Por Julissa Martínez Hernández.
La reciente tragedia ocurrida en el residencial Naco Dorado IV, donde Jean Andrés Pumarol, hijo del reconocido golfista dominicano Willy Pumarol, atacó con un arma blanca a varias personas, ha sacudido a la sociedad dominicana.
Más allá del horror inmediato, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchos prefieren ignorar: la salud mental en nuestro país sigue siendo una deuda pendiente.
Durante su habitual encuentro semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader calificó la situación como “compleja”, señalando que no se trata solo de políticas públicas, sino de la atención que debe prestarse a las familias que conviven con personas con trastornos mentales. Y tiene razón: la problemática no puede reducirse a un simple enfoque institucional, sino que exige una mirada integral, humana y urgente.
Miles de personas con enfermedades mentales viven en condiciones inhumanas en la República Dominicana. Muchos están encerrados en sus casas, algunos incluso encadenados por familiares que, ante la desesperación, optan por medidas extremas. Otros deambulan por las calles sin techo, sin alimento, sin medicamentos ni apoyo de ningún tipo. El abandono es evidente.
La carga que enfrentan las familias es inmensa. No solo se trata del sufrimiento emocional, sino también del alto costo de los tratamientos psiquiátricos, medicamentos, terapias y consultas especializadas. Y mientras tanto, el sistema de salud pública sigue sin ofrecer respuestas eficaces. Urge que el Estado garantice el acceso a seguros médicos que incluyan cobertura para enfermedades mentales, así como la creación de centros de atención dignos y funcionales.
Pero más allá de lo estructural, también hace falta una política de orientación y apoyo a las familias. Educación, formación en salud mental, campañas de sensibilización y líneas de ayuda accesibles pueden marcar una diferencia. La sociedad necesita aprender a tratar con empatía a quienes padecen estas enfermedades, y no solo reaccionar cuando ocurre una tragedia.
No basta con atender los casos extremos cuando estallan en los medios. Se necesita una política pública sostenida que incluya la creación de consultas psicológicas y psiquiátricas gratuitas o subsidiadas, impulsadas por el Estado, para que miles de familias tengan la oportunidad de ofrecer una vida digna a sus seres queridos.
Porque sí, se trata de seres humanos. Personas que, con la atención y el tratamiento adecuados, pueden llevar una vida funcional y ser parte activa de la sociedad. La salud mental no puede seguir siendo el eslabón olvidado del sistema de salud. La tragedia de Naco Dorado IV no debe quedar solo en los titulares; debe ser el punto de partida para un compromiso real con una población que el Estado no puede seguir ignorando.
