PARÍS (AP) — La policía francesa desmanteló este jueves campamentos improvisados de migrantes en áreas bajo autopistas suburbanas en el noreste de París, una oportunidad que el gobierno del presidente Emmanuel Macron aprovechó para demostrar que está tomando medidas severas contra la inmigración.

La policía organizó un gran operativo para desmantelar cientos de carpas cubiertas y amenazó con llevar a centros de detención a quienes regresen al lugar.

El prefecto de la policía Didier Lallement dijo a la prensa el jueves que 1.606 personas fueron desalojadas y que “el sitio ahora está libre de todos los ocupantes”.

Unos 600 policías estuvieron involucrados en el operativo y Lallement dijo que se mantendrá presencia policial en el área para evitar que regresen los migrantes.

En un comunicado, la policía advirtió que las “personas que intenten reasentarse serán inmediatamente registradas y se verificará su estatus administrativo, lo que ocasionará que sean colocados en un centro de detención administrativo si están ilegalmente en territorio nacional”.

El muy anunciado operativo, el más grande en más de un año, llega un día después de que el gobierno francés juró “recuperar el control” de la inmigración.

Las nuevas medidas para lidiar con la inmigración fueron anunciadas el miércoles, incluso una cuota para migrantes económicos, al fijar un máximo de inmigrantes según las necesidades laborales en varias profesiones.

Por otro lado, un enfrentamiento entre migrantes en un campamento de carpas en el noroeste de Bosnia dejó a cuatro personas levemente heridas, informó el jueves la policía del país.

El enfrentamiento fue entre migrantes de Pakistán y Afganistán, agregó la policía. Cuatro migrantes de Pakistán fueron detenidos, reportó la prensa local.

Cientos de migrantes se quedan en el campamento Vucjak cerca de Bihac mientras buscan formas de trasladarse hacia el occidente de Europa.

Organizaciones internacionales en Bosnia han exhortado a las autoridades a clausurar el campamento, ubicado en un antiguo vertedero y cerca de un campo de minas que quedó de la guerra de 1992-1995.

LONDRES (AP) — La policía británica identificó formalmente a las 39 personas halladas muertas en un tráiler de carga en el sureste de Inglaterra y notificó a sus familiares, informó este jueves esa agencia en lo que parece ser un caso de tráfico humano que terminó en tragedia.

Las autoridades informaron que han estado trabajando con la policía de Vietnam y forenses para identificar los cadáveres que fueron hallados el 23 de octubre en la caja de un camión en un parque industrial en Grays.

“Este es un paso importante en la investigación y nos permite trabajar con nuestros colegas de la policía vietnamita para apoyar a las familias de las víctimas”, dijo Tim Smith, el oficial de la policía local responsable del caso.

“Lo correcto es que le demos a los familiares la oportunidad de confirmar la muerte de sus seres queridos antes de dar a conocer más información”, agregó.

La semana pasada, las autoridades informaron que todas las víctimas eran vietnamitas. Detectives tomaron muestras de ADN de personas en Vietnam que sospechaban que algún familiar desaparecido iba en ese camión.

La policía británica ya acusó al conductor del tráiler, Maurice Robinson, un norirlandés de 25 años, por 39 cargos de homicidio y conspiración para traficar personas. Las autoridades dicen que Robinson llevó el camión al puerto inglés de Purfleet donde recogió el contenedor, el cual habría llegado por ferry desde el puerto de Zeebrugge, en Bélgica.

Otras tres personas quedaron en libertad bajo fianza mientras sigue la investigación del caso.

En Irlanda, fue arrestado un hombre de 22 años y la policía de Essex dijo que ya comenzó el proceso de extradición para llevarlo al Reino Unido a enfrentar cargos por homicidio. Varias personas más han sido detenidas en Vietnam.

BOLIVIA- Una turba incendió la Alcaldía de la ciudad de Vinto, cuya alcaldesa, la oficialista Patricia Arce, fue arrastrada por calle, donde la rociaron pintura y la cortaron el pelo, hasta que fue rescatada por la Policía. Durante toda la jornada se registraron graves disturbios con un número indeterminado de heridos.

Una muchedumbre asaltó el edificio municipal de Vinto, una ciudad de algo más de 60.000 habitantes, que fue incendiado antes de que sacaran a la fuerza a la alcaldesa, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce corría descalza por la calle entre empujones, hasta caer al suelo entre una multitud que gritaba “asesina”, según mostraron las imágenes de medios bolivianos como los diarios cochabambinos los Tiempos y Opinión.

Las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto registraron esta noche incidentes entre defensores y contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, en una nueva jornada de disturbios en el país en la que se registró una tercera víctima mortal tras las elecciones del 20 de octubre, en la región central de Cochabamba.

El fallecido, un joven de 20 años, murió en un hospital de la ciudad homónima tras sufrir graves heridas en los enfrentamientos, y se suma a los otros dos hombres que murieron la semana pasada en choques entre afines y contrarios a Morales en la ciudad oriental de Montero.

La Paz fue de nuevo el escenario de la confrontación en una zona cercana a la sede del Gobierno de Bolivia, donde el martes por la noche también hubo protestas con una decena de heridos. Esta vez los disturbios se produjeron entre grupos de universitarios, que acusan al presidente de fraude a su favor en las elecciones, y mineros que defienden la victoria de Morales para un cuarto mandato.

Tanto en La Paz como en El Alto los incidentes se prolongaron hasta la medianoche, con choques con la Policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los violentos, a lo que contribuyó además una fuerte lluvia.

El ministro boliviano de Defensa, Javier Zavaleta, en declaraciones a los medios, atribuyó “la escalada de violencia en el país” a una llamada del líder cívico Luis Fernando Camacho, que horas antes había llegado a La Paz con intención de entregar una carta a Evo Morales para que firmase su renuncia.

México (AP) — Bajo fuertes medidas de seguridad, la remota comunidad agrícola de La Mora se preparó para celebrar este jueves los primeros funerales por algunos de los nueve estadounidenses, tres mujeres y seis niños, asesinados por pistoleros de un cartel del narcotráfico.

Docenas de camionetas, muchas de ellas con matrícula de Estados Unidos de lugares tan lejanos como Dakota del Norte, recorrieron carreteras de tierra y piedras por el desierto, en áridas praderas y montañas cubiertas de pinos el miércoles mientras la noche caía sobre esta aldea de alrededor de 300 habitantes. Muchos de sus residentes tienen doble nacionalidad de Estados Unidos y México y se consideran mormones aunque no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Se espera que al menos 1.000 visitantes duerman en la localidad antes de los entierros del jueves, ya sea en el piso de las alrededor de 30 viviendas existentes o en las tiendas de campaña que ellos mismos traen. Al menos una vaca fue sacrificada para ayudar a alimentar a las masas, además de a las docenas de soldados mexicanos que custodian la entrada a La Mora.

Steven Langford, que fue alcalde de la aldea de 2015 a 2018, espera que los asesinatos tengan un “importante” impacto en la comunidad. En su día no pensaba en moverse por la zona en el medio de la noche, pero en los 10 o 15 últimos años la situación “empeoró y empeoró y empeoró”. Teme que alrededor de la mitad de los residentes puedan marcharse fuera.

“Esto fue una masacre, 100% una masacre”, dijo Langford, que perdió a una hermana, Christina Langford, en la emboscada. “No sé cómo entra en la conciencia de nadie hacer algo tan horrible”.

Cuando los pistoleros abrieron fuego contra el grupo el lunes, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Sonora no estaban allí para protegerlos. Tardaron alrededor de ocho horas en llegar.

Para muchos, la tragedia parece demostrar una vez más que el gobierno ha perdido el control de vastas zonas de México ante los narcotraficantes.

“El país está sufriendo mucho por la violencia”, dijo William Stubbs, un productor de nueces y alfalfa que es miembro de un comité de seguridad de la Colonia LeBarón, una localidad con una población mayoritariamente estadounidense. “La ves por todas partes. Y no está mejorando. Está empeorando”.

La ausencia de las fuerzas de seguridad en zonas rurales como los estados norteños de Chihuahua y Sonora llevó en su día a que los residentes con doble nacionalidad de sitios como la Colonia LeBarón formaran sus propios cuerpos de defensa civil.