BOGOTÁ (AP) — Un exguerrillero y un delfín político se disputarán la presidencia de Colombia en una segunda ronda electoral que arrojará al sucesor de Juan Manuel Santos este 17 de junio: Gustavo Petro e Iván Duque se ubican en lados opuestos del espectro político y difieren en casi todos los temas urgentes que enfrenta el país sudamericano. Éstas son sus biografías.

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IVÁN DUQUE

Con solo 41 años, Duque tiene una corta carrera política y sería el presidente más joven que Colombia ha tenido desde el siglo XIX. Representa al Centro Democrático, un partido de talante conservador fundado por el expresidente Álvaro Uribe.

Duque propone reactivar la economía mediante la reducción de impuestos a la empresa privada, quiere estimular la inversión en los sectores petroleros y mineros y hacer modificaciones al acuerdo de paz pactado en el 2016 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ahora es un partido político.

Al respecto, Duque ha mencionado que renegociaría la amnistía a excombatientes involucrados en narcotráfico y prohibiría que antiguos comandantes ocuparan cargos políticos prometidos en el acuerdo hasta que confesaran sus crímenes y resarcieran a las víctimas.

Estas ideas le han ayudado a liderar las encuestas electorales, aunque la ventaja de 20 puntos que ostentaba después de la primera ronda ha disminuido en los últimos días de campaña y de acuerdo a un sondeo ha dejado a Petro, su rival, sólo seis puntos atrás.

Algunos analistas temen que la modificación de los acuerdos incentive a algunos guerrilleros a retomar las armas y complique las negociaciones con la guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo insurgente que actualmente dialoga con el gobierno.

Otra propuesta polémica del candidato es una reforma judicial que reduciría el número de altas cortes en Colombia. El candidato ha dicho que la reforma es necesaria para que el sistema judicial sea más eficiente pero sus adversarios temen que sea una movida diseñada para ejercer más control sobre el poder judicial y beneficiar a Uribe. El expresidente enfrenta varios procesos por abusos de derechos humanos cometidos bajo su mandato.

Duque es hijo de un exgobernador de provincia, pero pasó la mayor parte de su vida profesional ocupando cargos medios en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ingreso a la política en 2014, cuando el expresidente Uribe lo invitó a ser parte de la lista al senado del Centro Democrático.

En la primera ronda del pasado 27 de mayo, Duque obtuvo el 39% de los votos.

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GUSTAVO PETRO

Es el candidato de Colombia Humana, un partido nuevo que tiene el apoyo de varios movimientos de izquierda.

Petro, de 58 años, fue guerrillero en su juventud y pasó un par de años en la cárcel por posesión de armas. En 1990 su agrupación guerrillera, el M-19, firmó un acuerdo de paz con el gobierno y Petro empezó a participar en la política. En los últimos 25 años ha sido representante a la cámara, senador y alcalde de Bogotá, y es conocido por liderar exitosas investigaciones contra políticos que tenían nexos con grupos paramilitares de extrema derecha.

Para ganar estas elecciones, Petro tendría que duplicar el número de votos que obtuvo en la primera vuelta, en la que quedó de segundo entre cinco candidatos con 25% de los sufragios.

En el plano económico, Petro propone promover el desarrollo de energías renovables y fomentar la agricultura para que la economía de Colombia dependa menos del petróleo y la minería. Petro además ha dicho que incrementaría los impuestos a grandes extensiones de tierras que el Estado considere improductivas y que incluso convencería a sus dueños a vendérselas al gobierno.

El exguerrillero apoya el actual acuerdo de paz con las FARC y ha dicho que prefiere reducir la producción de drogas en Colombia dando a los campesinos incentivos para cambiar a otros cultivos en vez de utilizar la fuerza.

Su talón de Aquiles durante la campaña ha sido su relación ambigua con el gobierno de la vecina Venezuela. Hace unos años Petro se declaró un admirador del fallecido líder revolucionario Hugo Chávez, a quien llamo “un gran líder latinoamericano” y el año pasado se distinguió de otros políticos colombianos por no criticar a Nicolás Maduro en una cuestionada elección para conformar la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en los últimos meses de la campaña Petro ha dicho que Maduro se convirtió en un “dictador.”

Los contrincantes de Petro lo acusan de cambiar de opinión por conveniencia y temen que si llega a ser presidente convertiría a Colombia en “otra Venezuela.” En respuesta, el candidato ha dicho que propondría políticas moderadas para reducir las inequidades sociales y que no quiere convertir a su país en un régimen autoritario basado en la explotación de recursos natural.

WASHINGTON (AP) — Un asesor legislativo del presidente Donald Trump anunció a sus colegas que dejará el cargo en los próximos meses.

Dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el director para asuntos legislativos Marc Short reveló sus planes el viernes, sin ofrecer una fecha exacta, pero dijo que se iría este verano.

Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente y exigieron el anonimato.

Short ha liderado la agenda legislativa de Trump, que ha tenido resultados mixtos durante sus primeros 18 meses en el cargo. El mayor logro con el Congreso fue la aprobación del proyecto de ley de recorte de impuestos, a finales de 2017. Sin embargo, han resultado infructuosas las presiones del gobierno de Trump para que los legisladores reformen la ley de salud que heredó del presidente Barack Obama y ha enfrentado problemas para acordar una ley sobre inmigración.

La partida de Short será la más reciente de una serie de salidas de alto perfil. A principios de año, se fue el secretario de Estado Rex Tillerson, el asesor de seguridad nacional H.R. McMaster y uno de sus principales asesores económicos, Gary Cohn, entre otros.

Short fue nombrado antes de que Trump asumiera el cargo en 2017. Durante la campaña de 2016, se desempeñó como director de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence. Previamente trabajó como presidente de Freedom Partners, un grupo similar a una cámara de comercio de los multimillonarios hermanos Koch.

Short no respondió de momento a las solicitudes para comentar al respecto.

WASHINGTON (AP) — Paul Manafort, exjefe de la campaña del presidente Donald Trump, irá a la cárcel. La medida ordenada el viernes por una jueza federal hizo que Manafort sea el primer funcionario de campaña de Trump en ser encarcelado luego de la labor del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Ya bajo una presión intensa para cooperar con los fiscales con la esperanza de obtener clemencia, Manafort pierde ahora la relativa libertad de la que disfrutaba mientras se preparaba para dos juicios penales en los que enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión.

La jueza federal Amy Berman Jackson puso fin al arresto domiciliario de Manafort y ordenó que sea enviado a prisión, citando cargos recién presentados por obstrucción de la justicia.

Al emitir su fallo, Jackson dijo que tuvo problemas para tomar la decisión, pero que no podía “hacerse de la vista gorda” ante su conducta. “Ha abusado de la confianza depositada en usted hace seis meses”, afirmó.

La semana pasada, un jurado federal de investigación acusó a Manafort y a un asociado de mucho tiempo atrás, Konstantin Kilimnik, de obstrucción a la justicia y de asociación ilícita para obstruir la justicia, lo que se suma a los múltiples cargos por delitos graves que ya enfrentaba.

Los cargos no están relacionados con su trabajo en la campaña de Trump ni implican señalamientos de interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Manafort, de 69 años, y Kilimnik están acusados de intentar manipular a los testigos del caso, buscando que mintieran sobre la naturaleza de su trabajo político en Ucrania. Los fiscales dicen que Manafort y Kilimnik trataron que dos testigos dijeran que el trabajo de cabildeo realizado por ex políticos pagados clandestinamente solo ocurrió en Europa y no en Estados Unidos, un argumento que los dos testigos dijeron que sabían que era falso.

La distinción es importante porque las leyes estadounidenses establecen como delito el cabildeo en Estados Unidos a favor de extranjeros sin dar aviso a las autoridades, mientras que el cabildeo realizado únicamente en Europa estaría fuera de la jurisdicción del fiscal especial.

Los abogados de Manafort han argumentado que su cliente no hizo nada malo y acusaron a los fiscales de crear un “complot siniestro” a partir de contactos “inocuos” con testigos.

Manafort permanecerá en la cárcel mientras espera dos juicios en los próximos meses, uno en Washington y otro en Virginia. Enfrenta varios cargos por delitos graves relacionados con trabajos políticos que hizo en Ucrania, dinero que canalizó a través de cuentas en el extranjero y préstamos que obtuvo sobre propiedades en Estados Unidos.

WASHINGTON (AP) — Una compañía dirigida por exempleados de Cambridge Analytica, la firma de consultoría política en el centro de un escándalo sobre la obtención de información privada de usuarios de Facebook, han estado trabajando calladamente para la campaña de reelección del presidente Donald Trump en el 2020, conoció The Associated Press.

La AP confirmó que al menos cuatro exempleados de Cambridge Analytica están afiliados con Data Propria, una nueva compañía que se especializa en análisis de votantes y consumidores, un trabajo similar al de Cambridge Analytica antes de su colapso. El exjefe de producto de la compañía, Matt Oczkowski, encabeza la nueva firma, que incluye además al antiguo analista principal de datos de Cambridge Analytica.

Oczkowski rechazó que hubiese conexiones con la campaña de Trump, pero admitió que su nueva firma ha acordado hacer trabajo de campaña en el 2018 para el Comité Nacional Republicano. Oczkowski encabezó el equipo de Cambridge Analytica que trabajó en la campaña presidencial de Trump e el 2016.

La AP conoció del papel de Data Propria en los esfuerzos de reelección de Trump como resultado de conversaciones mantenidas con contactos políticos y posibles clientes efectuados por Oczkowski en semanas recientes. En una de esas conversaciones, que ocurrió en un lugar público y fue escuchada por dos reporteros de la AP, Oczkowski dijo que él y el gerente de la campaña 2020 de Trump, Brad Parscale, estaban haciendo “el trabajo del presidente para 2020”.

Además, una persona familiarizada con los trabajos de Data Propria en Washington, que habló a condición de preservar el anonimato, le confirmó a la AP que trabajos relacionados con la campaña 2020 de Trump ya habían comenzado en la firma, similares al trabajo de Cambridge Analytica en el 2016.

Tanto Oczkowski como Parscale le dijeron a la AP que no se había siquiera planeado trabajo en Data Propia para la campaña de Trump, pero confirmaron que Parscale ayudó a Data Propia a preparar una oferta exitosa para trabajo en los sondeos para las elecciones legislativas del 2018 para el Comité Nacional republicano.

Oczkowski le había dicho previamente a la AP que la firma no tenía intenciones de buscar clientes políticos. Cuando se le dijo que la AP le había escuchado discutiendo directamente trabajo de campaña, dijo que su joven compañía había cambiado de curso y que cualquier cosa que dijo sobre la campaña 2020 fue una conjetura.

“Obviamente estoy dispuesto a cualquier trabajo que esté disponible”, dijo Oczkowski, y apuntó que él y Parscale trabajaron juntos en la campaña de Trump del 2016.

Parscale le dijo a la AP que él ni siquiera ha comenzado a otorgar contratos para la campaña del 2020, para cuya dirección fue nombrado en marzo.

“Estoy absolutamente concentrado en los comicios del 2018 y en retener la cámara baja y aumentar nuestros escaños en el senado”, dijo. “Una hagamos esas cosas, comenzaré a trabajar en reelegir al presidente Trump”.

PANAMÁ (AP) — El expresidente panameño Ricardo Martinelli regresó el jueves a una cárcel de su país luego de permanecer hospitalizado durante tres días por una crisis hipertensiva que lo aquejó al llegar a la nación centroamericana tras ser extraditado por Estados Unidos.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli y quien se encontraba en las afueras de la cárcel donde está detenido preventivamente el exgobernante, dijo a periodistas que no había recibido notificación sobre el traslado de su cliente a la prisión y exigió que “respeten sus atenciones médicas”.

La defensa del exgobernante demanda que éste reciba atención médica en un centro hospitalario argumentando que se puede descompensar en cualquier momento.

Martinelli fue llevado devuelta a la cárcel El Renacer dos días después de que médicos forenses lo evaluaran en el hospital y concluyeran que su condición era estable.

En la víspera, los tres doctores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que evaluaron a Martinelli en el hospital público Santo Tomás, donde fue ingresado, informaron durante una audiencia que el exgobernante sufrió un cuadro agudo y crisis hipertensiva que motivó su hospitalización el mismo día que llegó extraditado. Agregaron que la situación de salud fue compensada y que el exgobernante se encontraba estable. También informaron que su diagnóstico incluye crisis hipertensiva, fibrilación auricular paroxística, enfermedad coronaria, glaucoma, ansiedad, hernia ventral y prostatismo.

El exgobernante (2009-2014) salió de Panamá a fines de 2015 después de que la Corte allanara el camino para que fuese investigado por acusaciones de corrupción. Martinelli fue detenido en Miami en junio de 2017 ante una solicitud de extradición formulada por Panamá para que enfrentara las acusaciones por intervenir las comunicaciones de unas 150 personas. La Corte judicial lo declaró en rebeldía al no presentarse a enfrentar los cargos por espionaje político.

De acuerdo con las acusaciones que fundamentaron la extradición, Martinelli compró durante su presidencia equipos especiales a dos compañías israelíes para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración.

El exmandatario, que había solicitado asilo político en Estados Unidos antes de su detención, niega esos cargos.

Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años enfrenta otras investigaciones por presuntos actos de corrupción, pero están estancadas. Él insiste en que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política del actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien lo niega.

DAYTONA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Dos personas cayeron 10 metros (34 pies) hasta el suelo al descarrilar un vagón de una montaña rusa, y otras ocho personas tuvieron que ser rescatadas a gran altura sobre el paseo marítimo de Daytona Beach, según las autoridades.

El coche delantero se salió de la vía el jueves por la noche y dos de sus cuatro pasajeros sufrieron lesiones al caer al suelo, explicó Sasha Staton, vocera de los bomberos de Daytona Beach. Los bomberos rescataron a otras dos personas de la vagoneta, que estaba suspendida en el aire.

Seis de los diez pasajeros fueron hospitalizados durante la noche, señaló la portavoz. En un primer momento se desconocía la gravedad de sus lesiones.

La causa del accidente se estaba investigando.

NUEVA YORK (AP) — La fundación caritativa de Donald Trump es poco más que un artilugio para castigar a empresarios rivales y apuntalar la imagen política del presidente, sostiene una demanda presentada el jueves por la fiscalía de Nueva York.

La Fundación Donald J. Trump “ha sido poco más que una chequera para pagos personales del señor Trump o sus negocios a organizaciones sin fines de lucro, sin importar su propósito o legalidad”, dijo la fiscal general de Nueva York Barbara Underwood en la demanda, en que se exige la disolución de la organización y el pago de 2,8 millones en compensación.

El litigio denuncia que la fundación ayudó a financiar la campaña de Trump por medio de la recaudación de fondos en un evento televisado en enero del 2016, y permitió que personal de la campaña decidiera cómo distribuir el dinero.

En unos tuits enviados el jueves, Trump calificó la demanda de “ridícula” y aseveró que no tratará de llegar a un acuerdo extrajudicial.

El mandatario, sin embargo, dijo lo mismo cuando surgió una demanda similar contra la Universidad Trump, y al final accedió a pagar 25 millones de dólares el año pasado en compensación.

Ni la abogada de la fundación, Sheri Dillon, ni una portavoz de la Organización Trump respondieron a mensajes pidiéndoles su comentario.

Las normas de la fundación estipulan que sus fondos pueden ser usados “exclusivamente para fines caritativos, religiosos, científicos, literarios o educativos” ya sea directamente o a través de otras entidades, sostiene la demanda.

Cumpliendo con lo exigido por las normas fiscales federales, las normas de la fundación prohíben destinar recursos directa o indirectamente para beneficiar a sus directivos o ejecutivos, o para beneficiar a candidato político alguno.

El predecesor de Underwood, Eric Schneiderman, abrió una investigación sobre la fundación en el 2016 al surgir un artículo en The Washington Post que decía que los fondos de la fundación fueron a beneficiar a Trump. Schneiderman ordenó a la fundación el cese de sus operaciones de recaudación de fondos en Nueva York.

En ese entonces la campaña Trump dijo que cooperaría con la investigación aunque había tildado a Schneiderman de ser “títere” de Hillary Clinton, rival de Trump en la campaña presidencial.

Schneiderman renunció el mes pasado en medio de denuncias de que maltrató a mujeres con quien salía; él niega las acusaciones.

La demanda presentada el jueves y nombra como demandados a la fundación y a sus directores: el presidente Trump y sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump.

Trump dijo también en Twitter: “Los sucios demócratas de Nueva York y el fiscal general Eric Schneiderman, ahora caído en desgracia y rechazado en la ciudad, están haciendo todo a su alcance para demandarme a mí y a una fundación que recaudó 18,8 millones de dólares y dio a fines caritativos más dinero del que recibió, 19,2 millones de dólares. ¡No voy a buscar un acuerdo para poner fin a este litigio!”

Continuó: “Schneiderman, quien fue jefe de la campaña de Clinton en Nueva York, nunca tuvo la valentía de llevar a tribunales este caso que se quedó en el limbo por casi dos años. Ahora él ha renunciado en desgracia y sus discípulos están llevando el caso a tribunales porque no nosotros nos negamos a ceder”.