Santo Domingo, República Dominicana. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió este lunes al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que revele los nombres de los funcionarios electos y dirigentes de su propia organización que estarían vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, como lo dio a entender recientemente su presidente y actual ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
La solicitud fue realizada por Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, quien manifestó que los señalamientos de Paliza generan una seria preocupación en la sociedad dominicana y obligan al Gobierno a asumir responsabilidades inmediatas.
“Nunca antes en la historia habíamos visto un partido de gobierno tan gravemente señalado por constantes casos de personas vinculadas al crimen organizado ocupando roles importantes dentro de su estructura”, afirmó Martínez.
El opositor criticó el hecho de que, pese a los múltiples casos de funcionarios del PRM involucrados en hechos delictivos, algunos de ellos incluso extraditados hacia los Estados Unidos, Paliza no ofreció disculpas públicas a la población durante su discurso.
“Muchos esperábamos una disculpa del presidente del PRM por esta inconducta reiterada de altos dirigentes de su partido. Sin embargo, eso no ocurrió. En lugar de asumir su responsabilidad, prefirió culpar a gestiones anteriores por situaciones que claramente compiten con los actuales incumbentes”, declaró.
Martínez indicó como alarmante la revelación de que, según Paliza, habría más funcionarios y dirigentes del PRM vinculados al narcotráfico. Ante esta afirmación, demandó que el ministro de la Presidencia entregue la información al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.
“El señor Paliza debe acercarse al Ministerio Público y revelar los nombres de esos funcionarios”, enfatizó.
El secretario jurídico de la Fuerza del Pueblo instó al partido de gobierno a emprender una profunda profilaxis institucional, señalando que la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado representa una amenaza directa a la democracia y la convivencia ciudadana.
