(EFE).- Unos 255.000 bebés al año quedarían afectados por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina la ciudadanía por nacimiento y que este jueves se argumenta ante la Corte Suprema, advierte un estudio del Migration Policy Institute (MPI), aunque especialistas dudan de que prospere.
Si Trump concreta su intención de remover el derecho a la ciudadanía por nacer en territorio estadounidense, la población indocumentada, que MPI estima ahora en 13,7 millones de personas, se elevaría en 2,7 millones para 2045, mientras que el incremento sería del 40 % para 2075, calcula el informe.

La investigación también advierte de un posible aumento en los migrantes que dejarían el país, al citar un estudio que estimó que 500.000 niños nacidos en Estados Unidos vivían en México en 2020, pues muchos salen por voluntad propia o por la deportación de un familiar.
“Esta creación de una clase de residentes nacidos en EE.UU., pero desprovistos de sus derechos de ciudadanía podría sembrar las semillas para una disrupción significativa de la movilidad económica y cohesión social”, comentaron los autores del reporte, Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt.
El MPI recordó además que los enemigos de la ciudadanía automática citan frecuentemente el llamado “turismo de nacimiento”, cuando mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz y así obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Sin embargo, subrayó, que los datos disponibles indican que se trata de una práctica poco común. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., los nacimientos de madres extranjeras no residentes representan apenas una pequeña fracción del total: alrededor de 9.000 de los 3,6 millones de nacimientos anuales en el país.
¿Un derecho seguro?
En su segundo día en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados y de migrantes con visados temporales, pero tres jueces federales fallaron por separado su bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso, que está impugnado.
El decreto contradice la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que considera ciudadano a cualquiera que nazca en EE.UU., pero ahora “es difícil decir” qué sucederá porque “hay una Corte conservadora con jueces nominados por el presidente”, explicó a EFE Thomas Kennedy, consultor y analista de Florida Immigrant Coalition (FLIC).
Aunque se prevé que la política de Trump no se concrete, ya hay “mucha confusión e incertidumbre” entre los migrantes, quienes temen que sus hijos, incluso los ya nacidos, pierdan su ciudadanía de forma retroactiva, algo que no contempla la iniciativa, expuso Kennedy.
“En última instancia, pienso que no tendrá éxito, pero sí crea una especie de ambiente hostil en el que los migrantes y sus familiares sienten que están bajo acecho y bajo amenaza”, comentó el experto.
Las implicaciones del debate
Más allá del derecho a la ciudadanía, el debate en la Corte Suprema se centrará en si los tribunales inferiores pueden bloquear las órdenes del presidente con un interdicto universal, pues la Administración de Trump insiste en que esto es inconstitucional.
“La audiencia de hoy es acerca de las implicaciones del interdicto y sobre si bloquear la orden ejecutiva permanece en la jurisdicción afectada de la corte o a nivel nacional. Es un proceso complicado, pero la Constitución de EE.UU. es clara y la Corte Suprema debería respetarla como está escrita”, declaró a EFE Jerry Gonzalez, CEO of GALEO Impact Fund, organización latina del estado de Georgia.
Gonzalez enfatiza que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución, pero Kennedy de FLIC advierte de que la Corte Suprema podría limitar el poder de los tribunales inferiores que han bloqueado sus políticas migratorias, por lo que, pase lo que pase, el resultado de la audiencia será trascendental.