La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) remitió una carta al Congreso Nacional con observaciones técnicas al proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, recientemente aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados.
En la comunicación, firmada por su presidenta, Rosanna Ruiz, la ABA solicitó revisar a fondo los artículos 15 y 16 de la iniciativa, advirtiendo que, si bien el objetivo es proteger tanto al arrendador como al inquilino, el texto traslada funciones indebidas al sistema financiero.
Uno de los puntos críticos señalados es el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en entidades bancarias, lo que, según la ABA, implica responsabilidades legales y operativas para las que los bancos no están facultados.
“Aunque puede verse como una vía para fomentar la bancarización, se trata de una relación contractual privada. Imponer su gestión obligatoria a una entidad financiera altera su naturaleza jurídica”, señala la carta dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto.
La ABA también rechazó que se obligue a los bancos a entregar estas garantías “sin más trámite”, sin establecer procedimientos ni criterios objetivos que permitan determinar el cumplimiento o incumplimiento del contrato de alquiler.
Asimismo, cuestionó la indefinición sobre si el depósito debe mantenerse íntegro durante todo el contrato, si puede ser retirado anticipadamente o quién tendría la autoridad para autorizar su devolución en caso de controversia.
Sobre la propuesta de notificar todos los contratos al órgano supervisor bancario, el gremio advirtió que esto generaría una carga operativa inédita y ajena a las funciones propias del sector financiero.
De aprobarse sin ajustes, el proyecto colocaría a los bancos en una posición similar a la que enfrentan actualmente con los embargos, usados con frecuencia sin controles judiciales adecuados, generando distorsiones, inseguridad jurídica y perjuicios económicos, alertó la ABA.
El gremio también expresó que la propuesta legislativa limita la libertad contractual y afecta el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución. Además, podría desincentivar mecanismos clave para el desarrollo del mercado de valores, como los fondos cerrados de inversión inmobiliaria.
En una nota de prensa, la ABA advirtió que la aprobación de este proyecto sin modificaciones podría frenar la inversión en nuevas propiedades para alquiler, lo que impactaría negativamente en la construcción, un sector con fuerte efecto multiplicador en la economía.
Finalmente, la ABA reiteró su disposición a colaborar con el Congreso en la búsqueda de un texto equilibrado, funcional y respetuoso del marco legal vigente.
