Un nuevo y estremecedor episodio de violencia ocurrido esta semana en el sector Naco reaviva el debate sobre el manejo de personas con trastornos mentales en la sociedad dominicana. La tragedia, ocurrida el pasado miércoles, dejó una mujer muerta y cinco personas heridas tras un ataque con arma blanca perpetrado por un hombre diagnosticado con una condición psiquiátrica.

El hecho tuvo lugar en el edificio residencial Navo IV, donde Jean Andrés Pumarol Fernández, de 35 años, irrumpió en un apartamento vecino y agredió a sus ocupantes sin previo aviso. La víctima mortal fue identificada como Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, mientras que entre los heridos se encuentran Teresa Fabián Heredia, Francisco Texano, Griselda Ozuna, Victoria Heredia y el propio padre del agresor, Guillermo Pumarol.

Según familiares del atacante, Jean Andrés estaba bajo tratamiento médico desde hacía más de una década y había logrado mantener una vida funcional. Sin embargo, su repentino y violento comportamiento ha dejado al país consternado y ha encendido las alarmas sobre cómo se manejan estos casos en entornos residenciales y urbanos.

Casos recientes revelan patrón preocupante

Este caso no es aislado. En mayo pasado, Elizabeth Arias, otra persona con historial psiquiátrico, mató a puñaladas a una mujer en Santo Domingo Norte mientras esta se dirigía a su trabajo. Arias fue detenida en flagrante delito y enviada a tratamiento especializado.

Uno de los casos más impactantes del último año ocurrió en agosto de 2024, cuando la teniente médico Ana Josefa García Cuello asesinó y decapitó a su hija de seis años en Santo Domingo Este. En ese momento, la oficial alegó que “Dios” le ordenó cometer el crimen, mientras recibía tratamiento por esquizofrenia. Actualmente cumple prisión preventiva en Najayo Mujeres.

¿Qué dice la ley dominicana?

El Código Penal dominicano contempla la figura de inimputabilidad por trastornos mentales, lo que significa que si una persona es declarada clínicamente en estado de demencia al momento del hecho, no puede ser juzgada como culpable en términos penales.

Según el jurista Enmanuel Pimentel, en estos casos, si una evaluación forense demuestra que el individuo no comprendía la gravedad de sus actos, no se le impone una pena, sino una medida de seguridad, como el internamiento en un centro psiquiátrico. Dicha medida se revisa periódicamente hasta que se determine que la persona ya no representa un peligro.

Llamado urgente a políticas de prevención

La recurrencia de estos casos ha generado preocupación en la ciudadanía y ha impulsado a expertos a pedir una revisión urgente de las políticas de salud mental y protocolos de intervención temprana.

El país enfrenta un desafío complejo: garantizar los derechos de las personas con enfermedades mentales, al tiempo que se protege la seguridad de las comunidades. Mientras tanto, las víctimas y sus familias exigen justicia y medidas que eviten que tragedias como estas vuelvan a repetirse.