Santo Domingo-. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana,  expresó que el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor,  el buen nombre y la propia imagen, aprobado recientemente en el Senado y que está en agenda de  la Cámara de Diputados, es un atentado a la democracia, por cuanto amenaza la libertad de  expresión e información.  

“Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en  momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y  empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones  de los gobernantes”, señaló la institución en un comunicado de prensa.  

Este proyecto, de ser convertido en ley, lesionaría la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas,  privilegiando a aquellos que tienen funciones públicas. El interés público, por el contrario, debe  predominar sobre lo privado, cuando entraña claridad en la búsqueda de la verdad, de la  información y de la noticia. De aprobarse este proyecto de ley, los medios de comunicación tendrían  que solicitar consentimiento cada vez que vayan a utilizar sus archivos de imágenes de personas  públicas. La investigación periodística, que tanto ha contribuido al descubrimiento y exposición de  actos de corrupción y actividades ilícitas, se vería seriamente amenazada por este intento de  mordaza.  

La democracia dominicana, ha sido calificada como defectuosa, según el más reciente Informe de  Riesgo Político América Latina 2022, del Centro de Estudios Internacionales. Estudios como  Latinobarómetro establecen que República Dominicana adolece de debilidad institucional, y falta  de confianza en los actores políticos, sobre todo, en los congresistas.  

El país cuenta con suficientes legislaciones para proteger el legítimo derecho a la dignidad, honra y  la intimidad. La Constitución, en su Artículo 38, reza: Dignidad humana “El Estado se fundamenta en  el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos  fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable,  su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. De igual  manera el art. 44 hace referencia al “Derecho a la intimidad y el honor personal y establece que: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida  privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor,  al buen nombre y a la propia imagen”.  

El Código Penal contempla sanciones y la Ley 61-32 tipifica la difamación y la injuria con sanciones  claramente determinadas. Adicionalmente, la Ley 192-19, establece la necesidad de protección de  la imagen, el honor y la intimidad familiar vinculados a personas fallecidas o accidentadas. 

La Constitución ampara a los ciudadanos y ciudadanas, en su Artículo 22: Derechos de Ciudadanos,  en el numeral 5, que dice “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el  desempeño de su cargo”; y, el Artículo 75, acerca de los Deberes Fundamentales, numeral 12,  convoca a “Velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público  y el ejercicio transparente de la función pública”.  

Participación Ciudadana expresó que, defiende el derecho a la dignidad y el buen nombre de todo  ciudadano o ciudadana, incluyendo a los legisladores, políticos y funcionarios. Sin embargo,  entiende que esa dignidad y buen nombre se fundamentan en sus correctas actuaciones, tanto  públicas como privadas. Tienen derecho a reclamar si se ven ofendidos o calumniados, pero no  tienen derecho a establecer condiciones previas y permisos para la publicación de sus actuaciones.  Por el contrario, sentencias del Tribunal Constitucional, favorecen el derecho de los ciudadanos a  participar en el debate público de los temas de interés social.  

La construcción de una democracia sólida, así como el fin de la impunidad y de la corrupción,  atraviesan por una constante y bien estructurada vigilancia, tanto por parte de la prensa como de  la ciudadanía, sobre todo en momentos de expansión del crimen organizado. El escrutinio público  es inherente a la democracia, favorece a las personas que actúan con ética y respeto a las leyes y  previene contra las inconductas. La credibilidad y la confianza se ganan con la exposición pública, ya  que las actuaciones éticas no requieren ser protegidas, y esto, en vez de ser visto como una amenaza  debe ser aprovechado para educar y avanzar.  

Participación Ciudadana aspira a que este proyecto de ley sea una oportunidad para que los  diputados reafirmen el compromiso que asumieron con la construcción de una sociedad  democrática y la defensa de los espacios de libertad que tantos sacrificios han costado al pueblo  dominicano.