Abel.
En lugar de eso, con los saturados centros de detención fronterizos, se convirtió en una de los más de 1.600 detenidos que han sido transferidos por el ICE a prisiones federales.
Fue enviada el 6 de junio al Centro de Detención Federal en SeaTac, en donde permanece con más de 200 detenidos en la frontera en espera de que proceda su petición de asilo. Las condiciones ahí son mejores que en las prisiones de inmigrantes, dijo.
Antes de los cambios a la política inmigratoria de Trump, es probable que no hubiera sido procesada, sino que le habrían permitido quedarse con su hijo y ser entrevistada para determinar si tenía un temor real de ser perseguida o torturada en su país natal. Si los funcionarios determinaban que así era, es probable que hubieran puesto en libertad tanto a ella como a Abel mientras se daba seguimiento a su caso.
Pasaron semanas antes de enterarse de la ubicación de su hijo, narró. No ha hablado con él. Su abogado dice que ella no tiene dinero y no le permiten hacer llamadas por cobrar al centro en Kingston, Nueva York, en donde está. El niño ha podido llamar a su hermana, María Orantes, que vive en Maryland y que, sin éxito, ha solicitado su custodia.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuya Oficina de Reubicación de Refugiados supervisa la colocación de niños migrantes separados de sus familias, no respondió de inmediato a un email en busca de comentario sobre porqué el niño no había sido enviado con su tía.
Blanca Orantes dijo que esperaba vivir con su hermana. Quería “trabajar, criar aquí a mi hijo. Ser una buena persona, salir adelante, tener dinero, ya no esconderme. Pensé que aquí todo iba a ser diferente”.
