«Nos vamos a volver locos con este encierro», expresa Celia* con desesperación desde su casa en Barrio Obrero, un sector de San Juan, la capital de Puerto Rico, que se distingue por ser uno de los epicentros de la comunidad dominicana en la isla.
La mujer llegó a esta zona hace cuatro años luego de cruzar de forma irregular el peligroso Canal de la Mona en una embarcación desde República Dominicana.
Dice que lo hizo por amor, luego de que su expareja y padre de su hija le invitó a mudarse.
Pese a lo complicado y riesgoso de su decisión, al llegar vio que de cierta manera rindió frutos. Encontró un trabajo como mesera en un restaurante, comenzó a ganar en dólares y estableció un hogar en un vecindario en donde gran parte de los residentes conocen de cerca la experiencia de migrar.
Pero desde enero, la vida de Celia, de 33 años, ha dado un giro.
Puerto Rico, un territorio estadounidense sin poderes soberanos desde hace más de un siglo, no está exento de las duras políticas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Allí también avanzan las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que hasta el miércoles había detenido a 528 migrantes irregulares, de los que 392 tenían nacionalidad dominicana.
En donde antes era política pública entregar licencias de conducir y permitir abrir cuentas de banco a las personas que no tenían documentos de residencia, ahora se respira miedo. El gobierno local, incluso, confirmó que comparte información con las autoridades sobre los conductores que no tienen estatus migratorio legal.
Y esa realidad ha tocado de cerca a Barrio Obrero y sus locales.
Hasta el miércoles, ICE había detenido a 528 personas en Puerto Rico, de las cuales 392 son de nacionalidad dominicana.
«Yo salía del trabajo y me sentaba a despejar la mente en la plaza, a tomar la brisa. Ahora allí no hay casi nadie. Voy con miedo al restaurante y del restaurante a la casa. Por suerte, mi jefe me viene a buscar en su auto y me regresa en las tardes, porque si no, no me atrevería a salir», sostiene Celia.
No solo se preocupa por sí misma, su hija, que nació en enero, le cruza el pensamiento sin parar. Luego de la primera redada en el barrio, ocurrida el 26 de ese mismo mes, cuando ICE llegó al lugar con armas y vehículos blindados, Celia decidió enviarla a su país.
«El papá -de quien ya no soy pareja- y yo firmamos un poder para enviarla con una amiga a República Dominicana. La niña está ahora con su abuela y mi hermana. Como ella es ciudadana estadounidense, porque nació aquí, yo tenía temor de que las autoridades me arrestaran, y me regresaran a mi país, y se quedaran con ella», cuenta.
Ahora vive inmersa en la incertidumbre.
Mientras, el gobierno puertorriqueño, que no respondió a una solicitud de comentario de este medio, se mantiene de brazos cruzados ante los arrestos de migrantes en la isla.
Temen, indicó a la prensa de la isla la gobernadora Jennifer González, que la administración de Trump pueda tomar represalias y cortar el flujo de dinero federal.
Y en Barrio Obrero, afirman activistas y defensores de derechos humanos, se gesta lo que podría ser una crisis humanitaria y económica.
Un golpe al comercio
De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en el territorio viven cerca de 53.000 personas de nacionalidad dominicana. El número es una subestimación de la cantidad real, que se presume mucho mayor, dado a que el Censo de EE.UU. nunca ha sido efectivo en el conteo de las comunidades minoritarias.
Aun así, la comunidad dominicana es el grupo de extranjeros con mayor presencia en Puerto Rico, donde hay 3.2 millones de habitantes.
En general, San Juan es el destino predilecto para los dominicanos que hacen de Puerto Rico su hogar.
En lugares como Barrio Obrero, se escucha el merengue y la salsa por igual, y se come tanto mangú como mofongo, los platos típicos a base de plátano distintivos de ambas naciones.
No obstante, «ahora está muerto», dice desde su negocio Rosario de la Cruz, una dominicana que lleva en la isla 20 años. «Si pasan de noche dos o tres carros es mucho, antes aquí nada se detenía», añade.
Es dueña del Fogón de Chary, una fonda en la que vende comida dominicana y puertorriqueña. Antes de la implementación de las medidas de Trump, vendía de US$3.000 a US$4.000 diarios. Además, tenía cinco empleados, e incluso mantenía las puertas abiertas hasta la madrugada.
Rosario de la Cruz tuvo que reducir las horas de operación de su negocio y despedir personal ante la baja de clientes en Barrio Obrero.
«Ayer, en todo el día, solo llegaron cinco clientes», sostiene. «Si estoy vendiendo US$100 al día es mucho».
Ha despedido a sus trabajadores, ahora solo atiende con su hermana, y redujo las horas de operación a solo las tardes. Tras 11 años de emprender, quizás deba cerrar y buscarse un empleo, señala de la Cruz, quien también es madre soltera y les envía remesas a sus hijos veinteañeros en República Dominicana.
«Mi permiso de residencia me lo dieron el otro día, así que imagino el miedo de la gente. Si a mí me deportan a República Dominicana, ni siquiera mis hijos me van a conocer bien, porque por la necesidad, yo los dejé en el país de pequeños», comenta.
Algo similar le ocurre a Gerald Hernández, dueño de un establecimiento de envío de divisas y de una barbería.
De 30 clientes al día, ahora solo siete u ocho llegan a su local a enviar dinero. Y lo hacen atemorizados. En la barbería, ahora solo se trabaja en fin de semana.
«La gente viene desesperada, en Uber para no caminar o piden a alguien que los traiga en un auto y que les espere en la puerta. Y es que, durante las redadas, cuando los arrestan, los tratan como si fueran delincuentes», indica Hernández, quien desde 2019 vive en Puerto Rico y tiene permiso de residencia.
El comerciante asegura que conoce a otras personas que han tenido que cerrar sus negocios por el bajo flujo de clientes.
«No tengo mucha esperanza, porque esto es una orden presidencial. Debemos mantenernos batallando durante estos cuatro años, a ver si el negocio sobrevive. Ahora tendré que usar mis ahorros para mantenerme».
Operativos «inhumanos»
Para José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, los operativos de ICE han sido «desproporcionados» e «inhumanos».
Los agentes de inmigración se han centrado en intervenir no solo los barrios en donde vive una gran cantidad de dominicanos, también sus espacios de trabajo, como los restaurantes y las construcciones, sectores que cuentan con una cantidad significativa de mano de obra migrante.
La redada más grande ocurrió a mediados de mayo, cuando 53 personas fueron arrestadas mientras realizaban labores de construcción en La Concha, un reconocido hotel de la capital.
En Barrio Obrero, cuenta Rodríguez, durante sus intervenciones las autoridades han derribado puertas de casas de «gente humilde», aunque ICE le dijo a BBC Mundo en una declaración escrita que ninguno de sus agentes «ha reportado puertas forzadas para hacer alguna entrada».
«Ahora la gente no se atreve salir a trabajar, eso crea una crisis humanitaria y de derechos humanos. Hay personas que están pasando hambre encerradas en sus casas. Además, no pueden enviar dinero a sus familiares en República Dominicana. Eso crea una reacción en cadena», sostiene Rodríguez.
Activistas afirman que algunos migrantes en Puerto Rico desisten de buscar ayuda médica o de las autoridades por miedo a ser arrestados y deportados.
Romelinda Grullón, del Centro para la Mujer Dominicana, una organización que ofrece ayuda a migrantes víctimas de violencia de género, comenta que hay personas que tienen sus tratamientos médicos y sicológicos atrasados por miedo a ser detenidos.
En su propia organización ha visto un menor flujo de personas y han tenido que cambiar gran parte de los servicios a modalidad virtual.
«Nadie está seguro en ningún lugar, ni siquiera en los tribunales. Hay personas que están viviendo situaciones de violencia y no se atreven a ir ante un juez a denunciar por miedo a que les arresten y deporten», explica.
Del número total de migrantes en Puerto Rico, 52% son mujeres, asegura. Y muchas experimentan situaciones similares a Celia y Rosario de la Cruz, quienes son madres solteras y único sostén de sus hijos en República Dominicana.
«Sienten que se puede hacer muy poco y que están en una situación de desamparo», indica Grullón.
El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles y el Colegio de Médicos Cirujanos han comenzado una iniciativa para ofrecer servicios de orientación legal y de salud a domicilio, en busca de apoyar a la comunidad migrante de la isla, cuenta Rodríguez.
El activista también criticó a los gobiernos de Puerto Rico y República Dominicana.
«Son gobiernos que se arrastran ante Donald Trump, no lo enfrentan», señala.
Y agrega que, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader está implementando una política similar a la de EE.UU., pero con la comunidad haitiana.
«Abinader y Donald Trump son cómplices», dice.
La cancillería de República Dominicana, al igual que hizo el gobierno local de Puerto Rico, no respondió a una solicitud de comentario de BBC Mundo.
El gobierno de Puerto Rico evitó intervenir con la política migratoria de Trump por temor a perder fondos federales.
Familias separadas
La Iglesia Metodista San Pablo de Barrio Obrero ha tenido que ir a atender a sus fieles a las casas.
«Apenas hay gente en la calle», dice la pastora Nilka Marrero.
Durante las pasadas semanas, han repartido entre la comunidad migrante de la localidad 1.476 bolsas de comida y cerca de 4.000 platos calientes.
Están «limitados por la falta de fondos», pero es al menos «un pequeño alivio» a las dificultades que están viviendo.
Además de los alimentos, ofrecen ayuda sicológica y orientación legal, así como el acostumbrado apoyo espiritual.
En el barrio, comenta, no solo se ha desplomado la actividad económica. Los residentes se están yendo.
«Las familias están quedando separadas, hay mucho desplazamiento. Algunos se están yendo a las montañas de Puerto Rico en busca de estabilidad emocional. Hay otros que han decidido voluntariamente irse a sus países», cuenta.
Cerca del Barrio Obrero, hay dos edificios que «parecen esqueletos», a medio construir, detalla. Uno es un proyecto de expansión de las oficinas de un banco y el otro es la estructura en el hotel La Concha en donde arrestaron hace unas semanas a decenas de migrantes.
ICE en Puerto Rico ha realizado redadas no solo en lugares como Barrio Obrero, también en espacios donde es común que trabajen los migrantes, como las construcciones.
No hay trabajadores suficientes para terminar la obra.
«Cuando afecte la economía en una mayor escala, es que el gobierno tomará acción, por ahora no espero nada por parte de ellos», dice la pastora.
Celia, por su parte, no puede quedarse en casa. Su hija necesita sustento. Así que piensa seguir trabajando en el restaurante de la forma más discreta posible.
Por toda la situación que está viviendo, dice que no se siente bien.
Pero no es solo un tema emocional, la mujer padece de presión alta. Por suerte, no ha tenido que ir en días recientes al médico y ha logrado comprar sus medicamentos en la farmacia, evitando caminar e invirtiendo en Uber.
«No tengo ánimo ni fuerzas en el cuerpo, llevo diez años padeciendo de esta enfermedad. Tú sabes, a las personas hipertensas, el cuerpo se nos afloja», suelta.
E insiste: «Espero que nos dejen trabajar, a los dominicanos nos gusta trabajar».
