El juez Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, declaró “no ha lugar” la solicitud de intervención que presentó el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves y su compañía, World Music Latino (WML), para participar formalmente en la demanda de $250 millones que radicó Daddy Yankee.
Con su petición, Pina Nieves, quien no fue demandado por el artista urbano, buscaba intervenir en el caso para defenderse, por la vía judicial, de lo que calificó como “imputaciones falsas en su contra” que lo vinculan con “una presunta pérdida de millones a la parte demandante”.
Sin embargo, Álvarez Burgos emitió ayer, lunes, una resolución que consta de 10 páginas, en la cual establece que WML y Pina Nieves “no son partes indispensables” y que “su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas”.
Daddy Yankee, en representación de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., presentó el 4 de marzo una demanda contra su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, por violación deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.
Un mes más tarde de que se presentara la demanda, el 4 de abril, Pina Nieves y WML presentaron una solicitud de intervención planteando, entre otras cosas, que las alegaciones contenidas en la demanda son falsas y que buscan hacerle daño a la reputación y a los negocios del productor musical.
“Este Tribunal determina que ya sea bajo la Regla 21.1 (intervención como cuestión de derecho) o la Regla 21.2 de Procedimiento Civil (intervención permisible), el señor Rafael Pina y WML Corp., no tienen derecho a intervenir en el presente caso”, dictó Álvarez Burgos en su resolución.
El juez superior reiteró que “la acción derivativa como en el presente caso, es una causa de acción a favor de la corporación que inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado algún daño”.
“En la demanda presentada, WML Corp., y el señor Rafael Pina Nieves no son accionistas de la corporación o en el caso del señor Rafael Pina Nieves, director, oficial o funcionarios”, mencionó el juez.
Con esta determinación, Álvarez Burgos acogió los planteamientos que hizo el 6 de junio la representación legal del artista, compuesta por los licenciados Carlos E. Díaz Olivo, José A. Cuevas Segarra, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, oponiéndose a la solicitud de intervención.
Entre otras cosas, el equipo legal del “Big Boss” sostuvo que WML y Pina Nieves no son partes indispensables y que la ausencia de estos no impide que no proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas.
Además, señalaron que la solicitud de intervención propuesta reclamaba daños a la reputación, pero que de manera reiterada se ha resuelto en los tribunales que la reputación en este tipo de caso no constituye el perjuicio legal necesario para justificar la pretendida intervención.
“Ni el señor Pina (Nieves) ni WML tienen reclamación alguna en su contra en este caso, ni enfrentan perjuicio alguno como resultado de las determinaciones de hecho que eventualmente emita este Honorable Tribunal—las cuales no podrán ser invocadas en su contra mediante el principio de impedimento colateral precisamente por su condición de no parte”, dijeron.
Según la defensa del artista, la solicitud de intervención lo que demuestra es que Pina Nieves y WML “están preocupados por la posibilidad de reclamaciones en su contra relacionadas con una deuda de $1 millón, negligencia en la valoración del catálogo previo a su venta, dolo y falta de consentimiento en la venta del catálogo del señor Ayala Rodríguez, así como pagos excesivos vinculados a la gira, que ascienden a $27 millones”.
A tono con lo anterior, el 6 de junio, la representación legal de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc., presentaron su oposición a la solicitud de intervención. En resumen, se planteó que están ante un pleito corporativo, donde no hay espacio para traer como parte a un tercero que no forma parte alguna de las corporaciones involucradas.
Sostuvieron que las alegaciones de la solicitud de intervención deben examinarse a la luz de los deberes impuestos como tal por la Ley General de Corporaciones. Según los demandantes, permitir la intervención solicitada, atentaría contra la economía procesal, el orden judicial y los derechos de las verdaderas partes en este caso.
El mismo día que las corporaciones presentaron su oposición a la solicitud de intervención, en cambio, las hermanas González Castellanos solicitaron al Tribunal que se retrase la decisión de la solicitud de intervención hasta que se atendiera la petición de desestimación por falta de legitimación activa.
Mientras, el 13 de junio, el equipo legal de Pina Nieves y de su compañía WML objetó los argumentos que utilizó la defensa de las corporaciones del artista para mantenerlos fuera de la controversial demanda.
Los licenciados José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera MacMurray, representantes legales de Pina y WML, respectivamente, defendieron la solicitud de intervención en el caso. Insistieron en que las alegaciones que incluyó la defensa de Daddy Yankee son falsas y difamatorias.
Además, reiteraron que las alegaciones en contra de Pina y WML “carecen de mérito”. “Pina y WML solicitan intervenir para que se les permita probar que exactamente eso que se está diciendo sobre ellos es falso”, establecieron los abogados al responder a las múltiples ilegalidades planteadas en la demanda de Daddy Yankee.
