El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por cargos relacionados con una presunta conspiración para anular los resultados electorales de 2022, según determinó este miércoles el Tribunal Supremo del país.
Bolsonaro se encontraba entre las 34 personas acusadas el mes pasado de cinco delitos, incluyendo intento de golpe de Estado. Parte de la conspiración golpista, según la fiscalía, implicaba un plan para potencialmente asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente y a un ministro del Tribunal Supremo. Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad.
El tribunal decidió este miércoles, por mayoría simple, aceptar los cargos contra ocho de los acusados, incluyendo a Bolsonaro, su candidato a la vicepresidencia y otros líderes militares y políticos. La votación será definitiva cuando todos los jueces hayan emitido sus votos.
El tribunal decidirá el destino de las otras 26 personas posteriormente.
Mientras se emitían los votos decisivos este miércoles, Bolsonaro publicó un mensaje en X, criticando a los jueces por avanzar tan rápido con el caso.
“Todo el mundo dice que el proceso concluirá a finales de 2025, a pesar de que no hay precedentes de tal velocidad en un caso de esta magnitud. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo es, de hecho, una especie de ataque jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente completamente comprometido y sospechoso”, dijo, refiriéndose al juez Alexandre de Moraes, que fue el primero en votar a favor de aceptar los cargos en su totalidad.
Moraes presentó pruebas en video de los presuntos delitos en su discurso de apertura el miércoles, afirmando que eran materiales y graves.
El fiscal general Paulo Gonet argumentó ante el tribunal el martes que existían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Afirmó que los acusados habían formado una organización criminal para “generar reacciones que garantizaran su continuidad en el poder”, independientemente del resultado de las elecciones de 2022.
“Todos aceptaron, alentaron y ejecutaron actos tipificados en la legislación penal como un atentado contra la existencia e independencia de los poderes y el Estado democrático de derecho”, declaró ante el tribunal Gonet.
Gonet alegó que el intento de golpe de Estado comenzó en 2021, durante el mandato presidencial de Bolsonaro, y culminó con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron y vandalizaron las tres sedes del gobierno en Brasilia en rechazo de los resultados de las elecciones de 2022.
El expresidente ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. Su abogado, Celso Vilardi, argumentó que no existen pruebas de que su cliente estuviera involucrado en los disturbios de Brasilia.
Bolsonaro, quien asistió a la sesión judicial del martes, había declarado previamente a la prensa que esperaba justicia en el caso.
“Estoy bien. Siempre esperamos justicia. Nada se fundamenta en las acusaciones hechas de manera parcial por la Policía Federal”, dijo.
También comparó el caso con un partido de fútbol amañado, y publicó en X: “En mi caso, el árbitro pita en contra del partido incluso antes de que comience… y también lo hacen el VAR (árbitro asistente de video), el juez de línea, el entrenador y el máximo goleador del equipo contrario; todo en una sola persona”.
La fiscalía afirma que el presunto complot golpista comenzó en 2021 con un intento de socavar la confianza pública en las máquinas de votación electrónica.
En 2022, Bolsonaro se reunió con embajadores y representantes diplomáticos para discutir las acusaciones de fraude electoral, en lo que la Fiscalía General de la República calificó como “un intento de preparar a la comunidad internacional para avanzar contra la voluntad popular en las elecciones presidenciales”.
A pesar de no encontrar pruebas de fraude electoral, los acusados presuntamente continuaron su campaña para desacreditar el sistema electoral, según la fiscalía.
También alegan que Bolsonaro aprobó un plan para llevar a cabo el golpe de Estado y que el último intento de anular las elecciones ocurrió durante los disturbios del 8 de enero de 2023 que, según la fiscalía, fueron alentados por los acusados.
De ser declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 28 años de prisión, según CNN Brasil.
En 2023, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años después de que una investigación independiente sobre presunto abuso de poder lo declarara culpable de difundir información errónea sobre la integridad del aparato electoral brasileño a gobiernos extranjeros.
