CARACAS (AP) — En medio de una oscura calle del este de Caracas, que se alumbraba por ratos gracias a los faros de los escasos automóviles que transitaban por el lugar, un puñado de candidatos a concejales en Venezuela intentaba sin éxito llamar a unos indiferentes conductores a participar en los comicios del domingo, que ocurrirán en un país agobiado por la crisis.
La desolación del evento muestra en toda su dimensión el desinterés que hay entre los venezolanos por los comicios en los que se elegirán 2.459 concejales. La consulta se ha visto opacada por la brutal crisis económica y social que ha desatado una migración masiva y que amenaza con agravarse ante el desenfrenado avance de la hiperinflación, que hace cada día más difícil para la población atender sus necesidades básicas.
A pesar de la crisis que ha golpeado la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que ronda 20%, el oficialismo figura como favorito para imponerse en la consulta en la que estarán ausentes los grandes partidos opositores que fueron inhabilitados de participar por el Consejo Nacional Electoral, que controla el gobierno, luego de boicotear anteriores votaciones.
Desafiando a las fuerzas opositoras, que han considerado la consulta como una “farsa”, un grupo de políticos decidió postularse en algunos municipios en un intento por preservar pequeños espacios. Los grandes partidos opositores le han prestado poca atención a la votación del domingo y tienen la mirada puesta en el próximo 10 de enero, cuando desconocerán la legitimidad de Maduro en el inicio de su segundo mandato de seis años y reactivarán las presiones internas.
Tras esquivar algunos automóviles que pasaron de largo mientras intentaba repartir volantes para llamar a votar, el concejal suplente y candidato a la reelección en el municipio capitalino de El Hatillo, Fernando Melena, admite que uno de los obstáculos a vencer es la apatía del electorado.
“Si nosotros no salimos a votar, vamos a seguir entregando espacios”, afirma Melena, de 41 años, al desestimar las críticas de algunos de sus viejos correligionarios que llaman “traidores” a los opositores que están participando en la votación.
El exmilitante de Primero Justicia, uno de los partidos que encabezó las manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron más de un centenar de muertos, asegura que la protesta callejera ya no es la opción para lograr un cambio político y defiende el voto como la ”única herramienta que tenemos”.
En un inusual acto de campaña dentro de una panadería, el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, que en 2017 se separó de Primero Justicia al desacatar la línea de su partido que llamó a no participar en la elección de alcaldes, intenta convencer a algunos clientes del local que salgan a votar por los candidatos a concejales que lo acompañan.
“Le pido que participe. Hay mucha gente que no quiere”, le dice Sayegh, de 32 años, a un anciano, cargado de panes, que sonriendo le responde “nosotros siempre votamos”.
Mientras algunos transeúntes se acercan a saludar al alcalde y los candidatos a concejales, otros como Carlos Maldonado, un corredor inmobiliario de 47 años, pasa de largo y le responde “yo no pienso votar”.
“Todos los eventos electorales son un show. Ya no hay nada que cause un cambio”, afirmó Maldonado al asegurar que los venezolanos están muy desesperanzados por la crisis, las contradicciones y divisiones de la oposición, y la desconfianza en la autoridad electoral.
Las elecciones municipales en Venezuela suelen tener poca concurrencia de electores, pero algunos analistas locales estiman que en esta oportunidad la abstención podría superar 50%. En los comicios municipales de 2013, en los que se eligieron de forma simultánea alcaldes y concejales, se reportó una abstención de 41%.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la abstención podría golpear a los dos bandos, aunque admitió que en el caso del oficialismo el impacto podría aminorarse gracias a los “mecanismos de control social” que suele activar el gobierno para lograr votos, como lo son la repartición de la bolsas de comida, la entrega de bonos y el uso del llamado “carnet de la patria” que se exige como requisito para tener acceso a programas estatales.
