La secretaria de Adultos Mayores del partido Fuerza del Pueblo (FP), Yamel García, manifestó este miércoles su profunda preocupación por la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que limita a los ciudadanos mayores de 65 años a renovar su licencia de conducir por solo dos años, en lugar de los cuatro años establecidos de manera general por la ley.
García propuso que, en lugar de limitar a los adultos mayores, se implemente un sistema de evaluación médica o antidopaje que garantice las condiciones para conducir, y afirmó que la disposición emitida por el INTRANT no solo discrimina a los ciudadanos mayores de 65 años, sino que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana, como la dignidad humana (artículo 38), el derecho a la igualdad (artículo 39) y la protección de las personas envejecientes (artículo 57).
De igual forma, expresó que la disposición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0005/20, que prohíbe expresamente establecer restricciones basadas exclusivamente en la edad.
Precisó que las personas mayores de 65 años son ciudadanos activos, responsables y comprometidos con la comunidad.
“Reducir sus derechos por un criterio arbitrario de edad los convierte, injustamente, en ciudadanos de ‘segunda categoría’. Este tipo de políticas atenta contra los valores de equidad y respeto que deben regir toda acción del Estado”, aseguró.
Recordó que el Tribunal Constitucional determinó que utilizar la edad como parámetro exclusivo resulta contrario a los principios constitucionales, ya que los registros de tránsito demuestran que la mayoría de los accidentes son protagonizados por personas jóvenes, lo que evidencia que la medida del INTRANT carece de base razonable y científica.
“Desde la Secretaría de Adultos Mayores del partido Fuerza del Pueblo reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores”, destacó.
García exhortó al INTRANT a revisar la controversial disposición y, al mismo tiempo, adoptar políticas que garanticen inclusión, respeto e igualdad para todos los dominicanos, sin discriminación por edad.
