La policía chilena se encuentra ante el doble desafío de contener crecientes niveles de violencia social y responder a denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un contingente que comienza a dar señales de precarización a pesar de su prestigio pasado.
En más de 40 días de manifestaciones, saqueos e incendios, que se saldan con 23 muertos y miles de heridos, Carabineros de Chile enfrenta denuncias de atropellos a los derechos humanos en el control de las protestas y la detención de los manifestantes, sumadas a cuestionamientos por su ineficacia a la hora de enfrentar asaltos al comercio o proteger la propiedad privada.
En un intento por controlar la situación de desorden Piñera presentó un proyecto para que los militares resguarden infraestructura crítica y dijo que pidió ayuda técnica a policías de Inglaterra, Francia y España, reseñó la agencia de noticias AFP.
La policía francesa negó este miércoles que estuviese acordado asesoramiento sobre mantenimiento del orden. El ministerio español de Interior acusó recibo de la solicitud pero aclaró que «no hay una decisión tomada».
Un reporte de Human Rights Watch, divulgado el martes, denunció el uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, con golpizas brutales y violencia sexual, en línea con un anterior informe de Amnistía Internacional.
Reprochan especialmente el uso de las escopetas antidisturbios, que han dejado casi 300 personas con lesiones oculares severas por perdigones. El caso más dramático es el del estudiante de 21 años Gustavo Gatica, que perdió la visión de ambos ojos tras acudir a una manifestación en la céntrica Plaza Italia el 8 de noviembre.
«Creemos que los abusos no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a conductas que se han ido repitiendo», afirmó José Miguel Vivanco, de HRW.